Álvaro Uribe Vélez sufrió un nuevo revés judicial. La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió archivar el caso contra Pablo Hernán Sierra, exjefe Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a quién el expresidente acusó de calumnia por haberlo señalado como parte de los fundadores del Bloque Metro, uno de los grupos paramilitares más violentos de la historia.
En junio de 2012, la Fiscalía le imputó al exmiembro de las AUC el delito de calumnia, pero tres años más tarde el fallo en su contra fue absolutorio. En ese entonces, los representantes del Ministerio Público, la Fiscalía y representante de las víctimas apelaron la decisión y el Tribunal Superior de la ciudad de Medellín, en sentencia del 5 de junio de 2015, confirmó la decisión.
Por tal motivo, la Corte señaló que no examinará los cargos propuestos en las demandas de casación, declaró la nulidad de lo actuado en las instancias inferiores a partir de la expedición del fallo y consideró que el proceso ya había prescrito.
Durante una entrevista que le realizó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, el 19 de agosto de 2011 en la cárcel de Itagüí , Pablo Hernán Sierra señaló a Uribe y a su hermano Santiago de ser cofundadores del grupo paramilitar Bloque Metro.
Ante el revuelo causado, los hermanos Uribe Vélez denunciaron al exparamilitar por el delito de calumnia.
“Yo valoro que haya terminado el litigio que entablaron los hermanos Uribe Vélez contra el exparamilitar Hernán Sierra. Esta decisión de última instancia deja en claro que el señor Sierra no habría incurrido en tal calumnia y que, por lo tanto, también esa acusación de que es un falso testigo queda totalmente debilitada y desmentida”, afirmó el senador Iván Cepeda en declaraciones a Semana Noticias.
La decisión de la Corte Suprema fue un duro golpe contra Uribe, quien arremetió contra el Senador y lo tildó de mentiroso.
“Miente Iván Cepeda. La Corte no absolvió a su falso testigo Pablo Hernán Sierra, al contrario, revocó la absolución y dijo que no puede investigar el delito porque está prescrito”, indicó.
Bloque paramilitar fundado por Uribe
El Bloque Metro de de las AUC causó terror en Colombia entre 1996 y 2003, al asesinar a más de 10 mil personas en el departamento de Antioquia. Más del 50 % de esas víctimas fueron ultimadas solo por ser sospechosas de tener vínculos con las guerrillas.
De acuerdo con las evidencias que recopiló el Tribunal de Justicia y Paz, el grupo paramilitar surgió en 1995 y durante años se ha tratado de descubrir quiénes fueron los responsables de su formación.
El senador Iván Cepeda y dos testigos que pertenecieron al Bloque Metro, Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda, han asegurado que tres parejas de hermanos fueron los fundadores de uno de los grupos más violentos en la historia colombiana.
Los hermanos serían: Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe; Pedro David y Santiago Gallón Henao; y finalmente Álvaro y Santiago Uribe Vélez.
Las investigaciones asocian el génesis del Bloque Metro con la hacienda Las Guacharacas, una finca de dos mil hectáreas dedicada a la ganadería y que era propiedad de la familia del expresidente y hoy senador colombiano.
Según los informes presentados por el senador Cepeda, el 2 de enero de 1995, cuando Uribe recién se había juramentado como gobernador de Antioquia, guerrilleros del ELN llegaron fuertemente armados a Las Guacharacas, sometieron a los trabajadores y le prendieron fuego a la casa principal. También se robaron 600 reses, seis caballos y dieron un plazo de 24 horas a los jornaleros para que abandonaran el lugar.
En un principio surgió la versión que por orden directa de Uribe el Ejército capturó al jefe guerrillero alias ‘Juan Pablo’, quien ordenó la operación en Las Guacharacas.
Sin embargo, al tiempo se supo que el operativo militar contra el jefe guerrillero nunca ocurrió, sino que Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, un comandante paramilitar, fue quien lo capturó y entregó al Ejército.
Posteriormente, las investigaciones judiciales concluyeron que ‘Lucas’ fue uno de los comandantes principales del Bloque Metro.
Otro punto clave es que en 1996, siendo Gobernador, Uribe legalizó la creación de la cooperativa de seguridad Convivir El Cóndor, concediéndole la dirección a Luis Alberto Villegas Uribe, un reconocido ganadero de la región y narcotraficante, con quien el expresidente mantuvo negocios de propiedades rurales en el nordeste antioqueño.
“El Cóndor contó con el aporte generoso de comerciantes y ganaderos de la región, entre los que figuran Santiago Gallón Henao, quien en marzo de 2010 aceptó ante el Juzgado Primero Penal de Antioquia su responsabilidad en el delito del narcotráfico”, reseñó Verdad Abierta.
A partir de la creación de cooperativa de seguridad, comenzaron a registrarse varias desapariciones, asesinatos y masacres en Antioquia, que justamente fueron perpetradas por el Boque Metro.
En 1996, el grupo paramilitar comenzó su expansión hacia diversas regiones de Antioquia con el fin de atacar a las guerrillas de las Farc y del ELN.
A través de actos violentos y masacres, el Bloque logro tener presencia y dominio en 45 municipios de las regiones del nordeste, norte y oriente del departamento, incluida la ciudad de Medellín y el área metropolitana.
Como consecuencia de los enfrentamientos entre altos mandos paramilitares, buena parte de sus hombres fueron asesinados y la estructura fue exterminada a finales de 2004, dejando una estela de miles de muertos y desplazados.
Investigaciones de la Fiscalía determinaron que fondos de la cooperativa Convivir El Cóndor fueron usados para pagos de miembros paramilitares del Bloque Metro.
María Patricia Trujillo, mano derecha de Luis Alberto Villegas Uribe y tesorera de la cooperativa, recibió una condena de ocho años por estos hechos, pero en 2005 admitió ser parte del Bloque Central y se acogió a Justicia y Paz.
Testimonios contra Uribe
Los testigos y exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra denunciaron que Uribe fue uno de los fundadores del Bloque Metro.
Monsalve declaró que fue trabajador de la hacienda Las Guacharacas mucho antes de la quema en 1995. Confesó haber ingresado a las filas del Bloque Metro e informó que la base militar de dicho grupo era la finca, propiedad de Uribe.
En su testimonio vinculó al expresidente colombiano con una masacre que perpetró el grupo paramilitar en el municipio de San Roque el 14 de agosto de 1996.
“La masacre se ordenó para recuperar el ganado. La ordenó Álvaro Uribe”, indicó, y también lo señaló como quien “coordinaba lo militar”.
Asimismo, este exparamilitar señaló a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, a los hermanos Luis Alberto y Juan Villegas Uribe, y a Santiago Gallón, como miembros de ese grupo armado ilegal.
Por su parte, Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, quien fue uno de los jefes del Frente Cacique Pipintá, coincidió con el testimonio de Molsalve, y relató que la creación del Bloque Metro obedeció al robo de 600 cabezas de ganado y de varios equinos de la hacienda Guacharacas; y se conformó para combatir al Frente Bernardo López Arroyave del ELN, al que se le atribuyó el hurto del ganado.
“Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó”, aseguró.
Como una las pruebas de su testimonio, el exparamilitar sacó a la luz un vídeo en el que se observa la relación del exmandatario con paramilitares.
La semana pasada, Pablo Hernán Sierra envió una carta desde la cárcel de Cómbita, en la que solicitó a Álvaro Uribe que renuncie al Senado por las sentencias en su contra.
Efecto búmeran
En la actualidad, existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Se conoce que 14 se encuentran en la Corte Suprema y otras 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Sin embargo, hay una que ha acaparado la atención, la de presunto fraude procesal y compra de testigos, y que justamente se relaciona con el Bloque Metro.
El caso por el que el exmandatario colombiano podría enfrentarse a una pena de entre seis y ocho años de cárcel, se inició con una paradoja.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo, acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y de narcotraficantes.
Para apoyar su acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares, incluidos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra,
Tras finalizar esa sesión, Uribe acudió a la Corte Suprema de Justicia para ampliar una demanda que ya había interpuesto contra Cepeda y lo acusó de buscar en las prisiones colombianas a antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra.
Luego de varios años y de evaluar una serie testimonios, en febrero de 2018 el máximo tribunal tomó una decisión que fue un duro golpe para las pretensiones de Uribe, pues no sólo cerró la investigación contra el político del Polo Democrático, sino que generó un efecto búmeran en su contra, ya que se le abrió una investigación formal por manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude procesal.
De este modo, Uribe Vélez terminó siendo investigado por el delito por el que demandó a Iván Cepeda.
En esa trama de sobornos están involucradas dos personas cercanas al ex Jefe de Estado quienes, al parecer, intentaron revertir las declaraciones de Monsalve, ofreciéndole dinero y beneficios judiciales a cambio de incriminar al senador Cepeda.
Se trata de Álvaro Hernán Prada, actual representante a la Cámara del Centro Democrático, y Diego Javier Cadena Ramírez, abogado personal de Uribe: ambos le habrían hecho los ofrecimientos al exparamilitar, reseñó la agencia BBC.
Asimismo, se supo que Cadena estuvo visitando varias cárceles para ofrecerle dinero a parte de los 42 paramilitares involucrados en el caso para que testificaran a favor del expresidente y su hermano Santiago.
De hecho, Monsalve aseguró tener una grabación del momento en que el abogado de Uribe lo presionó, y otros de los testigos denunciaron haber recibido dinero por parte del abogado, quien se defendió alegando que era parte de una «ayuda humanitaria» para los exparamilitares.
“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos (…) La Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, aseguró el alto tribunal al momento de abrir el proceso judicial.
Mientras que Uribe aguarda a que la Corte termine de resolver su situación jurídica por el caso de manipulación de testigos, también tiene pendiente la resolución del máximo tribunal por el escándalo conocido como la “Ñeñepolítica», que lo involucra con la compra votos para beneficiar al entonces candidato presidencial Iván Duque.
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