El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, manifestó estar tranquilo, tras su llegada este jueves al Congreso Nacional donde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados revisará y votará á la acusación constitucional en su contra.
«Estoy bien tranquilo, espero que la democracia funcione”, afirmó.
«Confío en la democracia. Confío en el debate de ideas y que los argumentos del abogado han sido muy sólidos, y los argumentos que presentaron los parlamentarios en la comisión también fueron muy sólidos”, planteó-
El secretario de Estado indicó que confía y espera “que la cuestión previa sea el camino más apropiado, dado las características de la acusación”, sin embargo explicó que el abogado defensor quien tiene que definir si se invoca el recurso o no.
“Yo espero que la democracia funcione y funcione bien, y que las decisiones sean adecuadas. Yo respeto mucho la democracia. Creo que todo esto se resuelve con la política y con la democracia, y no con epíteto y descalificaciones. Tenemos que discutir el fondo, eso es lo que el país quiere”, añadió.
El titular de Vivienda y Urbanismo ratificó que no renunciará a su cargo.
«No voy a renunciar», afirmó.
Cabe recordar que la acusación contra el titular de Vivienda y Urbanismo, cuenta con firma de diputados de Chile Vamos (sin Evópoli), Partido Republicano, Partido de la Gente, y Partido Social Cristiano.
El libelo —compuesto por 81 páginas— fue presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y apunta a responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva.
En el texto, se acusa directamente al secretario de Estado como único responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.
La denuncia, además, revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria.
Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La acusación requiere una mayoría simple para que pueda avanzar la votación. En concreto, los votos de 78 de los 154 diputados habilitados son los que se necesitan en la Cámara para que pueda ser aprobada.
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