La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que busca establecer las responsabilidades políticas y administrativas de los estamentos vinculados a la malversación de $ 26 mil millones, se encuentra en su etapa final de trabajo.
Las conclusiones finales quedaron plasmadas en un informe que debe ser votado por la instancia compuesta por los diputados Jaime Pilowsky (DC), Leonardo Soto (PS), Gustavo Hasbún (UDI), Hugo Gutiérrez (PC), Gonzalo Fuenzalida (RN), María José Hoffmann (UDI), Felipe Letelier (PPD), Fernando Meza (PR), Claudia Nogueira (UDI), Sergio Espejo (DC), Pedro Browne (Ind.) y Osvaldo Andrade (PS). En el informe destaca la propuesta sobre la salida del GEneral Director, Bruno Villalobos, por su responsabilidad en los hechos.
Según publica La Tercera, el informe establece una serie de medidas para evitar que ocurra este tipo de fraude. Una de estas, que fue incluida por Leonardo Soto, estipula que el actual general director habría fallado en detectar la malversación: “Particular responsabilidad tiene el general Villalobos, quien además fue director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, repartición de la cual dependía el Departamento de ‘Asuntos Internos’ que debía detectar y combatir actos de corrupción funcionaria».
«Por todas las consideraciones anteriores, a juicio de esta Comisión se debiese hacer efectiva la responsabilidad política y administrativa que asiste al general Villalobos renunciando o siendo separado de su cargo en Carabineros”, señala el documento. Agregan que también son responsables de no haber detectado este fraude los ex directores generales anteriores que ocuparon el cargo desde 2006: Eduardo Gordon y Gustavo González», recalca Soto.
Lo mismo con los ex altos oficiales que se desempeñaron en la Dirección de Finanzas. “Son responsables de una negligencia inexcusable en el ejercicio de sus funciones, al no establecer sistemas de control efectivos para las operaciones, particularmente del sistema de pago de remuneraciones y desahucios, entre otros», al mismo tiempo, agrega que «la información disponible a la fecha identifica como responsables de esta negligencia a los generales que ejercieron dicho cargo Julio Pizarro e Iván Whipple, quienes se excusaron de asistir a la comisión”.
El punto sobre la petición de la salida de Villalobos será uno de los temas complejos de discusión entre los parlamentarios. El diputado Browne indicó que “tenemos hasta el lunes para analizar el texto y las observaciones que se harán, y una vez que esté el documento vamos a tomar la decisión el 6 de noviembre cuando votemos. Pero evidentemente que hay una responsabilidad política importante”.
El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) manifestó que “no considero que el general Villalobos tenga responsabilidad en el fraude; al contrario, creo que ha colaborado y que lo que hizo fue transparentar todo lo que estaba sucediendo. Por eso no voy a respaldar que se apunte a él como uno de los culpables y que se le solicite que deje el cargo”.
Mientras que Leonardo Soto (PS) sostuvo que “en el caso del general Villalobos, a él le correspondió estar a cargo de los servicios de Inteligencia por más de un año, de lo cual depende el Departamento de Asuntos Internos que tenía la función de monitorear el comportamiento de funcionarios y que la institución no fuera infiltrada por organizaciones criminales, como pasó con esta red”.
Finalmente, Marcela Sabat manifestó que “deberíamos desarrollar una crítica a la forma como se reaccionó una vez desatada la crisis y a la implementación de las medidas comprometidas”.