Michelle Bachelet se dirigió este martes a la ciudadanía para anunciarles una serie de medidas anticorrupción que buscan poner fin a las malas prácticas políticas que han sacudido el país durante los últimos meses. «El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos«, declaró la mandataria al comienzo de su intervención.
Tras estudiar con detalle las propuestas del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, la presidenta proclamó una serie de medidas «severas» y proyectos de ley que tienen por objetivo erradicar del panorama político las prácticas corruptas e irregulares.
Todas y cada una de las medidas que tratarán de devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones, serán detalladas en profundidad en un plan completo que será publicado a lo largo de esta semana. Mientras, la presienta resumió a grandes rasgos las áreas que serán intervenidas y algunas de las modificaciones que se llevarán a cabo.
Política
– Un financiamiento de la política totalmente transparente. Se eliminarán los aportes empresariales y los anónimos a los partidos políticos.
– La financiación de las campañas electorales será regulada detalladamente por el Estado. Se reducirá el gasto destinado a esta actividad y se delimitarán las zonas donde llevar a cabo las actividades propagandísticas.
– El Estado será el encargado de financiar el trabajo de los partidos, para lo cual tendrán que cumplir con una serie de exigencias. «Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes«, acalaró la mandataria.
– Se fortalecerá el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones. El objetivo es que estos organismos disfruten de más autonomía y tengan capacidad real para fiscalizar y sancionar con el objetivo de hacer cumplir la ley.
– Se prohibe la representación en cargos de elección popular a aquellos políticos que hayan vulnerado la confianza de la ciudadanía.
Política y negocios
La presidenta del país anunció la regulación y cuidado en las relaciones entre la política y los negocios. «El estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado«, declaró la mandataria.
– La ley se reforzará para asegurar sanciones efectivas al uso de boletas «ideológicamente falsas«.
– El delito de corrupción será tipificado y sancionado.
– El Estado regulará y fiscalizará «de manera estricta» la relación entre la política y los negocios, con el fin de que no se produzcan más casos como el de Penta o Soquimich.
– Se ampliará y reforzará las incompatibilidades para ingresar a la función pública como, por ejemplo, ser pariente de las autoridades.
– La famosa «puerta giratoria» entre el sector público y las empresas privadas será regulada para impedir que «autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas«.
– Establecimiento de un registro público de lobistas, para que se conozcan los intereses privados de aquellos que tomarán decisiones que afectarán al sector público.
– Ampliación de la aplicación y detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
– Se reforzarán las leyes y las sanciones para asegurar que los culpables paguen por sus irregularidades y que no exista impunidad para nadie.
Además de estas medidas destinadas a regular la política y los negocios, la presidenta también anunció la creación de la figura del Defensor del Ciudadano y la inclusión en escuelas y universidades de programas sólidos y explícitos sobre formación cívica.
En lo referente al servicio público, Bachelet anunció que se fortalecerá «la calidad, integridad y transparencia de los que trabajan en el servicio púbico» y que se ampliará «el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí lo hagan por mérito y vocación«.
Michelle Bachelet anunció que las medidas administrativas serán dictadas en un plazo máximo de quince días, y los proyectos de ley tendrán un margen de 45 días para ser presentados en el Parlamento.