Antes de abordar este aspecto, hay que realizar dos consideraciones previas.
La corrupción es el modo natural de operar de las grandes empresas brasileñas, en particular en el sector de la construcción civil que contrata directamente con el Estado, a nivel federal, estadual o municipal. En Brasil no existe financiación estatal de las campañas electorales, papel que juegan las grandes empresas por cuyos aportes disputan los candidatos.
Por cada dólar que invierten en las elecciones, las empresas recogen mucho más en contratos de obras. Esto es algo aceptado y todos en Brasil conocían el modus operandi de los políticos. Un informe sobre las elecciones de 2006, reveló que las empresas recibieron entre 14 y 39 veces el valor donado a los partidos en contratos con el poder público en los años siguientes.
Las grandes empresas privadas brasileñas nacieron bajo el ala del Estado. Se trata grupos familiares que comenzaron con medianos emprendimientos como lo muestran los propios nombres de muchas de ellas: la siderúrgica Gerdau, el frigorífico JBS (fundado por Jose Batista Sobrinho, es la mayor procesadora de carne del mundo) y las constructoras Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Odebrecht, entre las más importantes.
Las cosas cambiaron cuando en 2007 Lula firmó la Estrategia Nacional de Defensa (END) que estableció los caminos para potenciar el complejo militar industrial en Sao José dos Campos (estado de Sao Paulo) y las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas. En 2008 se rubricó un acuerdo estratégico con Francia para la construcción de cinco submarinos (cuatro convencionales y uno nuclear) incluyendo transferencia de tecnología.
El Programa Nacional de Desarrollo de Submarinos (PROSUB) contemplado en la estrategia de defensa, se propuso adquirir las capacidades necesarias para que la Marina estuviera en condiciones de negar el uso del mar a cualquier país extranjero, con dos tareas centrales: la protección de la Amazonía, estableciendo una segunda base naval en la desembocadura del Amazonas, y la defensa de los yacimientos de petróleo en la plataforma marítima (pre-sal), las mayores reservas encontradas en el mundo en décadas.
Para la construcción de los submarinos se formó la empresa Itaguaí Construcciones Navales, integrada a medias por Odebrecht (que creó un área especializada denominada Odebrecht Defensa y Tecnología) y la francesa semiestatal DCNS con larga experiencia en construcciones navales. La nueva empresa es coordinada directamente por la Marina de Brasil. Los acuerdos incluyen la construcción de un astillero, una base naval y la Unidad de Fabricación de Estructuras Metálicas en la Bahía de Sepetiba, en Río de Janeiro, todas ellas ya finalizadas.
En este momento se están construyendo los cascos de tres submarinos, dos de ellos completamente elaborados en Brasil, y se espera que pronto comience la construcción del submarino nuclear. Con ello el país ingresaría al selecto club de países capaces de fabricar submarinos nucleares, y sería junto a India el único país que no integra el Consejo de Seguridad permanente de la ONU con esa capacidad.
Especialistas militares no dudan en sospechar que detrás de las denuncias sobre corrupción de Odebrecht existe un interés geopolítico por impedir que Brasil desarrolle sus capacidades de defensa, como lo señala defesaneet.com.br, una de las principales páginas militares del país.
Sin embargo, la reacción más potente de los militares se produjo luego del encarcelamiento del almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, en julio de 2015, considerado el padre del programa nuclear brasileño. El almirante fue acusado de desvío de fondos en la construcción de una central nuclear, pero la publicación Defesanet lo defendió en un editorial por haber impulsado el programa de enriquecimiento de uranio, en particular por su espíritu nacionalista que lo llevó a «enviar sus técnicos, en los años 80 y 90 a Alemania Oriental y la Unión Soviética en busca de conocimientos bloqueados en Occidente».
Los militares nacionalistas no olvidan que los proyectos de construcción de su defensa nuclear, desde los submarinos hasta el enriquecimiento de uranio, fueron sistemáticamente bloqueados por la derecha brasileña aliada de las potencias occidentales, y en particular de los Estados Unidos. La prisión del almirante Othon, presidente de la estatal Electronuclear, es interpretado por estos militares de modo similar a las denuncias contra Odebrecht: el debilitamiento de sectores estratégicos de la defensa.
Aún sin estar de acuerdo con esta posición de los militares nacionalistas, suena sospechoso que habiendo decenas de empresas involucradas en actos de corrupción, sea Odebrecht la que está en el ojo de la tormenta, la que fue tomada como símbolo de los actos ilegales en toda la región sudamericana. El tiempo y nuevas filtraciones dirán quién maneja los hilos de la operación Lava-Jato. Por ahora lo incuestionable es que el estratégico programa de submarinos sufre importantes retrasos, ya que el primero debía haber sido botado en 2015.
Raúl Zibechi
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