El texto está firmado por las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira.
Dentro de los argumentos presentados, se da cuenta que la publicación y, en particular su titular, implica por una parte “una abierta reivindicación del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, calificándolo como una “gesta libertadora” y, por otra, una implícita defensa de la política de exterminio y represión desplegada por la Dictadura cívico-militar en contra de la oposición. No está demás recordar que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre otras la desaparición y ejecución de cientos de chilenos, están ampliamente documentadas y hasta ahora son objeto de procesos judiciales impulsados por los familiares de las víctimas”.
En efecto, el documento sostiene que “es precisamente el contenido propagandístico de la inserción la que ofende, no sólo a la memoria de las víctimas del régimen, sino que a una sociedad que por largo tiempo viene desplegando una lucha por alcanzar la verdad y la justicia. Un componente de ella es la recuperación de la memoria histórica y la construcción de una cultura democrática respetuosa de los derechos humanos que resulta, a todas luces, incompatible con la apología al Golpe de Estado y al doloroso período que se abrió para Chile a partir de éste”.
Finalmente, el texto detalla que “los medios de comunicación y los periodistas deben observar en su práctica un compromiso con la democracia y los derechos humanos como un imperativo ético fundamental. Dicho principio está recogido en los diferentes Códigos y Cartas que vuestro Colegio ha construido a lo largo de su historia”.