El agente de la Dirección de Inteligencia de la Marina (DIM) Alfredo Domínguez Raffo contó, tras ser interrogado por el fiscal naval, capitán de corbeta Máximo Lupérdiga Mendoza, que en 2011 fue contactado por personas de nacionalidad extranjera, los mismos que le pagaron hasta 1.500 dólares, para que rindiera reportes sobre la flota de la Marina de Guerra del Perú.
La investigación es sobre el caso de espionaje para Chile hecho público la semana pasada por medios peruanos.
El diario La República presenta algunos pasajes del interrogatorio realizado el 17 de octubre de 2014, en el reclusorio de la Base Naval del Callao. En ellos puede notarse que Domínguez trató de reducir su responsabilidad indicando que finalmente nunca entregó informe alguno sobre la flota naval peruana.
«En mayo de 2011, mediante una llamada telefónica, recibí una propuesta de trabajo y me citaron en las instalaciones de una constructora que no recuerdo el nombre, ubicada cerca de Wong, en San Isidro, donde rellené un formulario con mis generales de ley. Me indicaron que se comunicarían conmigo para una próxima selección de trabajo de una empresa transnacional. (…) Quince días después me llegó un correo electrónico del señor Giancarlo Campioli, quien me indicó que el proceso de selección se llevaría a cabo en Brasil. (…) respondí que sí podía viajar«, indica Domínguez.
«¿Qué sucedió el día de la entrevista y con quiénes se reunió?«, le preguntó el fiscal Lupérdiga.
«Al llegar a Sao Paulo, me encontré en un hotel con el señor Giancarlo (Campioli), de acento italiano. Había otra persona de acento argentino y una tercera persona que no dijo palabra alguna. (…) Al cabo de 15 días, me enviaron un nuevo correo indicándome que había sido seleccionado para el trabajo y que requerían que viajara de nuevo, esta vez a Río de Janeiro, esta vez solo me entrevisté con el señor Giancarlo (…). Me dijo si podía trabajar como consultor externo (…) y que mis labores serían realizar informes acerca de la situación social y económica del Perú, elaborando informes cada 10 días, aproximadamente. (…) Ellos decidieron remitir mi pago por la agencia Western Union de unos 500 dólares«.
Según el fiscal, Dominguez, un técnico de tercera con veinte años de labores en la DIM, por la propia naturaleza de sus funciones —elaboración de análisis y notas de inteligencia—debía saber de qué se trataba todo esto. Los extranjeros eran espías y él estaba comprometiéndose con ellos. Sin embargo, nunca informó de lo sucedido a sus superiores.
«En octubre de 2012, esta vez en Sao Paulo, me entrevisto con el señor Giancarlo y con otro señor de nombre Fernando que tenía acento español. Durante dicha reunión los señores antes mencionados me indicaron que la información que enviara (en adelante) debería tener información relacionada a las actividades de las unidades de la Marina de Guerra del Perú. Y que debido al tipo de información aumentarían mis ingresos económicos. Y en ese momento me asignaron un USB con un programa de encriptación para el envío de la información requerida«.
«Dándome cuenta en ese momento de que estaba siendo captado para realizar actividades propias de mi institución (la Dirección de Inteligencia de la Marina) en beneficio de un país extranjero, desconociendo el país específico«, agregó.
Las reuniones entre ambas partes se dieron en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil. En un principio, los informes redactados por Domínguez, por lo que recibió un pago de 500 dólares, versaban sobre la situación política y social del Perú. La cifra aumentó cuando le pidieron datos sobre las unidades de la armada peruana.
«(Pocas semanas después), el señor Giancarlo me preguntó por la información requerida (los buques de la Marina) y yo le manifesté la pérdida del USB (…) y que no tenía tiempo por encontrarme de comisión en Iquitos, manteniendo esta excusa para no dar ningún tipo de informe. (…) El señor Giancarlo siguió llamándome y yo le manifesté que no podría trabajar en lo que requería por encontrarme con problemas personales y económicos (…), indicándome que me apoyaría económicamente. Al cabo de siete días, me generó un envío de dinero vía Western Union por la cantidad de 1.500 dólares, a fines de 2013. Posteriormente, el señor Giancarlo continuó contactándose, no contestándole el teléfono en algunas oportunidades (…), hasta que dejé de contestar sus llamadas«.
El abogado de Domínguez, Danilo Guevara, ha desestimado los cargos que la fiscalía militar ha imputado a su defendido: traición a la patria, infidencia y desobediencia.
En declaraciones para La República, Guevará refirió: «La fiscalía no cuenta con ningún sustento que acredite que mi defendido vendió o entregó información de inteligencia a personas de un país extranjero. Y menos a Chile. Por lo tanto, no existió espionaje, así que no se configura el delito de traición a la patria«.
GOBIERNO PERUANO LLAMA A CONSULTA A EMBAJADOR EN CHILE
La Cancillería informó hoy que el Gobierno tomó la decisión de llamar en consulta a su embajador en Chile, además, rechazó enérgicamente el caso de espionaje militar en perjuicio del Perú, que se hizo público en los medios el último miércoles.
Mediante un comunicado, se manifestó la necesidad de que el gobierno chileno realice una pronta y profunda investigación, con el fin de que los responsables de estos actos sean procesados, y que el Perú sea informado del resultado. Además, pide que se le brinde las seguridades de que dichas acciones de espionaje no se habrán de repetir.
Este sábado el almirante Jorge Montoya, en declaraciones para Diario 16, que el noticiero de América Televisión actuó de forma irresponsable al hacer público este proceso que estaba siendo llevado en ‘secreto’.
«Se ha frustrado cualquier intento de las autoridades para capturar a los llamados ‘peces gordos’«, apuntó.
Paulo César Peña