Para el presidente de Acciongay, Marco Becerra, el interés del gobierno chileno en las uniones civiles, es más bien de carácter publicitario: «se nota el descompromiso por terminar con la situación indigna que viven cientos de chilenos y chilenas diariamente que están prácticamente al margen de la ley y la protección del Estado». Según el dirigente, es sabido que la mayoría de los parlamentarios de gobierno están en contra de la igualdad jurídica de gays, lesbianas y transexuales.
A continuación se exponen en extenso la entrevista al presidente de Acciongay con relación a la postura que tiene la organización frente a la lluvia de declaraciones de parlamentarios, autoridades y algunos activistas homosexuales.
¿Qué opinión te merece la propuesta del gobierno de regulación de uniones de hecho entre convivientes?
Habría que decir que el problema principal para las personas gays, lesbianas y transexuales en nuestra sociedad, lo constituye la existencia de un contexto social donde existen diferencias en el tratamiento legal que se les da a los individuos con base a sus orientaciones e identidades sexuales. Esta desprotección se ha visto fomentada por la absoluta inexistencia de políticas gubernamentales eficaces que tengan como objetivo único remediar esta situación. Es así como el trato desfavorable que sufrimos en un conjunto de ámbitos de realización y legitimización social, afectan el campo educacional, laboral, social, físico y jurídico y el reconocimiento de nuestras uniones y nuestras familias.
La existencia de familias conformadas por personas del mismo sexo daría cuenta de un cuestionamiento a la idea masivamente difundida de que las familias son sólo heterosexuales. La conformación de uniones de hecho por parte de personas homosexuales, en contextos de marcos legales tradicionales del matrimonio, ha dado pie para que las parejas heterosexuales sigan su ejemplo en muchas partes del mundo. La existencia de nuevos modelos familiares ha ido lentamente apareciendo en la agenda pública nacional. Se puede constatar el interés, tanto del gobierno, como por parte de los sectores políticos de abrirse a un debate sobre los cambios en la familia, su resignificación y la emergencia de nuevas concepciones de familia en el país.
No obstante esta aparente apertura de las actuales autoridades, este debate no ha estado ajeno al enfrentamiento de posiciones, a veces irreconciliables entre algunos sectores, incluido en la propia alianza gobernante. Sin duda, sobre la base de estas diferencias está el interés de las elites culturales que presionan para no perder el bastión, de la llamada madre de todas las luchas culturales, nos referimos al debate sobre la familia y la ampliación de su concepción tradicional a otras concepciones, con las consabidas consecuencias jurídicas, económicas y culturales que esta ampliación conlleva.
En este sentido, nos parece que el planteamiento del gobierno cierra esta discusión y por lo tanto, leyes de unión civil más o menos no cambian sustancialmente la base de la exclusión que vivimos como gays y lesbianas, que es el no reconocimiento de nuestras uniones como familias.
¿Crees que este tipo de iniciativas vienen a reparar un tema postergado en nuestra legislación? ¿Es suficiente o se requieren otro tipo de medidas?
Es evidente que la discusión en torno a las uniones afectivo-sexuales y matrimonio entre personas del mismo sexo se ha transformado en un indicador clave que definen hacia dónde va una sociedad y dónde están sus líneas de fractura. En Chile este debate ocupa un lugar similar en lo que los norteamericanos han llamado “the culture wards” (la guerras culturales). Estas han enfrentado dos visiones de la vida: una progresista y respetuosa de las libertades individuales, y otra conservadora y religiosa, que milita activamente contra todo lo que pudiera contravenir las creencias bíblicas, como el sexo fuera del matrimonio, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual.
Es importante mencionar que en la mayoría de los países que han legislado sobre el matrimonio gay, primero han pasado por alguna forma de unión civil. Esto es visto por algunas organizaciones homosexuales como un paso o una transición para lograr el matrimonio. Un ejemplo de América Latina lo representan la ley de unión civil aprobadas por la Provincia de Buenos Aires en el año 2002 y que en la actualidad está en proceso de convertirse en una ley de matrimonio civil a nivel nacional como resultado del trabajo desarrollado estos años por las organizaciones homosexuales argentinas.
En el caso de Chile, recién se ha comenzado a discutir en serio la posibilidad de una ley de unión civil para toda la población que incorpore a las personas homosexuales. Sin embargo Acciongay se niega a este tipo de soluciones sólo de carácter patrimonial, dado que lo que estamos planteando de fondo es la equiparación de derechos de la población y la igualdad ante la ley, tanto para heterosexuales como gays y lesbianas.
¿Crees que en definitiva este tipo de propuesta sea aprobada por el parlamento o que se impondrá una política más conservadora?
Todo indica que la discusión está entrampada en las posiciones más recalcitrantes de amplios sectores de la UDI y una parte importante de RN. Lo más probable es que este debate continúe por mucho tiempo más, sobre todo cuando nos hemos enterado esta mañana, que esta nueva administración enviará a fines de año otro proyecto de ley, sin considerar que ya existen tres anteproyectos que han sido ampliamente discutidos por el parlamento. Aparentemente, lo que se puede deducir es que existe un interés más bien de carácter publicitario que de verdad un compromiso de la actual gobierno por terminar con la situación indigna que viven cientos de chilenos y chilenas diariamente que en muchos caso estamos prácticamente al margen de la ley y protección del Estado.
Como Acciongay, ¿Cuál debiera ser la regulación ideal para parejas del mismo sexo?
La regulación que planteamos, en el caso chileno debiera incluir todos los beneficios a los cuales tienen derecho las parejas heterosexuales y que las parejas de personas del mismo sexo no pueden acceder por ley, por nombrar algunas:
1. El derecho de heredar de un cónyuge que muere sin testar.
2. El derecho de inmigración para el cónyuge de otra nacionalidad.
3. Los derechos y deberes asociados con la patria potestad cuando uno de los cónyuges tiene hijos.
4. Derechos de tutela y visita en caso de separación.
5. La distribución equitativa de propiedades y deudas en caso de separación de la pareja.
6. Exenciones y deducciones fiscales.
7. La posibilidad de solicitar créditos en conjunto.
8. Las bonificaciones que hace el estado para el ahorro para la vivienda.
9. Pensiones militares.
10. Membrecías y descuentos familiares.
11. La posibilidad de adoptar niños.
Y finalmente toda clase de bienes y servicios que el estado pone a disposición de los matrimonios y familias heterosexuales. Esto en cuanto al contenido de la exclusión. Sin embargo, aunque el matrimonio sólo consistiera en un papel simbólico, sin más significado que el de declarase casados, los homosexuales y las lesbianas deberíamos tener acceso a él, únicamente porque debemos tener exactamente los mismos derechos que cualquier persona.
En síntesis, el mecanismo que proponemos es la realización de una enmienda al Código Civil que implique, algo muy sencillo, que es cambiar la frase: “El matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer” por la frase «El matrimonio es un contrato solemne entre personas” o “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo”. Esta última expresión corresponde a la modificación del Código Civil español.
¿Qué te parece la postura de Sebastián Piñera sobre “legislar sin desnaturalizar lo que es la esencia del matrimonio que es la unión entre un hombre y una mujer»?
No se entiende esta persistencia en plantear que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La verdad, es que ese comentario esconde un profundo conservadurismo valórico de las actuales autoridades. Sin duda que esta negativa, desde un punto de vista ético y jurídico, no se justifica en la actualidad bajo ninguna consideración legítima, si miramos el debate mundial que se está dando en la actualidad en todos los continentes y hacemos un análisis serio de derecho comparado, lo que plantea el Ejecutivo es un tipo de matrimonio religioso, que no es en donde se está planteando abrir el debate sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. El matrimonio es un contrato entre personas adultas que por medio de él asumen una serie de responsabilidades que hacen a la vida en pareja y posteriormente a las consecuencias derivadas del mismo, como por ejemplo las responsabilidades y obligaciones con la crianza de los hijos.
No se entiende qué diferencia tienen los españoles, los holandeses, los islandeses, los portugueses o los canadienses y más cerca los mejicanos y argentinos que sí consideran el matrimonio para todas las personas. Por lo tanto, seguir afirmando la diferenciación de género para una institución como el matrimonio, institución que es civil y que por lo tanto le pertenece a todos los ciudadanos y por lo mismo debiera estar disponible para quien lo desee, es abiertamente una discriminación arbitraria, que no es más que tratar a personas iguales de distinta forma.
Fuente: www.acciongay.cl
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
