El plan presentado por el mandatario incluye la creación de una nueva fuerza de trabajo que proponga pasos concretos para “construir la confianza pública” en las fuerzas policiales de todo el país; 263 millones de dólares para el desarrollo de la llamada “Iniciativa de control policial comunitario”, que incluye 75 millones de dólares para proporcionar cámaras corporales para casi 50 mil agentes -los gobiernos locales y estatales correrán con el restante 50 por ciento de los costos-; y una orden ejecutiva que busca restringir las normas para el otorgamiento a las fuerzas policiales locales de equipamiento y armas de tipo militar, como las usadas en la represión a los manifestantes de Ferguson.
El anuncio oficial, producto de la revisión de tres meses ordenada luego del asesinato del joven Brown y las posteriores protestas, fue realizado el lunes, mientras Obama mantenía varias reuniones con su gabinete, con representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles y funcionarios de seguridad.
“El presidente y su administración están muy enfocados en los asuntos subyacentes que se han revelado de manera bastante cruda en Ferguson”, sostuvo el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, en declaraciones a la prensa.
Asimismo, el portavoz señaló que el presidente no quiere tocar los programas federales de transferencia de armamento del Pentágono a las policías locales, bajo el argumento de que resultaron ser útiles en otras ocasiones, como en el atentado contra el Maratón de Boston.
“No está claro que haya una inconsistencia con respecto a la forma en que se implementan, se estructuran y se auditan estos programas, y eso es algo que necesita ser abordado”, indicó Earnest.
Con anterioridad, Obama parecía estar de acuerdo con la incompatibilidad de esos programas. “Hay una gran diferencia entre nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas de seguridad locales, y no queremos que esas líneas se desdibujen”, señaló el mandatario cuando se daban a conocer las imágenes de la brutal represión de las protestas de Ferguson, acompañada de una fuerte militarización de la policía local.
Desde 1997 el Pentágono invirtió en armamento para la policía alrededor de 4300 millones de dólares, con un aumento en los últimos años en que se distribuyeron grandes cantidades de armas en el marco del fin de las guerras y la reducción de tropas estadounidenses en Afganistán e Irak.
De forma paralela, el presidente envió al Fiscal General, Eric Holder, a realizar una gira por las comunidades en todo el país. Holder pronto dará a conocer nuevos lineamientos federales destinados a limitar la discriminación racial.
Las protestas
Mientras tanto, continúan manifestaciones y vigilias en numerosas ciudades, luego de que un proceso judicial determinara no presentar cargos contra Darren Wilson, el agente que disparó mató a Brown. Tras los levantamientos en más de 170 ciudades de la semana pasada, el lunes se convocó a un paro al medio día, momento en que fuera baleado el joven afroamericano, donde participaron cientos de estudiantes de una treintena de ciudades.
En este marco 800 jóvenes se congregaron Nueva York, en la plaza Union Square, y luego bloquearon la Tercera Avenida. También hubo manifestaciones en las universidades Yale y Harvard, en la de Misuri, y la Universidad de California en Los Ángeles, entre otras. A la vez, se realizó un acto frente al Departamento de Justicia en Washington, y otros frente a tribunales y oficinas federales en varias ciudades.
Las protestas se han nutrido también de otros hechos de violencia racial ocurridos a mediados de noviembre. Tamir Rice, de 12 años, murió en un parque de Clevelant a causa de disparos cuando jugaba con un arma de juguete. La muerte de Rice se produce meses después de que la policía en Ohio le disparara fatalmente a John Crawford, de 22 años, después de que recogiera una pistola de juguete dentro de una tienda comercial. A su vez, en Nueva York, Akai Gurley, de 28 años, murió luego de ser baleado en el torso cuando se encontraba sentado desarmado en las escaleras poco iluminadas de un edificio de vivienda social de Brooklyn.
Recientemente, la Comisión contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas emitió un informe en el que expresa su preocupación por los numerosos informes de brutalidad policiaca y uso excesivo de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, en particular contra miembros de ciertos grupos raciales y étnicos en Estados Unidos. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación respecto a si las investigaciones sobre estos casos, al igual que los castigos, son suficientes y efectivos.