Primero fue el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien el 12 de noviembre en entrevista con La Tercera se mostró a favor de otorgar el beneficio de la libertad condicional a violadores de los derechos humanos. “Yo creo que (los condenados por DD.HH.) tienen derecho a la libertad», declaró, agregando que “la ley no debiera contener algún tipo de excepcionalidad, debiera ser pareja para todos”. Dolmestch argumentó en favor de los militares que “están siendo condenados a penas altas”, que es “gente muy vieja, que está enferma y que tiene dificultades, incluso mentales y físicas”.
El pasado domingo, en entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia, Jaime Campos, siguió la senda del presidente del máximo tribunal, mostrándose partidario de que «un condenado que está enfermo vaya a morir tranquilamente a su casa”. Si bien habló de los delincuentes en general, no dejó fuera de la entrega de este beneficio a los presos de Punta Peuco. “Creo que los derechos humanos son válidos para todo el mundo, sin distinción de ninguna especie. Pero pareciese que algunos no lo creen así”, apuntó.
El proyecto de los diputados UDI
Es en ese marco que parlamentarios de derecha han comenzado una ofensiva para intentar asegurar que los violadores a los derechos humanos puedan finalizar sus condenas en sus hogares. Los diputados Jorge Ulloa y Osvaldo Urrutia anunciaron que este miércoles presentarán un proyecto de ley que buscará que aquellas personas que se encuentran recluidas, con más de 75 años de edad, problemas de salud severos y que cumplan con los requisitos que establecerá un reglamento, puedan terminar sus condenas en sus casas.
Según rescata la web de la Cámara, a juicio del diputado Ulloa la idea de esta iniciativa legal “es para cumplir con un tratado internacional que hemos ratificado hace poco tiempo y que dice relación con la tercera edad y con las condiciones que tienen que tener los adultos mayores con situaciones de salud complicadas”.
El parlamentario enfatizó que “queremos que el tema de los Derechos Humanos cruce horizontalmente y verticalmente nuestra sociedad para que podamos respetar los tratados que hemos suscrito”.
Ante la evidente relación con la situación de los exmilitares y agentes del Estado condenados por las violaciones a los derechos humanos, el diputado UDI agregó que “hemos sido testigos, no sólo en Punta Peuco, que hay personas en condiciones inhumanas y que Gendarmería no tiene la posibilidad de atenderlos por la situación tan gravosa de su salud”.
En ese mismo sentido, indicó que “queremos un debate en que no sólo esté presente el tema Punta Peuco, porque hemos olvidado que los derechos humanos tienen una naturaleza, y esa naturaleza la da el ser humano, la sola existencia del ser humano y no la visión que podamos tener de éste».
Las gestiones de los senadores RN
También justificando su posición en tratados internacionales, paralelamente en el Senado parlamentarios de derecha han comenzado a manifestarse igualmente en favor de la entrega de beneficios a los violadores de los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Defensa, Baldo Prokurica, realizó un llamado al gobierno a «tener en claro las sanciones internacionales a las que se expone nuestro país, al mantener internos que sufren enfermedades terminales en recintos penitenciarios, y en particular, con aquellas personas –en dicha condición- que cumplen condena en Punta Peuco», según consigna la web del Senado.
El parlamentario comentó que el 31 de mayo pasado solicitó a Gendarmería informar sobre las personas privadas de libertad que se encuentran actualmente con enfermedades catastróficas (terminales) y con alzhéimer. Junto a ello, Prokurica anunció el envío de un oficio al Instituto de Derechos Humanos (INDH) para que dicho organismo se pronuncie sobre las personas con enfermedades terminales en las cárceles de Chile y, en particular, con aquellas que cumplen condena en Punta Peuco.
Por su parte, el también senador de RN Andrés Allamand valoró lo expuesto por el ministro de Justicia, señalando que «hoy existen personas privadas de libertad que enfrentan una situación compleja y espero que el ministro no se quede solo en declaraciones, sino que tenga iniciativa».
El senador UDI Hernán Larraín, en tanto, también se mostró partidario de que los presos que sufran una enfermedad grave puedan terminar con arresto domiciliario sus condenas. «No se trata de indultar, sino que cumplan de manera adecuada a su edad y enfermedades», señaló.
Daniel Labbé Yáñez
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