Ponerle fin a un beneficio del que gozan las AFP -consistente en cobrar hasta un 20% de los intereses que devenguen las cotizaciones adeudadas a los trabajadores- es el espíritu de una nueva iniciativa parlamentaria promovida por la diputada Alejandra Sepúlveda (IND).
Una vez asegurada la constitucionalidad del proyecto, que se encuentra en segundo trámite legislativo, la iniciativa busca que sean de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza, integrándose completamente los intereses a la cuenta de capitalización individual del afiliado.
Desde el año 2001 hasta 2016, el decreto ley 3.500 que data de 1980 y establece un nuevo Sistema de Pensiones, ha entregado a las Administradoras de Fondos de Pensiones la considerable suma de $26.000.000.000.
Si bien los integrantes de la Comisión manifestaron que concuerdan con el fondo de la propuesta, hicieron público su rechazo y dejaron constancia que la facultad para presentar cambios a la ley 3.500 sólo es potestad del Ejecutivo, por lo que solicitaron para la próxima sesión los informes respectivos de la Cámara de Diputados que permitieron la admisibilidad del proyecto de ley.
600 millones mensuales para las AFP
La senadora Adriana Muñoz (PPD), presidenta de la Comisión, indicó que la propuesta nace porque «a raíz de la quiebra de la Universidad del Mar, se dieron cuenta que había un mecanismo que faculta para que las Administradoras perciban un porcentaje del total de los intereses que se cobran cuando hay morosidad por parte de los empleadores en el pago de las cotizaciones».
Los argumentos de la propuesta provienen de críticas al sistema de pensiones, recordando que una parte fundamental de los recursos del sistema lo componen las cotizaciones obligatorias, las que deben ser pagadas a la AFP por el empleador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que fueron descontadas de las remuneraciones del trabajador. Si esto no ocurriese en el plazo, el empleador será sancionado con multas, que incluyen el cálculo de reajustes e intereses, de los cuales una parte le corresponden a la AFP. Por ejemplo, y de acuerdo a la circular de 2016 de la Superintendencia de Pensiones, «si una cotización se adeuda desde agosto de 2015 y se paga el 1 de abril de 2016, se aplica un 11,99% de interés penal y un 6% de recargo, de lo cual un 2,27% le corresponde a la AFP», señala el boletín.
Por estas costas, según indicó desde la Subsecretaría de Previsión Social, Jeannette Jara, y el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, son unos 600 millones de pesos mensuales los que reciben las AFP, lo que representa entre el 1% y 2% de sus utilidades anuales.
Basta de abusos
Si bien los senadores Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN) indicaron que están a favor de la norma, precisaron que se debe asegurar la constitucionalidad de la propuesta para hacerla válida. «Creo que es un gran proyecto, no hay ninguna justificación por qué los intereses por las cobranzas de cotizaciones que no han sido pagadas queden en parte en las AFP. Todas ellas deben ir al afiliado y, por lo tanto, el proyecto merece toda nuestra aprobación. La duda que ha surgido es que si tratándose de un caso de seguridad social puede ser objeto de una moción parlamentaria, porque los temas de seguridad social son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Queremos aclarar bien este problema, porque no queremos que esta iniciativa se pierda», detalló el senador Larraín.
Los legisladores agregaron, además, que se debe agregar un artículo transitorio para aclarar cómo se aplicaría la ley, por lo que se acordó trabajar para que se deje constancia de que regirá para todos los casos que no han sido juzgados, y que aún están en tramitación.
Fuente: www.senado.cl