Las y los consejeros constitucionales de Unidad para Chile (partidos Socialista, Comunista, Convergencia Social y Revolución Democrática), junto a independientes y representantes de escaños reservados, dieron a conocer las enmiendas en materia de anticorrupción que elaboraron para la propuesta de nueva Constitución.
Dentro de los aspectos que destacaron está el robustecimiento del principio de probidad y transparencia, ampliando obligaciones a actores privados que reciban fondos públicos, innovación que permitiría evitar espacios para la corrupción.
En ese sentido, el consejero Yerko Ljubetic (CS) recordó casos de corrupción como SQM, Penta o situaciones ocurridas dentro de municipalidades como la de Vitacura, para luego recalcar que «la probidad y transparencia son ejes principales para asegurar una Constitución que proteja a la ciudadanía. La Constitución tiene que hacerse cargo del sistema de abuso y opacidad que actualmente vivimos en todos los niveles, en el aparato público y también en el sector privado».
Asimismo, las y los consejeros revelaron la indicación que le entregaría a la Contraloría General de la República extender su atribución fiscalizadora a todo órgano financiado con fondos públicos, lo que permitiría fiscalizar instituciones como las corporaciones, así como también instituciones privadas financiadas con fondos públicos.
«Parte de la distancia que siente la gente con las instituciones tiene relación con la desconfianza que éstas le provocan. Hay que ser tajantes contra la corrupción: desde el ‘amiguismo’ en la contratación pública, hasta las redes de favorecimiento del narcotráfico o el crimen organizado», agregó Ljubetic.
Por otra parte, el bloque de Unidad para Chile propuso regular las remuneraciones de las y los parlamentarios, la que sería fijada por una Comisión que deba fundamentarlas en función del buen uso de fondos públicos.
En esa línea, criticaron la propuesta de la UDI de levantar la prohibición de que personas jurídicas financien campañas de partidos políticos, pues esto -señalaron- provocaría una relación más estrecha entre partidos e intereses privados.
Foto Portada Consejo Constitucional: Agencia UNO
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