Mayor participación pide la Cumbre de la Ciudadanía

La experiencia de la ciudad de Mendoza, donde una ordenanza obliga a las autoridades electas a convertir su programa electoral en un plan de gobierno fue la guinda de la torta de la Cumbre de la Ciudadanía, realizada en Santiago en marzo. Hubo debates sobre el ‘Monitoreo Ciudadano y el Voto Programático’; ‘Consejos de la Sociedad Civil y Municipios Participativos’; ‘Descentralización y Asamblea Constituyente’.

Aburridos de la distancia que hay entre los representantes políticos y las preocupaciones territoriales, la Red de Territorios Ciudadanos y la Fundación Avina realizaron la Cumbre de la Ciudadanía, cita efectuada en el ex Congreso Nacional el sábado 24 de marzo y que contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil de diversas regiones, quienes lanzaron la campaña “No Botes Tu Voto, Vota por Planes y Programas”.

El objetivo de la campaña es impulsar a lo largo de Chile la necesidad de generar compromisos reales entre los candidatos y futuros miembros del gobierno comunal con los habitantes de los territorios.

En el encuentro se desarrollaron las mesas temáticas Monitoreo Ciudadano y Voto Programático; Consejos de la Sociedad Civil y Municipios Participativos; Descentralización y Asamblea Constituyente.

COMPROMISO DE CANDIDATOS

En la oportunidad, una veintena de candidatos de diversos partidos políticos e independientes se comprometieron a generar programas participativos y vinculantes en caso de resultar electos. Entre los signatarios figuran Carolina Tohá (PPD), Cristóbal Bellolio y Daniel Jadue (PC), quien señaló que este compromiso generará un cambio en la relación elector-candidato, “la gente sabrá por quién votar, no sólo por un afiche, una foto, sino que por un programa concreto de acción y mucho mejor aún si ese programa es construido con la comunidad”, indicó.

Tomás Marín, del Centro de Urbanismo Ciudadano Ciudad Viva y miembro de la Red de Territorios Ciudadanos, hace ver que este acuerdo es un “compromiso público de los aspirantes al municipio de pasar de las típicas promesas electorales en épocas de campaña a verdaderos programas de gobierno local, conversados y discutidos con los vecinos”.

El compromiso establece que los candidatos entregarán un programa de gobierno comunal al momento de inscribir sus candidaturas; programa que tendrá objetivos medibles, construcción participativa y transparencia de las cuentas públicas.

“La idea es hacer de esto una campaña nacional, comenzar a generar un cambio en la lógica electoral de nuestro país. Para ello también, luego de las primarias, llamaremos a los candidatos ya definidos a firmar este compromiso” -sostuvo Iván Salazar de Fundación Avina.

Francisco Urrutia, del Movimiento Chiloé Cómo Vamos, agregó que tuvieron “una alta participación tanto de candidatos, precandidatos y organizaciones sociales que han entendido la importancia de generar gobiernos comunales responsables y participativos”.

PARTICIPACIÓN EFECTIVA

Víctor Hugo Valenzuela, académico de la Universidad Austral e integrante de la mesa de Consejos de la Sociedad Civil y Municipios Participativos, resume en una palabra el significado de la institucionalidad actual: Un simulacro.

Dedicado a monitorear los procesos de participación en los proyectos de impacto ambiental, acusa que los cambios pendientes pasan por hacer que “la participación sea vinculante”.

Patricio Torres, de la Red Ciudadana de Cauquenes, cifra sus esperanzas en la Ley 20.500 de Participación Ciudadana, que entró en vigencia en febrero de 2011. El cuerpo legal reconoce a las personas el derecho de participar en la elaboración de políticas, planes, programas y acciones, además que contempla la formación de un Consejo de la Sociedad Civil.

“Sobre la marcha ha ido tomando cuerpo esta ley. Por ahora estamos en un plano teórico más que práctico. Por ahora, si yo soy presidente de una junta de vecinos o de una organización de base, tengo la posibilidad de poder solicitar al municipio, cuantas veces quiera, información de gestión o financiera sobre la marcha de la municipalidad”, destaca Torres.

A su juicio, “la estrategia va en cómo darle cuerpo al funcionamiento de estos consejos de la sociedad civil”.

DESCENTRALIZACIÓN Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Otra mesa de debate fue la dedicada a la Descentralización. Jaime Matamala, Comité Nueva Región de Los Ríos y participante en ella, destaca que “lo más importante es que no estuvimos de acuerdo en todo. Hubo desacuerdos y visiones distintas respecto de los caminos de la descentralización”.

Según indica Matamala, “el centralismo es un tema país. Discutirlo favorece a las regiones y a Santiago. El tema no parte desde la distancia física que hay con Santiago. Las distancias no marcan el centralismo, es un tema más de mentalidad y se evidencia en la carencia vivida en comunas rurales de la Región Metropolitana”.

En lo que sí hubo acuerdo fue en la elección de autoridades regionales y consejeros regionales de manera democrática; y en los impuestos de las compañías que se instalan en los territorios. “Las empresas que funcionan en las regiones deben tributar en las regiones. No puede ser que la casa matriz de una empresa grande, que produce en la región, tribute en Santiago”, agrega Matamala.

Matías Sagredo, de la Red de Estudiantes por una Asamblea Constituyente, destacó que en su mesa exigen “plebiscitos comunales, incorporar estas instancias de participación en las ordenanzas municipales. Así que, que se preparen los candidatos a alcalde, porque tenemos propuestas bien concretas”.

LA EXPERIENCIA DE MENDOZA

Alejandro Belmonte, director ejecutivo de la Fundación Nuestra Mendoza (Argentina), también llegó a la cita para contar de la experiencia trasandina.

Nuestra Mendoza es “un espacio ciudadano no partidario que busca comprometer a los ciudadanos y a los políticos con una serie de metas e indicadores que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de una región”, explica Belmonte.

Esto se concretó por medio de una ordenanza municipal denominada Plan de Metas y que ya fue sancionada en dos municipios de Mendoza: Maipú y Ciudad Capital; y luego Córdoba y San Martín de Los Andes.

La idea establece que el candidato, una vez electo, debe transformar su plataforma electoral en un plan de conducción para los cuatro años. “Tiene que ser un plan de gobierno detallado, con lineamientos estratégicos, objetivos precisos y actividades que den cumplimiento a esos objetivos. Metas cuantitativas o cualitativas, que deben ser anuales, debido a que la ordenanza también contempla el rendir cuentas”, apunta Belmonte.

Sancionada en mayo de 2011, la ordenanza hizo que los intendentes electos en octubre ya realizaran los primeros planes. “Después, tiene una vigilancia ciudadana que revise que lo planteado en la plataforma electoral aparezca en el plan de metas. El voto programático, el compromiso, el intendente [alcalde] lo asume antes, sin tantos detalles de metas, pero con lineamientos generales de políticas a aplicar”, destacó el argentino.

Y agregó que “la iniciativa tiene muchas atribuciones para fiscalizar el trabajo de los alcaldes, el presupuesto, planes de inversión y desarrollo comunal”.

Sociedad Civil

El Ciudadano Nº122, primera quincena abril 2012