Movimientos Sociales Constituyentes exigen a todas las fuerzas políticas presentar acusación constitucional contra Piñera por «gestión criminal de la pandemia»

Los integrantes de los Movimientos Sociales Constituyentes, advirtieron que el histórico proceso constituyente en curso se encuentra amenazado por la continuidad de Sebastián Piñera en la Presidencia de la República.

A través de una declaración pública, señalan que la gestión de Piñera frente a la pandemia de Covid-19, en la que ha privilegiado sus intereses personales y de sus amigos empresarios, no asegura que las elecciones puedan realizarse el 15 y 16 de mayo, tal y como aprobó el Congreso.

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Responsabilizan al mandatario por los más de 30.000 muertos; la saturación superior al 95% de las camas críticas; los más de 60.000 casos activos y el 97% de la población en confinamiento.

Ante este panorama, exigen que Piñera no siga en la presidencia del país y llaman a todas las fuerzas políticas, tanto de oposición como de sectores críticos del propio oficialismo, a presentar una Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República, «por su actuar criminal y su ineludible responsabilidad política en las catástrofes social, sanitaria y política en la que ha sumido al país».

A continuación el texto íntegro:

¡Basta ya del gobierno criminal de Sebastián Piñera!

El proceso constituyente en curso, único e histórico, se ve severamente amenazado por la continuidad de Sebastián Piñera en la Presidencia de la República. Su gestión criminal de la pandemia, privilegiando sus intereses personales y de sus amigos empresarios incluso en los peores momentos que enfrentan nuestros pueblos de Chile, no asegura que las elecciones se realicen el 15 y 16 de mayo de 2021, tras la aprobación del Congreso.

Hace unos días atrás, el Ministro de Salud sostenía que sólo una “catástrofe” podía aplazar las elecciones. Y eso es lo que estamos viviendo. Una catástrofe sanitaria, con las mayores cifras de contagios en lo que va de la pandemia, provocada por un discurso exitista que confunde y desinforma a la población, una actitud condescendiente con el empresariado y los sectores acomodados de la sociedad, quienes pudieron viajar al extranjero, a ciudades cunas de contagio como Miami y Río de Janeiro, mientras la gran mayoría apenas llegaba a fin de mes.

A inicios de este año, lejos de tomar medidas preventivas, el Gobierno propició la activación de todos los sectores económicos, permitiendo actividades recreativas (incentivando al desplazamiento con permisos de vacaciones, abriendo malls, cines y gimnasios), exigió el regreso a clases presenciales y mantuvo abiertas las fronteras por las cuales llegaron las nuevas variantes del virus. El resultado es descorazonador: más de 30.000 muertos; una saturación superior al 95% de las camas críticas; el mayor número de casos activos (más de 60.000) y nuevamente, más del 97% de la población en confinamiento. En consecuencia, tenemos un gobierno que ha gestionado la muerte y el sufrimiento de las mayorías en nuestro país.

A lo anterior se suma una catástrofe social. Las demandas de la revuelta iniciada el 18 de octubre no han sido acogidas y los problemas se han agravado con la pandemia. La crisis ha sido pagada por los propios trabajadores y trabajadoras, en especial, mujeres que deben elegir entre cuidar, criar y trabajar, negándose el Gobierno a realizar reformas tributarias que graven a quienes tienen más, como es el caso del gran capital, los super ricos, o la gran minería privada. La pobreza y el desempleo han aumentado – 10,2%, según el INE –  y el Gobierno prefiere mantener la estabilidad de indicadores macroeconómicos por sobre garantizar las necesidades de las personas, como podría hacerlo a través de una Renta Básica Universal de Emergencia que permita enfrentar las medidas restrictivas de la movilidad como las cuarentenas.

Una catástrofe política, con gravísimas violaciones a los DDHH y centenares de presos políticos, estableciendo un Estado policial que ha incurrido nuevamente en prácticas de terrorismo de Estado, criminalizando la protesta social, persiguiendo a la prensa alternativa, militarizando territorios y utilizando la prision preventiva como forma de castigo a la demanda social, lo cual pone a la democracia en peligro y riesgo, no garantizando la continuidad del proceso constituyente institucional. Nuevamente se aplazan las elecciones y existe un trato absolutamente desigual respecto a las candidaturas independientes del movimiento social versus las candidaturas de la élite política y económica, contando con financiamiento público y privado totalmente asimétrico, y con tiempos diferenciados también en la franja televisiva que sólo favorecen a la élite política de siempre.

Una crisis generalizada de deslegitimación de cada una de las instituciones de Chile, incluyendo al Presidente de la República, quien sigue beneficiando sus negocios personales y el de sus amistades empresariales – como ocurrió en el caso EnjoyGate – mientras el pueblo pasa hambre. Una institucionalidad caduca que garantiza la impunidad de un Gobierno corrupto, mientras persigue a quienes luchan por un sistema más justo.

Ante este escenario, y para resguardar la democracia, exigimos que Sebastián Piñera no siga en la presidencia del país. Para esto interpelamos a todas las fuerzas políticas, tanto de oposición como de sectores críticos del propio oficialismo, a que presenten una Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República, por su actuar criminal y su ineludible responsabilidad política en las catástrofes social, sanitaria y política en la que ha sumido al país.

Ahora bien, para que el proceso constituyente originario no pierda su legitimidad y los mínimos democráticos no se sigan viendo afectados (elecciones y conformación de la Convención Constitucional), exigimos implementar las siguientes medidas:

1. Medidas sanitarias: Con el objeto de garantizar que las elecciones postergadas para los días 15 y 16 de mayo se realicen en un contexto sanitario más seguro, se deben tomar medidas drásticas para disminuir los contagios y garantizar la subsistencia durante la cuarentena en las próximas semanas.
2. Medidas económicas: Estas medidas restrictivas deben ser acompañadas de ayudas reales para que el confinamiento y la disminución de la movilidad sean efectivamente cumplidas. En este sentido, no se puede seguir con la política de la focalización del gasto social y debemos avanzar hacia una Renta Básica Universal de Emergencia.
3. Para garantizar que estas medidas se lleven a cabo, tiene que ser el comité social que asesora al Minsal y las comisiones de salud de ambas cámaras quienes se encarguen de diseñar y ejecutar las medidas sanitarias, lo cual podría materializarse a través de un Comité Nacional de Emergencia Sanitaria, con amplia participación de las organizaciones sociales.
4. Por último, ratificamos nuevamente nuestro compromiso y solidaridad con todas las organizaciones e instituciones que han hecho hasta lo imposible para que la mala gestión de la pandemia no se convierta en una tragedia sanitaria mayor.     

¡Basta ya de la gestión criminal de Sebastián Piñera y de su gobierno! La única solución en la situación política actual es que no siga gobernando, por el bien de Chile y de todas y todos sus habitantes.

Movimientos Sociales Constituyentes