“Hemos intercambiado opinión detallada de las distintas tareas y funciones que están haciendo nuestras policías y hemos definido que estas reuniones las vamos a hacer también más adelante, de tal manera de ir viendo, evaluando, cómo se están desarrollando estas funciones de nuestras instituciones policiales”, fueron las palabras del ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, quien este martes asistió a la llamada “Comisión Inteligencia de la Cámara de Diputados”.
Este organismo se creó por la ley 19.974 y se dispuso que sus sesiones serán totalmente secretas, como estipula el reglamento de la Cámara Baja en su artículo 303 dis y ter. De hecho, los parlamentarios que participan deben juramentar previamente. La instancia tiene sólo siete miembros: el demócrata cristiano René Safirio como su presidente, el socialista Luis Lemus, el PPD Marco Antonio Núñez, el comunista Daniel Núñez, el RN Gonzalo Fuenzalida, y los UDI Jorge Ulloa y Gustavo Hasbún.
El primer tema a tratar, y por ello la presencia del Secretario de Estado, fue el conflicto en la región de la Araucanía. La razón la explicó el líder de la instancia, el diputado René Safirio.
“Los cuestionamientos que ha habido respecto de los hechos de violencia en La Araucanía han estado siempre asociados a una falencia en el área de la Inteligencia y en democracia ésta debe funcionar muy bien porque es el medio que existe para poder anticiparse a la comisión de delitos, particularmente en una región pobre y que se encuentra con grandes condiciones de retraso social y de desarrollo económico como es La Araucanía”, afirmó.
Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida se refirió al conflicto, principalmente preocupado por la comisión de delitos, llamando a las autoridades a buscar una pronta solución.
“La cantidad de delitos que se han cometido este año, en comparación a los anteriores, hace necesario velocidad, y así se lo hicimos ver al ministro”, afirmó, y añadió que hay que “apurar el tranco” en mejorar la Inteligencia, la persecución penal, la judicialización de los casos, la protección de los testigos, porque “estamos viendo algo que no se había visto: hoy, hay atentados y delitos que se cometen no solamente en los meses de verano como pasaba antiguamente, sino que se están cometiendo en meses como junio y julio, cosa que no se había visto antes”, aseguró el diputado.
La próxima sesión de la Comisión Inteligencia está fijada para el martes 15 de julio y tendrá como invitado al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gustavo Villalobos.
Y si bien el rol de la entidad es fiscalizar el desempeño de los organismos de Inteligencia, el secretismo de la instancia parlamentaria ha generado algunas reticencias.
En ese sentido se pronunció Hugo Frühling, académico del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, quien afirmó que este tipo de mecanismo de fiscalización “existe en la mayor parte de las legislaciones de los países democráticos. Los organismos de Inteligencia no sólo deben responder al Ejecutivo, sino que también deben entregar información al Poder Legislativo y, cuando cometen delitos, obviamente, al Poder Judicial”.
Además, indicó que si las sesiones y deliberaciones no fueran secretas, se transformarían los hechos que se están investigando en “hechos de uso político”. En esa línea, el académico añadió que el secreto está protegido incluso por las Convenciones Internacionales donde este tema, junto a la Seguridad Nacional son una excepción a la habitual apertura que debe tener el aparato estatal.
Sin embargo, dada la complejidad del asunto, desde organizaciones sociales y de Derechos Humanos, manifestaron fuertes desconfianzas.
José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, sin contar con la información pública necesaria sobre esta Comisión, afirmó que es importante que se fiscalice la labor de los servicios de Inteligencia, en particular la afectación de estos a los Derechos Humanos, recordando la lamentable trayectoria histórica que tuvieron en dictadura y la compleja percepción que existe de su rol en democracia.
Por su parte, Marta Cisterna, coordinadora de los Observadores de Derechos Humanos de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, indicó que “la sola existencia de la ANI ya es impugnable”, y manifestó su preocupación por la falta de información, lo que sólo genera dudas: ¿cuáles son los criterios que se ocupan para fiscalizar a la ANI? ¿Y para elegir a los parlamentarios que conforman la instancia? ¿Están ellos al tanto de los estándares de derecho internacional? Fueron algunas de sus primeras preguntas. El problema es que no se puede saber, porque los contenidos de la Comisión están resguardados.
En ese sentido, ambos coincidieron en que “se esperaría que estas instancias fueran públicas y que existiera participación de organismos no gubernamentales”, más aún cuando el primer tema a tratar es la situación en La Araucanía.
“Da pie a pensar de que hay una aprensión de ciertos sectores parlamentarios para intensificar la labor de estos servicios en la zona para enfrentar las situaciones de conflicto” afirmó Aylwin, mientras que Marta Cisternas sostuvo que abre la interrogante sobre si se está buscando justificar algún procedimiento con esto.
Desde las comunidades se mostraron sorprendidos y señalaron que, si bien, es bueno fiscalizar porque urge frenar los abusos, este gesto sólo acrecienta las desconfianzas históricamente instaladas hacia la sociedad chilena y que les parece, al menos, sospechoso.
Por Paula Correa
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