Apenas tres semanas antes del plebiscito de salida, las coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, anunciaron ayer que alcanzaron un acuerdo para realizar reformas a la nueva Constitución en caso de aprobarse el próximo 4 de septiembre.
Los detalles del acuerdo, que consta de 5 puntos (plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial) fueron revelados en la sede del Congreso, donde acudieron los firmantes del texto: Natalia Piergentili (PPD), Patricio Morales (PL), Tomás Hirsch (AH) Lorena Fries (Mov. Unir), Paulina Vodanovic (PS), Leonardo Cubillos (PR) , Juan Ignacio Latorre (RD) Flavia Torrealba (FRV), Guillermo Teillier (PC) y Diego Ibáñez Cotroneo (CS).
Según los firmantes del documento titulado » Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución», el acuerdo busca que los ciudadanos “tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”.
“El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”, agregan.
El anuncio no solo se dio a pocos días de la jornada plebiscitaria, sino que generó un intenso debate y críticas por parte de sectores que acusan un interés transversal por parte de partidos oficialistas por evitar que se concreten cambios sustanciales en temas en los que pudo avanzar en la Convención para darle más poder a las comunidades y al pueblo.
Nueva cocina que da la espalda al pueblo y los movimientos sociales
Asimismo, alertan que el acuerdo surge de una nueva cocina de la clase política.
Diversas de organizaciones de izquierda popular anticapitalista, repudian el acuerdo y advierten que los partidos oficialistas están «dispuestos a negociar en el parlamento diversas materias con la derecha y los sectores conservadores del país, dando la espaldas a los verdaderos protagonistas de la historia reciente: el pueblo y los movimientos sociales».
A través de una declaración pública, las agrupaciones: Tejer; Partido Igualdad; Trabajadores al Poder; Fuerza Popular Rebelde; Frente Allendista; ARSU; Colectivos Francisco Bilbao; Movimiento Dignidad Popular; Acción Popular y Somos, plantearon que «los partidos de Gobierno impulsados por las erráticas declaraciones del presidente Gabriel Boric, se han coordinado para construir un acuerdo para modificar la voluntad popular expresada en el “Plebiscito de Entrada” y materializada en la propuesta de Nueva Constitución, buscando convertir, de forma antidemocrática y antipopular, el resultado de una Convención Constitucional en una Convención Mixta, cuestión que ha sido ampliamente rechazado por las mayorías populares».
Recordaron que desde el levantamiento popular de Octubre de 2019 se trazó un camino claro y que el pueblo votó por una Nueva Constitución, y luego expresó en las urnas que no quería que “metiera mano” el congreso, deslegitimado y cooptado por las grandes empresas.
«El plebiscito Constitucional del 4 de Septiembre requiere que decidamos si aprobamos o rechazamos la propuesta elaborada de forma paritaria y plurinacional por la Convención. En ningún momento el proceso social que vivimos ha manifestado lo que pretenden instalar hoy las élites políticas, abriendo las puertas para que estas cocinen cambios entre las cuatro paredes de sus pasillos parlamentarios, ya que sus propuestas expresan los intereses de los sectores acomodados que han representado por décadas y no a las honestas necesidades del pueblo», indicaron.
«Con esta nueva movida, quedan claros los horizontes e intereses del Conglomerado de Gobierno: consolidar un nuevo bloque en el poder, dar seguridad y tranquilidad a los grupos dominantes», alertaron.
Por su parte, los integrantes de la Asamblea Constituyente de Atacama (ACA) hacen un llamado a «aprobar sin condiciones».
Señalan que texto redactado por las y los convencionales corresponde a la voluntad transformadora hacia un pacto social distinto, fundado en la justicia, la dignidad, losderechosy la democraci
En un comunicado, destacaron que la propuesta de nueva Constitución–una vez aprobada–»contiene reglas claras para ser mejorada, reformada e incluso reemplazada, algo que no permite la Constitución redactada en dictadura que nos rige actualmente».
«En esa línea, como Asamblea Constituyente de Atacama seguiremos recorriendo las calles de nuestra región invitando a la ciudadanía a leer y a aprobarla propuesta constitucional, convencidos de que es la respuesta popular para avanzar hacia una sociedad realmente democrática, justa y garante de derechos sociales fundamentales».
Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) -que fue parte del proceso constituyente y tuvo representantes en la Convención- publicaron un textotitulado «En Defensa de la Nueva Constitución y la Democracia Directa» en el cual dejaron en claro que «nuestra energía y la de los movimientos sociales y organizaciones territoriales está plenamente abocada al trabajo de Aprobar sin Condiciones los contenidos de la nueva constitución».
Asimismo, reprocharon que los partidos políticos y el gobierno hayan olvidado «que el proceso constituyente surgió del estallido social y la revuelta, entroncadas con las luchas históricas por el agua, la previsión, la educación. Este proceso no fue un regalo de la clase política, que hoy nuevamente utiliza procedimientos antidemocráticos»
«Este acuerdo genera malestar y desazón en los movimientos sociales. Sucumbir a las presiones de la derecha conservadora, favorece sólo al sistema político y podría ser un anticipo de otras acciones de estos herederos de la ex Concertación, con miras a alcanzar los dos tercios requeridos para impulsar después reformas a la constitución desde el Congreso», indicaron al tiempo que advirtieron que «los aspectos incluidos en el acuerdo nos parecen irrelevantes, innecesarios, y fuera de lugar ya que surgen como respuesta a la presión de la derecha, sin prever su repercusión en el conjunto de los pueblos y movimientos sociales».
Además, llaman al Ejecutivo a ponerse en su lugar e indicar que «El gobierno y los partidos políticos debieran estar abocados a su tarea de gobernar y legislar, respondiendo a las demandas sociales, al alza del costo de la vida, y las causas de fondo de la percepción de inseguridad, entre otras materias urgentes. Podrían, claro está, reformar la constitución del 80, lo que está dentro de sus atribuciones y competencias».
«Nos convocamos por todo ello a estar alertas y movilizados frente a este ejercicio de una voluntad política que desconoce en los hechos la voluntad popular actuando en nombre del pueblo. Nuestro llamado es a defender la constitución redoblando nuestro trabajo por el Apruebo en los territorios, en forma independiente de quienes se arrogan representatividad para decidir el futuro de la nueva constitución», manifestaron.
Por su parte, los integrantes del Movimientos Sociales Por El Apruebo, expresaron que «frente al acuerdo de reformas y medidas de implementación de propuesta de nueva Constitución anunciado por los partidos oficialistas el día de hoy, desde el comando de Movimientos Sociales Por El Apruebo llamamos a reafirmar la fuerza y protagonismo que han tenido los movimientos sociales y organizaciones populares en este largo proceso constituyente».
«En cada uno de los hitos que preceden a la coyuntura histórica del 4 de septiembre, ha sido decisiva la voluntad popular para terminar con la historia de abusos», subrayaron.
Acuerdo de partidos pretende despojar de derechos a pueblos indígenas
Varios sectores, organizaciones y actores políticos coinciden en que el texto firmado por todos los partidos del Ejecutivo retrotrae avances importantes logrados en el debate constitucional como en ámbitos de descentralización y autonomías territoriales, y en especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
En el tema de «Plurinacionalidad», el acuerdo de los partidos de gobierno plantea los siguientes aspectos:
Consulta indígena: “Se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
Consentimiento previo: “Se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
Autonomías territoriales: “Se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
Justicia indígena: “Reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.
Represión al movimiento mapuche
Desde el Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas (Ceppdi), indicaron que las propuestas de reformas en materia de derechos de pueblos indígenas son inconvencionales, y violan los principios generales del mismo proyecto de Constitución, redactado por la Convención.
«Tales reformas de desmantelar derechos, implicarán una brutal política de represión al movimiento mapuche (…) Es siniestro el pacto», plantearon a través de su cuenta en Twitter.
Al respecto, advirtieron que el único modo que tendrá el gobierno Boric y la clase política, para aplicar las reformas constitucionales orientadas a desmantelar los derechos de pueblos indígenas en la nueva Carta Magna, es mediante una brutal represión al movimiento mapuche y militarización del Wallmapu.
«Es el lado B del «acuerdo»», subrayaron.
Desde también plantearon que la pretensión de reformar Art 66, referente a la Consulta Indígena, para limitar consultas es inconvencional.
«Va contra el propio proyecto constitucional: rango constitucional de derechos reconocidos en Tratados: CADH, C169. Además, tal reforma debe ser sometida a consulta con Pueblos indígenas», indicaron.
Acuerdo sin participación de representantes indígenas
Claudio Nash, doctor en Derecho y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencia, condenó que el Presidente Gabriel Boric y las coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, hayan negociado a espaldas del pueblo para alcanzar el acuerdo que busca reformar la nueva Constitución, en caso de ser aprobada en el plebiscito de salida.
«El Presidente Boric y su coalición tienen esa mala costumbre de negociar a espaldas del pueblo. Es indignante ver cómo repiten, una y otra vez, las malas prácticas. Vamos a ganar, a pesar de ustedes», planteó el académico U. de Chile, en un mensaje compartido en Twitter.
Asimismo, condenó que varios puntos del mencionado acuerdo estén relacionados con normas relativas a pueblos indígenas, sin haber tomado en consideración «ninguna participación de representantes de dichos pueblos».
Exconvencionales repudian acuerdo del oficialismo
Varios exconvencionales de pueblos originarios expresaron su rechazo al acuerdo y señalaron que partidos oficialistas no están respetando la democracia.
Natividad Llanquileo, escaño mapuche, manifestó que «son una vergüenza».
«Ustedes son los responsables de todo lo que pasa. Están dejando sin efectos nuestros derechos», escribió en su cuenta en Twitter.
El exconvencional por escaño diaguita, Eric Chinga, en declaraciones ofrecidas a El Mercurio señaló que «los partidos políticos están interpretando a su manera un texto que fue elaborado por un órgano autónomo, el que nació luego de un proceso democrático».
«Esos partidos, que son los mismos que no han sabido solucionar la crisis política ni dar respuesta a las demandas ciudadanas, se sienten con la capacidad de dar respuestas, pero lo hacen una vez más de espaldas a la ciudadanía entre cuatro paredes. Y otra vez dejan a los independientes por los pueblos mirando desde lejos».
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