La ministra del Interior, Izkia Siches, respondió este martes a cada uno de los capítulos de la acusación constitucional que fue presentado en su contra por el Partido Republicano, a mediados del mes de junio; en donde acusan a la ministra de comprometer “gravemente el honor de la Nación y la seguridad de la Nación”, además de “infringir la Constitución y las leyes”.
La secretaria de Estado – representada por la abogada Elisa Walker – respondió cada uno de los siete capítulos que considera la acción parlamentaria, confirmando que apelará a la denominada «cuestión previa», que de ser aprobarse, dejará sin efecto la acusación.
El primer capítulo de la acusación se refiere a las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado.
Siches respondió que si bien el interponerlas «es una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada».
«El principal órgano encargado de proteger y promover los Derechos Humanos en el continente, la CIDH, hizo una recomendación explícita a Chile, de evitar usar la Ley de Seguridad del Estado indiscriminadamente; las manifestaciones sociales acaecidas desde octubre de 2019 dejaron un saldo preocupante de personas detenidas y privadas de libertad, sin juicio previo; y en a lo menos 139 casos, debido a su menor gravedad y afectación a la seguridad del Estado, no se vislumbraron motivos plausibles para hacerla aplicable», manifestó la secretaria de Estado, citada por medios como El Desconcierto.
De igual forma, respondió a la acusación en su contra por sus dichos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, el pasado mes de abril, cuando compartió «información incorrecta» y acusó al Gobierno de Sebastián Piñera de haber encubierto un vuelo de expulsión de migrantes que no habría aterrizado en Venezuela, y que habría vuelto a Chile con todos sus pasajeros.
«Esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello. No ha sido nunca mi intención declarar ‘falsedades’, ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual, como han pretendido la y los autores de la acusación», dijo Siches frente a esta imputación.
Sin embargo; reconoció que sus declaraciones se formularon «con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco».
Otro de los puntos de la acusación hace referencia al uso del término «Wallmapu», el cuál que generó una polémica con parlamentarios argentinos.
Al respecto, la jefa de gabinete recuerda que la canciller Antonia Urrejola aclaró en la Cámara Baja que «el gobierno argentino no realizó ninguna protesta diplomática, ni queja formal por las referidas declaraciones, y, en consecuencia, la situación no generó un problema diplomático bilateral».
«Se debe resaltar que las artificiosas polémicas que se intentaron levantar a propósito del uso del concepto ‘Wallmapu’, se vieron opacadas por la exitosa gira realizada por S.E. el Presidente de la República, que contó, entre otras actividades, con un concierto de la hermandad chileno-argentina», añadió la secretaria de Estado.
Cabe recordar que, este lunes realizó su primera sesión de trabajo la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra la ministra de Interior, Izkia Siches, conformada por cinco diputados, la mayoría de derecha.
La abogada de la Secretaria de Estado, Elisa Walker, pidió la palabra pero la solicitud le fue denegada, debido a que el presidente de la instancia, el diputado UDI Christian Moreira, pidió unanimidad de los cinco integrantes para otorgarle el permiso, pero no la hubo.
Acusación por el Estado de Excepción
Otro de los puntos es la aplicación del Estado de Excepción en el Wallmapú, el pasado mes de mayo.
En este contexto, Siches se refirió a la implementación -a juicio de los acusadores- «tardía, insuficiente y acotada» del estado de excepción apuntando que «las consecuencias del conflicto en la zona sur no pueden ser atribuidas a una sola persona, ni menos aún, a esta ministra».
«La situación que describen la y los acusadores en su libelo y los perjuicios a las garantías fundamentales que invocan para acreditar una supuesta infracción al Artículo 1 de la Constitución Política de la República, no pueden ser imputadas a ninguna acción u omisión de esta ministra del Interior y Seguridad Pública, la que en sólo tres meses en el cargo no puede solucionar un conflicto de larga data en la historia de nuestro país», puntualizó.
De igual forma, respondió a los cuestionamientos realizados por el Partido Republicano, por no haber denunciado al líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la «resistencia armada».
«Es claro que el Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución y ejercicio de la acción penal, siendo este el encargado de la investigación de los delitos. Así, no corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en general, ni a la ministra del Interior y Seguridad Pública, en particular, perseguir ni investigar determinados delitos», asevera el documento.
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