El Brexit aún no se ha materializado, pues queda una semana para el que Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea (UE). Sin embargo, existe una grave preocupación por las acciones que pueda tomar el Gobierno de Boris Johnson contra los 3,3 millones de comunitarios residentes en suelo británico.
Las interrogantes que tienen los europeos sobre su estatus se acentuarán cuando el próximo 31 de enero Gran Bretaña deje el bloque comunitario y comience la negociación durante el período de transición.
El libre tránsito de europeos concluye en Reino Unido a final de mes y el plazo de solicitud del nuevo permiso de residencia, “settled status”, que comenzó en marzo del 2019, finalizará el 30 junio de 2021.
La situación llegó al punto de que el vocero europeo del Brexit, Guy Verhofstad, expuso al secretario del Brexit, Steve Barclay, “la preocupación que tienen los ciudadanos europeos de que se produzcan deportaciones automáticas si no obtienen su “settled status”.
Según Barclays, hay 2.500.000 ciudadanos europeos que ya poseen el permiso que les garantiza vivir, trabajar, estudiar y acceder a los beneficios sociales, incluidos la salud, en Reino Unido; pero hay más de 800.000 que no han accedido a ese documento aún.
Según el Gobierno, «aquellos que aún no han vivido en Reino Unido durante un mínimo de cinco años recibirán un estatus de pre-asentados y podrán solicitar el estatus de residentes una vez que cumplan los cinco años».
La solicitud debe hacerse por Internet o a través de una aplicación disponible para dispositivos Android y Apple, lo que supone un problema para muchas personas, por ejemplo los ancianos o enfermos.
Sin pruebas de residencia
La ausencia de documentos que certifiquen este permiso le impide a los europeos en territorio británico alquilar casas, conseguir empleos o colegios para sus hijos, cobrar subsidios o pensiones y hasta abrir una cuenta bancaria, debido a las ambigüedades del sistema y la precariedad del estatus.
En una entrevista con El Confidencial, Monique Hawkins, una de las portavoces del grupo 3 Million (3 millones) —que vela por que los comunitarios residentes mantengan sus derechos— advirtió que “muchos serán inmigrantes ilegales tras el Brexit y aún no lo saben”.
«¿Qué va a pasar con aquellos que, por diferentes motivos, no soliciten el settled status a tiempo? Pues, quedarán como inmigrantes ilegales, sin derecho a poder trabajar, recibir atención sanitaria, sin derecho a poder alquilar una vivienda. Es muy grave», subrayó.
A su vez, Tanya Bueltmann, profesora en Historia de la Inmigración en la Universidad de Northumbria, al norte de Inglaterra, advirtió que probablemente nunca se podrá saber cuántos de los 3,3 millones de residentes de la UE caerán en un limbo legal a partir de junio de 2021.
Asimismo, tildó como algo «sin precedentes» la situación de los comunitarios, quienes tendrán que «solicitar retroactivamente» el derecho a continuar residiendo en el país.
«No hay confianza en el estatus de asentamiento y esto ha provocado erosión en la seguridad y el bienestar de la gente», señaló Bueltmann en la presentación del informe «Experiencias e impacto del mecanismo de asentamiento».
El estudio cuenta con el testimonio de 3.000 ciudadanos y explica que el 89 % de los encuestados planteó su descontento con que el permiso sea solo en formato digital, ya que temen ser discriminados en el trabajo, al cruzar las fronteras o realizar trámites, por ejemplo.
Además, el 10,9 % manifestó que los propietarios de las viviendas y los bancos, entre otros, ya leshan preguntado sobre su proceso de residencia, aunque esto no sea legalmente necesario hasta el 2021.
«Estoy trabajando en el sector público y alguien de recursos humanos me dijo que no pueden formalizar mi contrato permanente ya que mi futuro es incierto en Reino Unido. Me pidieron que probara que he solicitado el estatus de asentamiento», expuso uno de los ciudadanos europeos que ofreció su testimonio para el informe.
Según explicó el experto legal Luke Piper, «un empleador puede ahora mismo denegar un empleo debido a la incertidumbre del estatus y ya hemos visto casos de gente que ha sido despedida por no tenerlo».
Por tal motivo, el vocero europeo del Brexit, Guy Verhofstad exigió que, además de la aplicación digital,, exista «un documento en papel que les sirva a los europeos como prueba de su estatus”.
A esta petición, el Ministerio del Interior argumentó que el estatus digital es mejor que un documento físico, ya que «está vinculado a su pasaporte y así no se corre el riesgo de tener un documento físico que puede perderse, ser robado, dañado o manipulado».
Desconfianza de ambos lados
El Parlamento Eropeo criticó el modelo británico de residencia y le exigió aclarar el tema, mientras que Londrés respondió que es “ injustificado» porque «las mismas incertidumbres sobre su futuro sufren los 1,5 millones británicos que viven en la Unión Europea”.
Los británicos deben pedir residencia en cada país que viven y los trámites son eternos y diferentes en los 27 países de la UE.
En algunos no pueden salir de los países ni viajar por su trabajo porque desde el 31 de enero próximo pasan a ser ciudadanos de un tercer país, con los mismos derechos que un turista. Si se van, pierden su derecho y años de residencia. Solo los dejan regresar como turistas, con una visa de 90 días.
En declaraciones a la BBC, Guy Verhofstad dijo que “hay un problema de ansiedad en los ciudadanos británicos viviendo en el continente”.
Explicó que 12 países europeos tienen un sistema declaratorio y los británicos no necesitan abogar por la ciudadanía, pero en otros 15 la situación es más difícil. “Queremos estar seguros de que en 2020, en esos 15 países europeos, las cosas sean fáciles para los británicos”, dijo.
A tal punto llegó el clima de alarma y desconfianza entre británicos y europeos que el secretario del Brexit , Stephen Barclay, tuvo que garantizar que los ciudadanos de la UE «no serán deportados automáticamente» de Reino Unido si no solicitan el permiso de residencia hasta junio de 2021.
Veto a los migrantes “no cualificados”
Otra de las más grandes preocupaciones sobre el Brexit no se basa en los derechos de los europeos residentes en Reino Unido, sino en los de aquellos que quieran emigrar al país después del fin del periodo de transición, en diciembre de 2020.
Según el diario The Sunday Telegraph, entre los planes que estudia el Gobierno de Boris Johnson se encuentra adelantar dos años, a 2021, la imposición un nuevo sistema migratorio que restringirá desde el primer día que acabe el periodo transición la entrada a Reino Unido de los extranjeros pocos cualificados.
De este modo, el Primer Ministro incumpliría la promesa que hizo su predecesora, Theresa May, (quien intentó sin éxito en tres ocasiones que los Comunes aprobaran el pacto que había negociado) a las autoridades europeas y a grupos empresariales de prorrogar hasta 2023 la aplicación de nuevas normas migratorias, para otorgar un mayor margen de adaptación.
Johnson no piensa igual que May, y se espera que su ministra de Interior, la euroescéptica Pitri Patel, presente en los próximos días al Gabinete un nuevo sistema basado en puntos al estilo de Australia, para abrir las puertas sólo a aquellos extranjeros que las autoridades consideren pueden aportar su experiencia para mejorar la sociedad.
De este modo, se segregaría a los inmigrantes comunitarios en tres categorías: altamente cualificados (disfrutarán de acceso preferente), cualificados (se les permitirá entrar si tienen una oferta de trabajo) y poco cualificados (solo podrán permanecer si hay escasez de mano de obra).
Las empresas británicas tendrían que prepararse para un cambio drástico en las políticas de inmigración que podría provocar un incremento de las vacantes en el segundo país de Europa con más puestos de empleo sin ocupar.
La filtración de estos planes del Gobierno británico no tardó en generar respuestas, tanto entre la oposición como en las empresas. El Partido Laborista y representantes de la patronal han criticado que restringir la llegada de inmigrantes comunitarios generaría «caos» en la Sanidad británica, los servicios sociales, la hostelería y el sector agrícola, entre otros, tal como reseña The Independent.
Reino Unido tiene nada menos que 850.000 puestos de trabajo vacantes pendientes de cubrir, la cifra más alta de la historia, según los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. El dato es preocupante, ya que por cada 100 puestos de trabajo hay tres que se quedan desiertos debido a la escasez de trabajadores, situación que ahoga a muchas empresas y que supone un freno al crecimiento del país.
La realidad es que, a pesar de que el Brexit todavía no se ha consumado, la incertidumbre ha provocado que muchos extranjeros, y en especial europeos, busquen un destino alternativo que garantice mayor estabilidad y seguridad.
Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en el segundo trimestre de 2019 Reino Unido recibió 206.000 inmigrantes procedentes de distintos países, cifra hasta 22% menor que la registrada dos años antes.
Por tal motivo, el sector privado británico advierte que la ausencia de trabajadores europeos puede provocar que muchas compañías “crezcan más despacio, se contraigan o incluso desaparezcan”, ya que no hay medidas alternativas en el corto plazo para la inmigración.
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