Los escandalosos conflictos de interés en el Consejo de Defensa del Estado

El Diputado Jaime Pilowsky (DC) se reunió este martes con el Ministro de Justicia Jaime Campos, para solicitar urgencia al proyecto de ley que establece exclusividad en las funciones de los Consejeros de Defensa del Estado (CDE), presentado por el parlamentario, junto con los diputados DC Sergio Espejo y Matías Walker en el año 2015.

Actualmente de los once integrantes,  sólo al presidente del consejo se le exige exclusividad en sus funciones, pero el resto puede realizar asesorías a privados, ser parte de agencias de lobby,  tener estudio jurídico e incluso litigar contra el Estado.

Los consejeros sólo se restringen o inhabilitan voluntariamente según el Código de Ética del Colegio de Abogados que los rige, lo que es muy subjetivo, ya que sólo hay autorregulación en los casos que puedan presentar conflicto de interés, sin fiscalización o restricción por parte de la ley.

El proyecto presentado por los parlamentarios consiste en que los consejeros tendrán dedicación exclusiva y sólo se les permitirá desarrollar actividades académicas en establecimientos educacionales y universidades reconocidas por el Estado, con un tope máximo de doce horas semanales.

Esta iniciativa partió a raíz del reportaje de un medio que reveló malas prácticas por parte de algunos consejeros, como es el caso de Clara Szczaranski, quien hace unos años representó como abogada al ex oficial del Ejército, Virgilio Cartoni, proveedor de armas y suministros del Ejército, relacionado con el General  (R) Fuente-Alba, acusado de enriquecimiento ilícito a través de la institución militar. Caso que era analizado por el CDE por posible querella.

También la consejera  Paulina Veloso, quien tiene un estudio jurídico que según Mercado Público, durante los años 2012 y 2014, se adjudicó tres contratos millonarios con Corfo por prestar asesorías jurídicas.

El consejero Rodrigo Quintana ha sido cuestionado por sus vínculos con agencias de lobby, como Imaginacción, empresa de Enrique Correa, en la que es parte de la directiva. Esta agencia, por ejemplo, asesoró a Hendaya S.A, que es investigada por licitaciones millonarias con sobreprecio en más de 5 mil millones para el Programa de Alimentación de Junaeb, caso en que el CDE es querellante.

El diputado Pilowsky declaró que «Jugar con la camiseta del interés público en la mañana y con la camiseta del interés privado en la tarde es, a mi juicio, una situación incompatible. Es como jugar con la camiseta de Colo Colo en la mañana y en la tarde jugar por la U”.

Los casos suman y siguen, por lo que una ley que restrinja su participación en el área privada se hace urgente para terminar la puerta giratoria de aquellos que van y vienen entre lo público y privado, mezclando intereses y poniendo en riesgo al fisco. Además, porque el cargo de consejero es inamovible y dura hasta los 75 años de edad, a excepción que la Presidencia en acuerdo con el Senado decidan destituir a uno de sus miembros.