Un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron este martes la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por el Caso Convenios.
El libelo —que cuenta con 81 páginas— fue presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y apunta a responsabilidad política del secretario de Estado por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la secretaría regional ministerial (seremi) de la cartera a Democracia Viva, refiere CNN Chile.
La acusación cuenta con firma de diputados de Chile Vamos, Partido Republicano, Partido de la Gente, Social Cristiano y de la UDI.
En el texto, se acusa directamente al secretario de Estado como único responsable político de haber infringido el principio de probidad consagrado en el inciso primero del artículo octavo de la Constitución.
La denuncia, además, revela conflictos de interés, ya que el director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, mantiene una relación sentimental con la diputada Catalina Pérez, de la Región de Antofagasta, mientras que el seremi fue asesor de la misma parlamentaria.
Se señala que los equipos técnicos fueron separados de las decisiones relacionadas con la asignación de presupuestos, lo que se considera inapropiado y poco transparente. Esta preocupación fue comunicada a las autoridades en el nivel central del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Cabe recordar que la comisión investigadora del Caso Convenios, en sus conclusiones, le atribuyó a Montes una «reprochable inobservancia de las conductas de los seremis».
Hace una semana, los diputados de la bancada del Partido Socialista, así como diferenets representantes del Gobierno Nacional manifestaron su respaldo a Montes.
Desde el Gobierno, afirman que no existen fundamentos que sostenga una acusación constitucional contra el ministro Montes.
En punto de prensa, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, destacó el trabajo de la Fiscalía y afirmó que las investigaciones realizadas por la instancia, junto con la Contraloría General, evidencia el correcto funcionamiento de las instituciones.
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