Este miércoles, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió a la acusación constitucional presentada en contra del titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por el denominado Caso Convenios.
Entrevistado por Tele13 Radio, el secretario de Estado indicó que la acusación constitucional evita que el Congreso debata sobre las verdades iniciativas necesarias para los chilenos.
Las acusaciones constitucionales —señaló Elizalde— «terminan siendo una distracción respecto a lo que realmente importa porque todo el Congreso se concentra en la Acusación, los ministros tienen que defender y qué es lo que importa, bueno, que se sigan implementando iniciativas que solucionen los problemas de los chilenos».
A su consideración, «se ha abusado de este instrumento».
En este sentido, cuestionó a aquellos que están promoviendo las acusaciones constitucionales contra representantes del Gabinete Ejecutivo, debido a que durante el gobierno anterior, los mismos que están activando estos intrumentos legales, lo rechazaban.
«Hubo muchas críticas en el gobierno anterior a la presentación de Acusaciones Constitucionales porque quienes hoy las presentan activamente», puntualizó.
Con respecto a la acusación contra el ministro Montes, Elizalde fue enfático y reafirmó el respaldo del Gobierno Nacional al secretario de Estado.
«El Presidente ha sido claro, el ministro Montes cuenta con toda su confianza y estamos hablando de un servidor público de toda la vida que además en Vivienda está haciendo una gestión muy importante para hacerse cargo del principal desafío que tenemos en el área, que es el la reducción del déficit habitacional», sentenció.
La Cámara de Diputadas y Diputados designó este martes a los integrantes de la comisión revisora encargada de estudiar la acusación constitucional presentada contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en el marco del Caso Convenios.
Esto, luego de que un grupo de parlamentarios de la oposición presentarán ante el Congreso el libelo de 81 páginas, y el cual apunta directamente a la responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva.
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