Ministerio Público acoge denuncia por operación AFP Argentum-Cuprum

Esta mañana el Ministerio Público informó que acogió la denuncia presentada por el a fin de que se investigue la creación de AFP Argentum y la posterior fusión con AFP Cuprum, que permitió al grupo estadounidense Principal obtener un beneficio tributario de $ 80.000 millones.

La denuncia fue presentada por el senador Alejandro Navarro, quién señaló que «entregamos estos antecedentes a la Fiscalía, con el objeto de que se determinen eventuales responsabilidades penales, así como también se indague sobre las presiones sufridas por el ex superintendente de pensiones Álvaro Gallegos quien acusó haber sido ‘desbancado por los poderes fácticos’ producto de su oposición a la creación de la AFP Argentum».

A juicio del parlamentario «las presiones ejercidas sobre el ex superintendente son de extrema gravedad. No es posible que los dueños de las AFP tengan la capacidad de remover a un superintedente de pensiones».

Cabe recordar que el ex superintedente Álvaro Gallegos envió un mail al senador Carlos Montes en el que relató ‘los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la Superintendencia de Pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos’.

En este correo electrónico agregó además que «tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum».

Respecto de la fusión, Navarro insistió en la responsabilidad de la superintedenta de pensiones Tamara Agnic «toda vez que la Superintendencia tiene la facultad de aprobar o rechazar la creación de una AFP, de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas».

Finalmente Navarro señaló que «es el colmo que la superintendenta de pensiones Tamara Agnic diga que es legal en Chile crear una AFP que no busca administrar fondos de pensión, sino sólo servir como instrumento tributario para evadir 80 mil millones de impuestos».