El fallo, en primer término, desconoce que el recurso de protección sea representativo de todos los locatarios del mercado y aclara que solo representa a la Sra. Yolanda Opazo. Es así como el desarrollo del fallo se refiere a ella y no a la Asociación del Tirso de Molina como los abogados de la UDI intentaron promover.
En segundo término, la Corte respalda la facultad del municipio de Recoleta de dejar sin efecto los permisos en cualquier momento, sin expresión de causa y sin otorgar derecho de indemnización alguna.
De hecho, la Corte respaldó este argumento a partir de los documentos presentados por la propia recurrente, la Sra. Yolanda Opazo. En este punto, es importante destacar que la Corte indica que la Sra. Opazo no presentó ningún documento en el cual constará que la Municipalidad le puso término a su permiso.
Como tercer y último punto, la Corte de Apelaciones reconoce expresamente que la Municipalidad de Recoleta está actuando conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la ordenanza que regula el Tirso de Molina.
Posteriormente, a mayor abundamiento, la Corte hace referencia a los fallos de recursos de protección anteriores en los cuales ha obtenido en Corte la Municipalidad.
“Que a mayor abundamiento, esta situación ya ha sido sometida a conocimiento de esta Corte en diversos recursos según consta de los roles números 129.832, 131.615 y 131,622 todos del año 2013, los que no han sido acogidos, declarándose que el actuar de la autoridad edilicia, no ha tenido el carácter de ilegal ni de arbitrario sostenido por los recurrentes de esas causas”.
Resulta relevante destacar que el fallo que rechaza el recurso además condena en costas a la recurrente, es decir, la Sra. Yolanda Opazo deberá pagar los gastos en que la Municipalidad incurrió por la tramitación del presente recurso.
Esto es, sin duda alguna, un rotundo triunfo del Municipio, quien ha actuado conforme a la normativa vigente y en virtud de hacer del Tirso de Molina un espacio no solo comercial sino también cultural y turístico para todos y no para un grupo reducido de personas que por años se ha enriquecido ilegalmente.
El fallo es una tremenda derrota para la UDI que no solo ha asesorado a un grupo de locatarios de este mercado de abastos sino también financiado a sus abogados, junto con levantar una campaña mediática del terror que intenta enlodar la imagen de la gestión municipal.
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