Aunque los problemas son muchos, los que últimamente han concentrado la preocupación de los rapanui son: la adopción de una estatuto de autonomía, regular la migración a Isla de Pascua, reconocimiento de su propiedad ancestral sobre el territorio insular y la definición de un modelo de administración del Parque Nacional Rapa Nui (PNRN), acorde a los estándares de derechos indígenas.
El 15 de agosto el Parlamento Rapa Nui ocupó los accesos al PNRP y asumió de hecho su administración. Esto generó una rápida reacción del Estado de Chile. Ese mismo día, fue detenido el presidente del Parlamento Rapa Nui, Leviante Araki, y el Sr. Mario Tuki, también miembro de dicha organización, acusados de desórdenes en la vía pública. Posterior a dichas detenciones, la Fiscalía de Isla de Pascua inició una investigación penal acusando a los rapanui de cobro ilegal de entradas al Parque, hecho que ha sido tipificado por ésta como estafa contra el Fisco de Chile, ordenando el envío de efectivos policiales a la sede del Parlamento Rapa Nui. Esto, con el fin de decomisar ticket de venta de entradas al PNRN y cualquier material que pudiera avalar dicha acusación. Tras esta diligencia, la Fiscalía ordenó el cierre del Parlamento Rapa Nui.
Posteriormente, el miércoles 26 de agosto, fue detenido en el aeropuerto de Santiago de Chile el empresario hotelero y líder del Pueblo Rapa Nui, Matías Riroroko Pakomio, de 72 años de edad. El Sr. Riroroko destaca no solo por ser un comprometido militante de la causa de su pueblo, sino también por ser dueño del Hotel Iorana en Isla de Pascua y de hoteles en San Pedro de Atacama y Cuzco. Su detención fue ordenada verbalmente por la jueza de Isla de Pascua, María Cornejo, siendo implementada por la Policía de Investigaciones (PDI) en Santiago. Riroroko fue trasladado a la Cárcel Santiago Uno, sin considerar que presenta un delicado estado de salud.
Al día siguiente fue llevado a Rapa Nui, donde se realizó la audiencia de control de detención. En paralelo, la jueza Cornejo ordenó la detención de su hija, Elisa Riroroko. En audiencias separadas, la magistrada dio a ambos 120 días de prisión preventiva, mientras dura la etapa de investigación. Los dirigentes rapanui antes individualizados fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, desacato, obstrucción a la investigación, atentado contra la autoridad y estafa. Los hechos que fundan esta formalización sería el supuesto cobro ilegal de entradas al PNRN.
La medida de prisión preventiva para los Riroroko fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el pasado viernes 4 de septiembre, al no poder acreditarse ninguno de los delitos imputados.
Actualmente, en el marco de esta persecución, son dos las organizaciones rapanui investigadas por el delito de asociación ilícita: la Asociación Indígena He reo o te Rapa Nui y el Parlamento Rapa Nui.
Es necesario destacar que todas las acusaciones formuladas por la Fiscalía han sido respaldadas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Debiéndose consignar que CONAF ha incumplido compromisos contraídos con el Pueblo Rapa Nui, que apuntaban a definir en conjunto con éste un modelo de administración del Parque Nacional Rapa Nui acorde a los estándares de derechos indígenas establecidos en el derecho internacional y en el Convenio 169 de la OIT.
El Observatorio Ciudadano repudia las acciones de criminalización de que está siendo víctima el Pueblo Rapa Nui y sus líderes. Esta situación es intolerable a la luz de los derechos indígenas reconocidos por medio de instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por Chile y vigentes en el ordenamiento jurídico chileno. Asimismo es inaceptable que las autoridades reaccionen de la manera que se denuncia, considerando que el Estado de Chile ha violado sistemáticamente los derechos del Pueblo Rapa Nui y se niega hasta ahora, de forma arbitraria e ilegal, a restituirle las tierras que son de su propiedad.
Las autoridades chilenas omiten además que tienen obligaciones legales con el Pueblo Rapa Nui que legitiman sus demandas, especialmente en lo que refiere a generar un modelo de gestión del PNRN con participación directa de los rapanui, a respetar su derecho a beneficiarse de los recursos que genere el PNRN y a que se le restituyan en propiedad las tierras que configuran esta unidad.
Hacemos un llamado a las autoridades para deponer la actitud intransigente que ha marcado la relación con la dirigencia y el Pueblo Rapa Nui, y responder a las demandas de este pueblo con pleno respeto a los derechos indígenas, tal y como exige el estado de derecho en una verdadera democracia.
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