Observatorio Ciudadano entrega carta a Bachelet por violencia policial contra niños mapuche

A juicio de esta organización no gubernamental, se trata de hechos violatorios de derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.  En la misiva, que incluye un anexo fotográfico para documentar los casos denunciados, le  solicitan que se ordene la realización de una investigación administrativa para determinar responsabilidades y la sanción de los funcionarios involucrados, incluyendo la remoción de las filas de la institución, y que el Gobierno se haga parte de los juicios penales que sean presentados.

Los padres de uno de los niños afectados, quien fue herido por perdigones por parte de efectivos del Gope y luego subido a un helicóptero de la institución, desde fue amenazado con ser lanzado al vacío si no entregaba nombres de personas que en esos momentos realizaban una ocupación de la cual él no participaba, presentaron hoy, con el patrocinio del Observatorio Ciudadano, una querella criminal por torturas contra Carabineros en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Mediante carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, entregada ayer en La Moneda con copia a los ministros Edmundo Pérez Yoma y José Antonio Viera Gallo (Coordinador de Asuntos Indígenas), además del General Director de Carabineros, Eduardo Gordon, y la Comisionada Presidencial de Derechos Humanos, Danae Mlynarz, el Observatorio Ciudadano denunció una serie de hechos de violencia policial de carabineros que en los últimos días han afectado a niños mapuche, solicitando su investigación administrativa y que el gobierno se haga parte en las acciones judiciales que se emprendan, con el propósito de evitar la impunidad en que han quedado en el pasado crímenes que han afectado a personas mapuche, incluyendo niños, con graves implicancias para la convivencia interétnica en la región de la Araucanía.

En la misiva se solicita además que el gobierno tenga presente la cadena de mando existente al interior de las instituciones policiales, a fin de determinar las responsabilidades que corresponden a los superiores jerárquicos que con su acción u omisión han avalado los hechos denunciados.

En total son cuatro los casos documentados e informados por el Observatorio Ciudadano en su carta a la presidenta, los que han afectado a niños de las comunidades de Temucuicui, José Guiñón y José Jineo Ñanco, y que han incluido detenciones ilegales, tortura, menores de edad heridos por perdigones e intoxicados a causa de gases lacrimógenos, como da cuenta el anexo fotográfico que ilustra la gravedad de las lesiones y uso excesivo de la fuerza por parte de carabineros.

“Se trata de hechos que resultan claramente violatorios de derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional, incluyendo la Constitución Política, y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, entre ellos la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura, la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, y que por lo mismo comprometen la responsabilidad del Gobierno que Usted dirige”, señala la carta entregada.

El actuar de Carabineros vulnera también de manera manifiesta las disposiciones del Código Procesal Penal, en particular las normas relativas al procedimiento de detención contempladas en el artículo 127 de este cuerpo legal, así como las normas que regulan las diligencias de órdenes de ingreso, registro e incautación en allanamientos decretados por la justicia (artículos 205, 212, 211, 216 y 221 del CPP).  “Cabe tener presente que el allanamiento es una medida de excepción, sin embargo, esta medida según evidencian los hechos relatados constituye la regla general cuando se trata de reunir evidencia inculpatoria contra miembros del pueblos Mapuche”, se asegura en el documento.

Se han violado además los propios reglamentos internos de Carabineros, en especial lo dispuesto en el N° 5 del artículo 22 del Reglamento 11 de disciplina de la institución (Decreto 900 de M. Interior de 1967), que señala que se considera como abuso de autoridad “toda extralimitación de atribuciones, ya sea contra los subalternos o contra el público, y todo hecho que pueda calificarse como abuso de funciones, siempre que no alcance a constituir delito”.  Y, a la luz de los hechos, se asegura que es posible “concluir que los funcionarios habrían cometido el delito de violencia innecesaria, tipificado en el artículo 330 nº 4 del Código de Justicia Militar”.

Los casos denunciados:

Niños impactados por balines en la comunidad de Temucuicui, Ercilla

El viernes 2  de octubre fue herido de un balín de goma en la cabeza, muy cerca del ojo, el niño F. M. M. de 10 años de edad, en momentos en que se encontraba buscando a sus animales.  El disparo fue efectuado por carabineros, quienes se encontraban realizando un operativo en la comunidad.  Al pequeño se le diagnosticó una herida en la región parietal, sin compromiso.  Si bien el niño está fuera de riesgo vital, permaneció internado en el centro asistencial de Victoria.  El niño aseguró no tener vinculación alguna con las situaciones de conflicto que en ese momento se verificaban en Temucuicui.

Otro caso fue el que afectó a el niño A. A. C. H. de 12 años de edad, también de Temucuicui, quien el sábado 3 de octubre recibió el impacto de un perdigón en sus piernas, siendo internado en el centro asistencial de esa comuna.  La familia denunció que el niño fue atacado a mansalva por los carabineros dentro del predio de la comunidad, y en un lugar distante de donde en ese momento se verificaban enfrentamientos entre el contingente policial y los integrantes de la comunidad.

Niño herido por perdigones, subido a helicóptero policial y torturado por carabineros

El día 5 de octubre pasado, F. P. M. fue objeto de grave maltrato de obra y de palabra por efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros con serio peligro para su vida, integridad física y síquica.  Ese día F. P. M. salió temprano de su casa en la comunidad de Rofúe en dirección a la casa del Machi Fidel Tranamil, dirigiéndose posteriormente ambos a un pitxantu (humedal) a recolectar  remedios para su tratamiento, puesto que el pequeño padece de una enfermedad.  Estando allí, ambos vieron a carabineros acercarse efectuando disparos al sector en persecución de unos jóvenes de las comunidades Francisco Millanao, José Jineo Ñanco e Ignacio Filumil, los que al parecer participaban de la ocupación de un predio vecino, el fundo Santa Lucía.

Cuando fue visto por los efectivos del GOPE, éstos procedieron a dispararle balines, los que impactaron de frente en su pierna derecha.  Posteriormente el niño se dio vuelta, recibiendo nuevos impactos en su espalda y codo derecho.  Dado lo ocurrido, el niño intentó huir del lugar, siendo perseguido desde un helicóptero a ras de tierra por los efectivos policiales, los que lo alcanzaron a tres kilómetros de distancia, cerca de la comunidad llamada Pichiloncoche.  Allí, siendo apuntado con un arma por uno de los integrantes del GOPE, y bajo amenaza de muerte, fue sumergido en un canal, quedando completamente mojado.

Más tarde fue llevado hacia el helicóptero, donde le amarraron las manos, lo golpearon y lo obligaron a subir a la nave.  Una vez en vuelo, botado desde el piso con la cabeza hacia el exterior y con las puertas del helicóptero abiertas, los efectivos de carabineros lo amenazaron con lanzarlo a tierra sino daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la acción en el fundo Santa Lucía.

El niño fue trasladado por carabineros al consultorio de Vilcún a constatar lesiones, donde el doctor y la enfermera que le atendían le restaron importancia a sus lesiones, señalando que eran solo rasguños, dando también un trato discriminatorio al niño.  Tras ello lo llevaron a la Comisaría de Padre Las Casas, donde estuvo alrededor de tres horas, sin que sus padres fuesen informados.  Cuando llegaron al lugar, fueron conminados a firmar un documento sin fecha en la cual señalaban que el menor era acusado de usurpación  de tierras.  El padre, José Painevilo, se negó a firmar por no corresponder a la realidad.  Finalmente, los padres llevaron al niño al hospital de Maquehue y de Temuco, donde se confirmó que sus lesiones eran productos de disparos de perdigones.

Caso de operativo realizado en la cercanía de la escuela de la comunidad de Temucuicui, Ercilla, afectando la integridad de niños

El viernes 16 de octubre, alrededor de las 2 pm, un fuerte contingente de carabineros y efectivos de civil ingresaron a la comunidad, en momentos en que alrededor de 80 personas se reunían junto a  funcionarios de CONAF en la escuela rural de Temucuicui para suscribir acuerdos para la contratación de integrantes de la comunidad en programas de empleo ofrecidos por dicho organismo.  En la escuela, además, se encontraban presente gran número de mujeres y niños.

Sin previo aviso, y sin mostrar orden de allanamiento, los efectivos policiales que se movilizaban en una bus, una tanqueta y alrededor de 10 camionetas, procedieron a disparar balines y gases lacrimógenos hacia la escuela desde una distancia de alrededor de 200 metros.  El operativo policial, que tuvo una duración de aproximadamente 30 a 40 minutos, dejo alrededor de doce heridos con balines de perdigones, entre ellos niños, y a cerca de 30 personas con asfixia, como fue acreditado por los propios funcionarios del organismo estatal.

Durante este irregular operativo fueron detenidos el Longko y el werken de la comunidad, Juan Catrillanca y Mijael Carbone, respectivamente, siendo trasladados hasta la comisaría de Collipulli.  Carbone denunció que durante el traslado fue golpeado e insultado por carabineros, y que que carabineros arrojó gases lacrimógenos al interior del carro donde era llevado junto al Longko, autoridad máxima de la comunidad.  Una vez dentro de la comisaría, carabineros lo engrilló de un brazo y un pie detrás de la espalda, mientras lo golpeaban en distintas zonas del cuerpo.  Ambos fueron liberados horas más tarde por falta de méritos.

Niño de 13 años de la comunidad José Guiñon es detenido, hecho negado por carabineros a delegación internacional de derechos humanos

A partir de la madrugada del viernes 16 de octubre, carabineros desarrolló un violento operativo al interior de la comunidad José Guiñon, ubicada también en la comuna de Ercilla.  Durante el operativo, fue allanada la casa del Longko de la comunidad, José Cariqueo, quien fue detenido junto a su hijo de 13 años, M. C., y a los comuneros Freddy Marileo y Luis Humberto Marileo.

De acuerdo al testimonio de Adriana Loncomilla, Machi de la comunidad y esposa del Longko, carabineros al momento de hacer ingreso a su hogar no exhibió orden judicial alguna, que fue exigida por ella, procediendo a registrar todo el inmueble.  La machi fue sacada al exterior, siendo sus manos amarradas por la espalda con cintas pláticas a modo de esposas y mantenida inmovilizada en el suelo.  De acuerdo al testimonio de la Machi, su hijo menor (M.C.) estaba comiendo cuando llegaron los efectivos de carabineros, siendo golpeado y amarrado de las manos, dejándolo herido.

A las 15:00 horas, una delegación de trabajadores de derechos humanos que visitaban el lugar encontró a la machi aún maniatada en el suelo, con signos de haber sido golpeada.  La delegación se trasladó a la comisaría de Collipulli para obtener información acerca de los detenidos, donde el jefe de unidad, Cristián Alarcón, negó que dichas personas estuvieran detenidas.  Especialmente preocupante es la situación del niño, ya que cuando fue liberado, “tenía sangre en el chaleco y en el cuerpo, además de heridas en la espalda”, según informó Pablo Ruiz, miembro del Comité Ético contra la Tortura que acompañaba la delegación de observadores.

por Paulina Acevedo

Observatorio Ciudadano