Ministro que investiga fraude en el Ejército recibió Informe de Comisión Investigadora con antecedentes que podrían sumarse a causa penal

Presidente de la comisión Milicogate, Jaime Pilowsky, informó que Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no ha revisado casi 20 mil facturas por US $ 1.000 millones gastados por el Ejército con Fondos de la Ley Reservada del Cobre

Ministro que investiga fraude en el Ejército recibió Informe de Comisión Investigadora con antecedentes que podrían sumarse a causa penal

Autor: Jose Robredo

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El diputado DC y Presidente de la comisión investigadora Milicogate, Jaime Pilowsky, denunció hoy que “la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no ha revisado desde el año 2011, casi 20 mil facturas de rendiciones de gastos del Ejército con fondos de la ley reservada del cobre, por un monto que supera los 1.000 millones de dólares”

 El parlamentario formuló estas declaraciones tras reunirse, junto al diputado DC Sergio Espejo,  con el Ministro en Visita Omar Astudillo, que investiga el Fraude en el Ejército con la utilización de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, para entregarle una copia del informe de la comisión investigadora, aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados.

 Pilowsky explicó que “a pesar que la ley obliga a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a revisar y aprobar las rendiciones de las cuentas de las inversiones que le son remitidas por el Ejército, de manera inexcusable, no lo hace desde el cuarto trimestre del año 2011, o sea desde octubre de ese año, hasta la fecha”.

 “Es decir, desde ese mes que están acumuladas en alguna oficina bastante grande en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, pendientes de revisión y aprobación, un total de 19.832 facturas, correspondientes a más de 1.000 millones de dólares. Esto se desglosa en 1.486 facturas por US $ 929. 529.979 y 18.346 facturas por un monto de $79.907.095.440”.

 Precisó que ”toda esta grave información, fue entregada de manera oficial y detallada y tras nuestra insistencia, el 29 de julio de este año por el Ministro de Defensa, mediante un oficio enviado a nuestra comisión”.

 El diputado Pilowsky agregó que “creemos que esta situación es muy grave, y se suma a la inacción y a la falta de prevención que tuvieron otros organismos que están encargados de velar por el correcto uso de los millonarios recursos que entrega la ley reservada del Cobre, como la Contraloría General de la República, que se autolimitó en sus facultades y varios estamentos del Ejército, que terminaron en lo que yo he llamado una Tormenta Perfecta” que permitió que ocurrieran los hechos que son investigados por la justicia”.

 “Por eso consideramos que el trabajo de nuestra comisión investigadora fue muy serio e importante y el Ministro en Visita nos confirmó que la información contenida en nuestro informe es y seguirá siendo importante para su trabajo”.

Principales conclusiones del Informe :

El informe del caso conocido como “Milicogate”, acusa a la Contraloría General de la República de falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización prioritario.

En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control y se asigna responsabilidad a los Subsecretarios de FF.AA.

Además, se observa que los ministros, en el período de competencia de esta Comisión, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también asignó responsabilidades al excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. “No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos”, precisa.

Se establece que la Contraloría General del Ejército (COTRAE) no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela.

A su vez, se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejército haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la Institución».


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