Nombres como Ricardo Hausmann, Francisco Rodríguez, Víctor Álvarez, Felipe Pérez, José Ignacio Hernández González, entre otros que forman parte de este grupo selecto
Esta primera de dos entregas abordará los nexos que guardan los “asesores” económicos del pseudo Estado paralelo que encabeza Juan Guaidó como la extinta “meritocracia” de Petróleos de Venezuela, aquellos que en 2002 paralizaron la industria con el objetivo de derrocar al presidente Hugo Chávez, y el surgimiento de un lobby privilegiado de economistas conocidos como los “Harvard Boys” que ejecuta la secuela del sabotaje petrolero y la asfixia de la economía venezolana para derrocar a Nicolás Maduro y tomar el Poder Político en defensa de los intereses de Estados Unidos.
Lo primero que se destaca en medios de comunicación y voceros cercanos a la extrema derecha son sus “amplias capacidades” dentro del mundo de la economía y sobre todo la “calificada experiencia” en el sector petrolero.
Sus méritos académicos no pueden olvidarse, sobre todo si son egresados de Harvard o guardan alguna relación con la afamada universidad estadounidense, y más aún cuando vienen o tienen vínculos con la extinta “meritocracia” que imperó en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) durante la llamada cuarta república (1958-1998) y que vio fenecer su dominio cuando decidió paralizar la industria más importante del país – desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003- como parte de un nuevo plan golpista contra el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez.
La apuesta de la alta directiva y trabajadores de la nómina mayor de PDVSA era presionar -al máximo- al gobierno de Chávez para que cambiara su política económica, marcada por un profundo interés social, por otra más liberal y conservadora, es decir más adecuada a los intereses del empresariado privado. La otra “solución” era que Chávez renunciara a la Presidencia de la República.
En aquel momento la “meritocracia de PDVSA” se sumó al llamado de “Paro Nacional o Huelga General” que encabezaron sectores de la extrema derecha, que ya habían participado en el golpe de Estado de abril de 2002 y que en la actualidad -17 años después- ejecutan el golpe continuado contra el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez.
A vox populi, la directiva de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela), partidos de oposición aglutinados en la diluida coalición autodenominada “Coordinadora Democrática”, la cúpula sindical de la Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), organizaciones no gubernamentales como Súmate (de María Corina Machado) e incluso medios de comunicación privados en prensa, radio y televisión, participaron activamente en la paralización de actividades laborales y económicas que progresivamente tuvieron “carácter indefinido” contra el Gobierno de Venezuela.
El paro resultó infructuoso en sus propósitos de sacar a Chávez para que la oposición se quedara con el Poder Político. Era la segunda derrota en menos de un año para la extrema derecha. El 11 de abril de 2002 habían concretado un golpe de Estado con apoyo de los medios privados que por poco menos de dos días tuvo como dictador a Pedro Carmona Estanga, entonces titular de Fedecámaras. El orden constitucional volvió el 13 de abril con el regreso de Chávez al Palacio de Miraflores.
Pero los daños a la economía venezolana -producto del paro empresarial y sabotaje petrolero- fueron catastróficos. Hubo escases de alimentos, medicinas, gasolina, gas; muchas empresas medianas y pequeñas quebraron debido a la imposición del cierre de sus comercios y las amenazas que recibían por parte de Fedecámaras si llegaban a abrir sus negocios.
Dueños de cadenas de centros comerciales, como la marca “Sambil”, impidieron que comerciantes que arrendan sus locales abrieran sus negocios y tiendas. De igual forma, distribuidores de mercancía se negaron a distribuirla y se inició una dependencia de Colombia en la importación de productos de forma irregular, no sólo en productos básicos sino en todas las áreas.
La macroeconomía sufrió enormemente. Se disparó la inflación, aumentó el desempleo, el Producto Interno Bruto cayó y el Bolívar -moneda venezolana- se devaluó fuertemente debido a la gran cantidad de divisas que fueron extraídas hacia el extranjero, hecho que motivó a que el Gobierno decidiera iniciar el control cambiario y evitar que el país se quedara sin reservas.
El paro petrolero le costó al país -según cifras calculadas por analistas- pérdidas multimillonarias estimadas entre 30.000 y 50.000 millones de dólares.
Venezuela vive un déjà vu
La Venezuela de 2002 y 2003 no guarda mucha diferencia con la actual: 2019. De hecho, los protagonistas de aquel sabotaje a la economía venezolana son -salvo algunos nuevos nombres- los mismos actores que buscan llegar al Poder Político por vías antidemocráticas, violentas e inconstitucionales, aunque poco se habla de la opción más perversa y silenciosa: la paralización sistemática de la economía.
Es en ese ámbito en el que aparecen los nombres de “letrados intelectuales” que pocos se atreverían en poner en duda sus “amplios” méritos para administrar el país “como debe ser”.
Así salen a relucir las “grandes cualidades” de los considerados ideólogos de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino” que busca -con el apoyo de Washington- crear un Estado paralelo en Venezuela que progresivamente les permita hacerse del control del país.
Nombres como Ricardo Hausmann, Francisco Rodríguez, Víctor Álvarez, Felipe Pérez, José Ignacio Hernández González, entre otros que forman parte del grupo selecto de los “Harvard Boys”, integran el círculo «cercano» de Guaidó y han estado detrás de las recientes decisiones que llevaron a secuestrar los recursos de Venezuela en Estados Unidos para que sean controlados por el grupo sedicioso de extrema derecha, lo que les permite tener un piso aparente de legalidad pues asumen “en cierto modo” el control de activos y bienes del Estado.
Todo esto se gesta con base en la teoría de que el presidente Nicolás Maduro no es jefe de Estado, porque según ellos las elecciones del 20 de mayo de 2018 no fueron legales y, por ende, la presidencia la debe asumir el titular del Poder Legislativo, que sería en este caso Guaidó. Pero Guaidó está inhabilitado para ejercer ese cargo debido a que la Asamblea Nacional -que supuestamente dirige- se encuentra en desacato al orden constitucional desde enero de 2016, lo que implica que toda acción y decisión que tome es completamente nula y fuera de ley.
El objetivo del “gurú económico” de Guaidó: Una implosión social
Su nombre es Ricardo Hausmann, está residenciado en Estados Unidos y es el actual director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde también tiene labores como profesor de Economía del desarrollo.
Desde 2008 -por voluntad propia- Hausmann es ciudadano colombiano juramentado por el entonces presidente Alvaro Uribe Vélez -vinculado a cruentos delitos como falsos positivos, paramilitarismo, narcotráfico y crímines de lesa humanidad- en un acto realizado el 15 de diciembre de ese año en la presidencial Casa de Nariño, reseña un despacho publicado en el portal web de la Presidencia de Colombia.
El pasado 28 de febrero, una semana antes del primer golpe y sabotaje (en total tres con daños que dejaron pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, según Torino Capital que maneja Francisco Rodríguez) contra el sistema eléctrico venezolano perpetrado el 7 de marzo de 2019, el pseudo Estado paralelo que “gobierna” Guaidó, nombró a Hausmann como “gobernador principal de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, hecho que lo oficializaba como una pieza clave en el bloqueo económico y financiero que pretende arrebatarle el poder al Estado Nación.
Este letrado “Harvard Boy” fue ministro de Planificación de Venezuela y jefe de la Oficina Presidencial de Coordinación y Planificación (Cordiplan) entre 1992 y 1993, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien llevó al país a una de sus peores crisis económicas, donde la corrupción, el narcotráfico, la miseria, la desigualdad, la exclusión, el clasismo, la criminalidad y la violencia desatada condujo a una implosión social generalizada y sin precedentes.
Esa implosión social fue la que posteriormente sacó a Pérez del gobierno, enjuiciado por delitos de corrupción, y dio paso al surgimiento de la quinta República y la Revolución Bolivariana que lideró Hugo Chávez.
Haussman en medio de esa deplorable situación que vivió Venezuela, que produjo también la crisis bancaria de 1994, donde muchos bancos se declararon en quiebra y le arrebataron todos los recursos a sus ahorristas, algunos de toda una vida, se desempeñó precisamente entre 1994 y el 2000 como economista jefe del BID y fundador de su departamento de investigación.
Su pasado está tristemente vinculado a las administraciones de los gobiernos de Luis Herrera Campins (1979-1984), Jaime Lusinchi (1984-1989) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993), época en la que país sufrió los más duros ajustes neoliberales dictados por el Fondo Monetario Internacional y que posteriormente desde el BID llevaron a la profunda desigualdad que sufrió Venezuela antes de que llegara Hugo Chávez a la Presidencia.
No por casualidad, es el BID la única instancia multilateral que hasta la fecha ha decidido plegarse al plan de Washington y reconocer el falso interinato de Guaidó, quien a pesar de no tener ningún control administrativo, legal, ni jurídico dentro de Venezuela, gracias a la complicidad de este tipo de instituciones y de la Casa Blanca -que cada vez más recrudece el bloqueo económico y financiero contra el país- podría controlar como hackers criminales y desde el extranjero los recursos de los venezolanos para asfixiar cada vez más a la población e inducir una implosión social, que hasta la fecha no ha cuajado como lo tenían previsto.
Gabinete criminal que favorece los fines hegemónicos de Washington
El presidente Maduro ha descrito a Hausmann como «el principal operador financiero del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela». De hecho, en 2016 dijo que estudiarían pensar en su solicitud con código rojo ante la Policia Internacional (Interpol), por ser uno de los responsables de la profunda crisis venezolana actual, en gran parte inducida por factores foráneos.
Un artículo publicado en febrero de 2019 por el economista venezolano Simón Andrés Zúñiga, integrante de la Sociedad de Economía Política Crítica (SER), que fue difundido por el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) y titulado: “Golpe de Estado en Venezuela y capital financiero / Los buitres y el reparto del botín”, explica que “la batalla que se libra actualmente en Venezuela es también una confrontación geopolítica de carácter mundial”.
“No se debe reducir el análisis del caso venezolano y el actual encono intervencionista del imperialismo estadounidense y europeo a la necesidad geoestratégica de controlar los yacimientos petrolíferos (…) Apenas dos días después del golpe del 23 de enero, una de las más conocidas agencias calificadoras de riesgo país, Standard & Poor, ha publicado en un informe las posibles medidas económicas que tomará el autoproclamado ‘presidente interino’ Juan Guaidó. Como se esperaba, después de este golpe de Estado (en proceso), una de las primeras medidas es la modificación de la Ley de Hidrocarburos, para que permita un mayor control extranjero del sector petrolero”.
En ese momento el también economista venezolano Francisco Rodríguez –integrante de los “Harvard Boys”, dictaba -desde el lobby digital Twitter- lo que debía hacer Guaidó para controlar a CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos y propiedad del Estado venezolano.
“El nuevo gobierno (Guaidó) debe proceder a comunicarle a los tribunales norteamericanos el nombramiento de nuevos representantes legales para defender los intereses de la nación y proteger los activos del saqueo que con seguridad intentaran hacer los representantes de Nicolás Maduro”, escribió Rodríguez, uno de los pupilos de Hausmann.
Esa misma semana el propio Hausmann -también desde Twitter- informó que ya “el presidente” Guaidó contaba con “un plan económico para comenzar la recuperación de Venezuela”, es decir, ya estaba en ejecución el robo a Venezuela, confirmado por la Casa Blanca al confiscar ilegalmente más de 7.000 millones de dólares en activos de PDVSA en Estados Unidos, otros 12.000 millones de dólares en exportación de crudo, entre otros bienes que alcanzan unos 30.000 millones de dólares que sólo puede controlar Guaidó, según declaraciones de voceros del gobierno de Donald Trump.
En agosto de 2018, Hausmann escribió un artículo en el que justifica una intervención militar contra Venezuela para sacar a Maduro, que posteriormente sería acompañada por “una operación de rescate” (económico) por parte de Estados Unidos y algunos los países latinoamericanos, llamado «Plan para la mañana siguiente». Este consiste en una “apertura del sector petrolero venezolano a operadores privados” y el endeudamiento de Venezuela con organismos financieros neoliberales como el FMI, el Banco Mundial y el mismo BID, que podría alcanzar los 160.000 millones de dólares.
“No es muy difícil imaginar quiénes participaron en la elaboración de este paquete económico, y probablemente la respuesta llevará a algunos personajes que también participaron entusiasmadamente en la elaboración del plan económico que el golpista Pedro Carmona Estanga tenía a su disposición en abril de 2002. Los golpes de Estado de derecha, como se demostró en Chile en 1973, necesitan de un ‘ladrillo’ (así se le llamó en ese momento al programa económico de Pinochet) elaborado por equipos de economistas, en el que destaquen los nacidos en el país donde Estados Unidos planifica el golpe. En este caso, es altamente probable que entre estos autores del Plan Económico del golpista Carmona (11 de abril de 2002), estuvo uno de los amigos y pupilo de Ricardo Hausmann, el economista Francisco Rodríguez”, explica Zúñiga.
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