Marco regulatorio para lo público y lo privado, ¿Un lavado de imagen para el gobierno?

El impacto del caso Caval no sólo se ha traducido en cifras rojas para el Gobierno, en el descrédito a la declaración de la Presidenta Michelle Bachelet y en la baja en las encuestas, sino que también en la determinación concreta de la Mandataria de pedirle a sus ministros la creación de un comité asesor que cree un marco institucional para la regulación de lo público y lo privado, de la política y los negocios.

A partir de esta iniciativa, la Presidenta citó para mañana un consejo de gabinete a las 7:30 de la mañana, además de una reunión en Cerro Castillo agendada para el sábado. El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde señaló que «la Presidenta Michelle Bachelet ha resuelto constituir un consejo asesor presidencial conformado por personalidades y expertos para elaborar una propuesta legislativa y de políticas públicas más estricta y eficaz, que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y lo privado». Además indicó que la Presidenta será la encargada de informar las fechas y los nombres que conformarán el consejo asesor, aunque Elizalde adelantó que se trata de  «personalidades y expertos del más alto nivel y representativos de todos los sectores de la sociedad chilena».

Elizalde dijo que «como gobierno creemos que esta es una oportunidad para dar un salto cualitativo en la institucionalidad vigente y en el marco regulatorio respecto de la relación entre lo público y lo privado. Y por eso el gobierno va a promover modificaciones legales, reglamentarias y políticas públicas que nos permitan elevar los estándares regulatorios que existen en esta materia». Además, agregó que «tendrá plazos acotados y el sentido básico es llevar adelante no sólo cambios legales y reglamentarios, sino que una serie de otras políticas públicas».

A partir de esta iniciativa que pretende regular la relación de la política y los negocios, se han generado diversas reacciones. Es el caso del senador Alejandro Navarro quien  rechazó el eventual “acuerdo UDI-Nueva Mayoría que busca un nuevo marco regulatorio de la relación entre política y dinero”, mientras que el timonel del PPD, el senador Jaime Quintana reforzó que es una materia consensuada y “busca complementar el proyecto ya enviado, con la idea de dar más transparencia, ya que se debe entender a la política como un bien público”. Navarro sostuvo que “una mera ley no resuelve la mayor crisis de la institucionalidad que ha vivido nuestro país desde el regreso a la democracia, por más que se quiera buscar el empate político para la dilusión o el maximalismo de la crisis cómo presión para reeditar la política de los acuerdos”. Además, agregó que “la crisis no es entre dinero y política, no es gobierno-oposición, no es derecha e izquierda, no es entre  lo público y lo privado, sino es una ruptura entre la sociedad civil y la institucionalidad, de la cual ya hemos sido testigos en otros estados de América Latina que debilitaron esta relación al extremo por diversas causas y a través de variados procesos, unos pacíficos y otros violentos”. Por ello, Navarro subrayó la necesidad de solucionar este problema con una iniciativa que considere la participación de la ciudadanía “sólo una nueva Constitución, que establezca los consensos ciudadanos del presente y del futuro, a través de una Asamblea Constituyente, garantiza la resolución de esta crisis”.

Jaime Quintana señaló que esta iniciativa estaba considerada en el programa de gobierno, de manera que el senador afirma que no es una improvisación y que la ciudadanía necesita una respuesta de la clase política. Quintana aseguró que «El mundo político tiene que hacerse cargo de hacer frente a esta situación, que podrá ser una crisis en algunas materias, pero también esto tiene arreglo» y afirmó que en el PPD no están dispuestos «para una foto» o «un arreglín».

Desde Amplitud, se refirieron a que este caso no debe implicar «un acuerdo transversal que se subentienda como una especie de blanqueo de la política en general”, dijo el diputado de Amplitud Joaquin Godoy. “La única manera de solucionar y atacar este problema de fondo es generando una legislación suficientemente dura para que quienes utilizan tráfico de influencias, utilizan el poder para su beneficio personal o quienes financian de mala manera  sus campañas políticas tengan una sanción real”. Godoy sostuvo que  “nos parece bien que el Gobierno convoque una comisión asesora presidencial y posteriormente envíe un proyecto de ley al Congreso y que discutamos este tema de cara a la ciudadanía, no entre cuatro paredes, como se  pretendía hacer en un comienzo, buscando juntar a todos los partidos políticos, sino que de cara a la ciudadanía”.