El pasado lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ratificó el arresto domiciliario total para Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta. Aunque se redujo la firma quincenal a mensual, la fiscal Giovanna Herrera afirmó que no existían nuevos antecedentes.
Herrera sostuvo que el tribunal actuó conforme a que no habían nuevos antecedentes en el caso: “Estamos conformes, no existen nuevos antecedentes, son los mismos que hemos ido discutiendo en cada una de las audiencias”, afirmó.
Si bien en un principio la defensa de Jadue pidió cambios en la medida cautelar que incluían firma mensual, arresto domiciliario nocturno de 12 horas, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con víctimas y testigos, solo se acogió la primera de éstas.
A pesar de esta decisión, la defensa sí presentó nuevos documentos para actualizar los detalles, a los que El Ciudadano tuvo acceso.
En este documento, se incluyen antecedentes referidos a los presupuestos materiales y participación de Jadue en los delitos que se le imputan.
En primera instancia, el documento hace referencia a una supuesta reunión que tuvo lugar el 1 de julio de 2020 entre Danel Jadue y empleados de Best Quality, donde se habrían cometido delitos como estafa, cohecho y administración desleal.
De acuerdo con el Oficio 2903 omitido por el OS7 el 24 de septiembre, el cual tenía como objetivo principal determinar la veracidad de las declaraciones de los testigos César Ramírez y Oscar Doussang, se indicó que ellos no estaban en la Municipalidad de Recoleta a la hora de la reunión.
Igualmente, la defensa presentó datos sobre la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (ACHIFARP). En el documento se mencionó que las decisiones financieras y comerciales eran tomadas por otros individuos, como Matías Muñoz y Roberto Pezoa.
Esto, según el Oficio 2755, omitido el 5 de septiembre pasado por el OS7, el cual reveló que las operaciones de ACHIFARP no eran manejadas por Daniel Jadue, quien habría sido acusado de actuar como “gerente de facto”.
El informe se basó en el análisis de correos electrónicos incautados y otros documentos que buscaban evidenciar que Jadue no tenía un control directo sobre las operaciones de ACHIFARP.
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