¡Nos salvamos! Gobierno y Senado reculan y prensa salva de cárcel por filtraciones

Al mediodía de hoy comienza en la Sala del Senado una sesión especial para votar en segundo trámite la agenda corta antidelincuencia hasta su total despacho a la Cámara.

En la oportunidad se encuentra previsto que se reabra la discusión sobre la controversia generada en torno a la indicación aprobada la semana pasada por unanimidad en el Senado, que sanciona con penas de cárcel a toda aquella persona que revele información reservada de una investigación judicial, consigna La Tercera.

La polémica indicación había sido redactada por el Gobierno a partir de planteamientos del fiscal nacional (S) Andrés Montes y una serie de senadores de la comisión de Constitución, quienes advertían que las filtraciones de diligencias ponían en riesgo el éxito de la investigación y vulneraban el principio de presunción de inocencia de los imputados.

Si bien el Código Penal establece sanciones para los funcionarios públicos, se introdujo una enmienda al artículo 182 del Código Procesal Penal, que fijaba una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio a toda persona que revelara datos de las pesquisas.

La medida generó críticas de distintos sectores -entre ellos, la Asociación Nacional de la Prensa, del Colegio de Periodistas y la Corte Suprema-, muchos de los cuales advirtieron que la medida podía atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

A raíz de los cuestionamientos, los senadores y el gobierno retrocedieron y ayer suscribieron un acuerdo para revertir la medida y excluir a la prensa de estas sanciones. El perfeccionamiento considera el ingreso de una nueva indicación patrocinada por el Ejecutivo.

Nueva enmienda

Hoy, a partir de las 11.30, los jefes de comité del Senado junto con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta se reunieron en la sede del Congreso en Santiago con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. En esa cita se acordó mejorar la redacción de la norma. Para eso se selló un compromiso transversal para que hoy todos los senadores entreguen la necesaria unanimidad para reabrir la discusión de la indicación que ya había sido aprobada por el Senado.

“Lo que se ha visto es cómo poder conciliar la necesidad de mantener el secreto de la investigación respecto de quienes son los intervinientes en ella y aclarar que la norma sólo se refiere a ellos, y que no se refiere en ningún caso a terceros y menos a la prensa. Si es necesario aclara aquella norma, la disposición está en ese sentido”, dijo el jefe del Ministerio Público a la salida de ese encuentro.

Más tarde, la ministra Blanco y el fiscal Abbott volvieron a reunirse, esta vez sólo con los miembros de la Comisión de Constitución del Senado.

En ese encuentro se acordaron los detalles de la nueva indicación que perfeccionará la norma,  acotando y especificando quiénes podrían ser sancionados penalmente en caso de filtraciones de casos judiciales.

La propuesta de modificación apuntaría a sancionar a los funcionarios públicos que hayan sido parte de la investigación -como fiscales, personal de la PDI y actuarios- y a los “intervinientes” del proceso, es decir,  imputados, víctimas, abogados querellantes y defensores, dejando fuera a los periodistas.

“Estamos disponibles para dar la unanimidad y aclarar que nunca se pensó que la norma sancione a periodistas”, agregó el jefe de los senadores de RN, José García.