Alrededor de 5 mil personas volvieron a movilizarse en las calles del Distrito Federal de México a tres meses de la masacre de Iguala. En una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución los gritos fueron por la aparición con vida de los normalistas, castigo a los responsables, renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y renovación del llamado a la movilización popular.
También se reforzó una nueva consigna de lucha: llamado popular a boicotear las elecciones del 2015. “Desde el micrófono advertimos a Peña Nieto y a todos los políticos corruptos que no va habrá elecciones en Guerrero en 2015. Primero tienen que entregarnos a nuestros muchachos. Si no, no puede haber paz. Seguimos pidiendo la desaparición de poderes. Desde aquí les decimos a los senadores que le siguen fallando al pueblo. Esa rata guardada en Los Pinos debe saber que no habrá paz hasta que nos los devuelvan con vida”, destacó Felipe de la Cruz, uno de los representantes de los familiares.
El llamado fue contra la clase política como representante de los crímenes de Estado, la impunidad, la corrupción. Es parte de un plan de acción –bajo la consigna de “No hay Navidad ni año nuevo porque faltan 43”- decidido en la última reunión de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que nuclea a más de 30 organizaciones políticas y sociales. Allí se esgrimió la “Anulación y boicot a las elecciones intermedias del 2015”, a nivel municipal, estatal y nacional.
En esa reunión se incluyó también la desmilitarización del estado de Guerrero: allí el Ejecutivo Nacional instauró un operativo represivo que nuclea Fuerzas Armadas y la Policía. Luego, se instó a luchar contras las denominadas Reformas de Peña Nieto y convocaron a una Constituyente. Para ello coordinarán acciones “en cada comunidad, ejido, barrio, colonia, fábrica, centro de trabajo y centro de estudio”.
“Esta ANP acuerda empezar una gran discusión nacional, para construir un programa político que recupere las demandas y aspiraciones de todos los sectores del pueblo mexicano e incorpore a la lucha a los que aún no se han sumado, en la perspectiva de la convocatoria de una nueva Constituyente, que redacte la nueva constitución, en donde se establezcan los principios de un nuevo país verdaderamente democrático, con justicia social”, indica el documento de la Asamblea.
Mantener la “normalidad” de las elecciones del año entrante es clave para la partidocracia: los legisladores mexicanos aprobaron unareforma constitucional que podría impedir y criminalizar las protestas callejeras bajo el argumento del “derecho a la movilidad universal”.La iniciativa de los diputados del Partido de Acción Nacional (PAN) fue respaldada por la partidocracia clásica: el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista (PVE).
Desde el acto a los tres meses del asesinato y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, el mensaje de los padres de los normalistas convocó a continuar la búsqueda de justicia, a la vez que incrementar la insurgencia para derribar al gobierno de Peña Nieto. “Aunque el gobierno quiere intimidarlos con la fuerza, se olvida que al llevarse a nuestros hijos, también se llevó nuestro miedo”, sostuvo uno de ellos, citó La Jornada.
Miedo que revivió en los últimos días tras el asesinato del sacerdote Gregorio López Gorostieta. Desde Guerrero, era una de las voces que denunciaba el accionar de las organizaciones criminales y sus vínculos con las fuerzas policiales. Fue secuestrado el lunes por la noche y encontrado el jueves con un impacto de bala en la cabeza.
No obstante, en un mensaje navideño, Peña Nieto convocó a la unidad y “fortalecer las instituciones”: “Este es el momento de construir, no para destruir; el momento de unir, no para dividir. El momento de fortalecer nuestras instituciones, no para debilitarlas; el momento de pensar en soluciones y de trabajar por México”.
En cuanto a la investigación de responsabilidades por la masacre de Iguala, de ochenta personas detenidas al menos la mitad son efectivos policiales. La semana pasada la revista mexicana Proceso develó una investigación periodística en la que confirmó el accionar de la Policía Federal y del Ejército en el asesinato y secuestro de los estudiantes.