Parlamentarios proponen nueva Constitución para Chile

A través de un “Decálogo para el futuro”, doce legisladores de partidos de la Concertación, junto a ex ministros, concejales y dirigentes sociales, exigen a los candidatos presidenciales cambios profundos al sistema político y definen bases para una Carta Fundamental auténticamente democrática.

Un plebiscito para votar una nueva Constitución Política del Estado, así como iniciativa popular de ley, inscripción electoral automática y sistema de elección proporcional, derecho a voto para los chilenos residentes en el exterior, reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, nacionalización del agua y una política nacional para el cobre incluye, entre otras propuestas, el denominado “Decálogo progresista para el futuro”, presentado públicamente el 8 de noviembre por doce parlamentarios de la Concertación y orientado a promover un “Estado social de derecho”.

En el grupo -llamado “díscolo” por la prensa debido a su posición disidente de la línea oficialista- figuran los senadores Carlos Ominami (PS) y Nelson Avila (PRSD), y los diputados Pablo Lorenzini (DC), Marco Enríquez-Ominami y Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez, Ramón Farías, René Alinco y Guido Girardi Briere (PPD), Alejandro Sule y Fernando Meza (PRSD) y el independiente Alvaro Escobar. Entre los 30 firmantes se cuentan también el ex canciller Enrique Silva Cimma y el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros, además de concejales, dirigentes partidarios locales, dirigentes sindicales y otros adherentes.

El documento, presentado en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, pretende asentar las bases para un “programa nuevo” de gobierno de la Concertación y, en definitiva, de una nueva Constitución Política. Será entregado a los diferentes precandidatos presidenciales concertacionistas con la intención que lo consideren en su respectivo programa y condicionar así el apoyo.

“Si enfrentamos el próximo desafío presidencial sin una propuesta ampliamente renovada, que aporte respuestas creativas a los nuevos desafíos del siglo XXI y que integre liderazgos nuevos, las posibilidades de triunfo de una opción progresista y modernizadora son más que escasas”, advierte. “Tampoco la dirigencia de derecha tiene un proyecto que proponer a Chile. Su gran ambición es transformar todas las actividades en un gran negocio y responder a los problemas de la sociedad con autoritarismo e intolerancia”.

Denuncia, asimismo, que se ha impuesto una democracia y una sociedad de mercado, cuya lógica de la rentabilidad y el lucro domina en todos los planos. “De hecho, en Chile todos los servicios básicos pueden ser fuente de enriquecimiento para reducidos grupos económicos que muy a menudo abusan en contra de consumidores prácticamente indefensos. Por ejemplo, la educación pública, pilar de la integración republicana y del acceso a las oportunidades sobre la base del mérito y no de los privilegios de cuna, hoy día ha llegado a ser relegada en todos los niveles y enfrenta una crisis de graves dimensiones, coartando su misión de movilidad social en medio de una creciente privatización”.

Sostiene también que el Estado debe asumir “sin complejos” una función orientadora del desarrollo y de representación del interés general. “Enfrentaremos con fuerza las tentativas sistemáticas de la derecha y de los neoliberales de todo el espectro político para deslegitimar su acción y jibarizar su tamaño, con grave perjuicio para las mayorías que necesitan de un Estado sólido que cautele su bienestar”, agrega el texto.

“En suma, no ha sido posible el reconocimiento a nivel constitucional y real de ‘un Estado social y democrático de derecho’, que constituye definitivamente todo el sentido de justicia que permita que nuestra sociedad entera, sin diferencias, tenga el justificado derecho a lograr su felicidad”.

El decálogo postula cambios profundos destinados a dar “mayor energía” a la democracia a través de la promoción de distintas formas de participación ciudadana y ampliar el espacio de las libertades, además de enfrentar “en serio” las desigualdades sociales, territoriales y de género, y recuperar un dinamismo económico ambientalmente sustentable.

Adelantado por El Mercurio una semana antes -aunque después omitido por la prensa en general-, el documento consta de proposiciones sobre derechos humanos, transparencia política, educación, salud, riquezas naturales básicas y otras áreas. Reclama, por ejemplo, un defensor del pueblo, elecciones primarias reguladas por ley, derogación de la ley de amnistía, despenalización del aborto en determinadas circunstancias, sistema nacional de educación de calidad y equitativa, un proyecto nacional para el cobre, nacionalización del agua y término de las concesiones indefinidas en minería y pesca, entre otras propuestas.

(Hace un mes, cinco diputados de la coalición se pronunciaron públicamente sobre este tema, entre ellos los mismos Jiménez, Farías, Sule y Girardi, exigiendo una asamblea constituyente que redacte lo que llamaron “la Constitución del Bicentenario”).

“Decálogo progresista para el futuro” (extracto)

“1. Un modelo económico solidario y progresista

Del modelo neoliberal actualmente en vigencia habrá que transitar hacia uno de solidaridad social, que no implique regresar a un pasado de estatismo, pero que sí anteponga el interés común al desarrollo de la actividad económica, sin negar la retribución justa a la iniciativa privada. Este nuevo marco de desarrollo implicará una nueva política tributaria para apoyar los esfuerzos redistributivos y una política efectiva de apoyo a la mediana y pequeña empresa, con un Banco del Estado, una Corfo y un Sercotec que se constituyan en los pilares para el apoyo financiero y técnico a este sector.

2. Revitalizar la democracia

Aspiramos a un régimen semipresidencial regulado con la consulta directa a los ciudadanos, para que garantice el equilibrio democrático de poderes y el control popular.

Este nuevo sistema, basado en un concepto de Estado Social de Derecho, implicará la inscripción electoral automática a los dieciocho años y con derecho a sufragio de los chilenos que residen en el extranjero. También asumirá que los ciudadanos, sobre la base de un número determinado de firmas, podrán proponer proyectos de ley que deberán ser tratados con carácter de urgencia por ambas cámaras.

Asimismo, todas las autoridades que emanen de la soberanía popular tendrán que someterse a un plebiscito revocatorio, que podrá ser solicitado por un número exigente y determinado de ciudadanos por una única vez en la mitad del mandato.
Defendemos un cambio en el sistema electoral, por uno proporcional, y el pendiente reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y por ello insistiremos en reformas que permitan su participación política.

Por todo lo dicho, es necesario un plebiscito donde se vote una nueva Constitución y un renovado pacto social.

3. Gobernar con transparencia y defensa irrestricta de la probidad

Queremos un Estado capaz de efectivamente garantizar la probidad, que regule drásticamente el lobby y prohíba a los ex funcionarios públicos ocupar cargos directivos en empresas privadas que hayan fiscalizado, durante dos años a partir de la dejación de su cargo.

El Defensor del Pueblo y cualquier ciudadano podrán denunciar malos tratos o actos punibles perpetrados por los funcionarios, incluidos los funcionarios municipales.

Se debe establecer por ley el mecanismo de primarias para designar candidatos y, por otra parte, dentro de las reformas a la ley de partidos se debe crear una autoridad pública externa que deberá garantizar el cumplimiento de los estatutos partidarios.

4. Proteger los derechos humanos y ampliar los derechos civiles

En materia de derechos civiles postulamos reforzar la igualdad de género, despenalizaremos la interrupción del embarazo en caso de violación y en caso de peligro en la salud de la madre con la debida supervisión médica, tal como existió hasta 1989. Somos partidarios de establecer el Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación a las minorías sexuales en temas patrimoniales y otros derechos.

Sostenemos que la actual institucionalidad para atender los desafíos infanto-juveniles no da cuenta de las reales necesidades de los jóvenes y de los niños y niñas; por eso creemos que se debe terminar con el Injuv y el Sename, y crear una Subsecretaría de la Juventud que, además, contenga un defensor de los derechos juveniles.

Lucharemos por la aprobación de todos los tratados relacionados con los derechos humanos, el predominio de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la legislación nacional, la adhesión de Chile al Tribunal Penal Internacional, indemnizaciones justas a las víctimas de la dictadura y la derogación de la Ley de Amnistía.

Estamos convencidos de que la seguridad cotidiana de las personas y el retroceso de la delincuencia se reforzará en un clima general de respeto a los derechos y a la ley, y con una acción decidida de ampliación de las oportunidades para los jóvenes. De esta manera se podrá actuar con gran firmeza contra la delincuencia y las causas que la provocan.

5. Avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo con una educación de calidad, amplio acceso a la cultura y un sistema público de salud fortalecido para asegurar el cumplimiento de garantías

El Estado debe garantizar a todo ciudadano a partir del próximo gobierno el derecho a una educación de calidad y el acceso a las diversas expresiones de la cultura. La labor del Estado en estas áreas no puede ser subsidiaria y constituye un eje central de las garantías en la nueva Constitución que se propone, pudiendo todo ciudadano recurrir a los tribunales de justicia para su cumplimiento.

El canal estatal debe ser el motor de la revolución que significa la televisión digital y la audiovisualización de la Web.
Creemos que hay que entregar medios para que cada niño chileno pueda ingresar al uso efectivo de la tecnología digital y al mundo de la información.

Queremos terminar con el IVA al libro, implementar una ley de propiedad intelectual que proteja la creatividad, multiplicar por 10 veces los fondos concursables retornables y no retornables en cultura, agregando discriminación positiva a favor de las regiones.

6. Derechos reales para los consumidores

Creemos en el aumento sustancial de las facultades fiscalizadoras del Estado respecto a las actividades económicas que generen riesgos para el medioambiente, para la estabilidad económica, para la protección al consumidor y del trabajador.
Los bancos y empresas privadas, en especial las grandes, tienen ganancias monopólicas excesivas y son deficientemente controladas por las superintendencias respectivas. Las AFPs ponen hoy en peligro los ahorros de los trabajadores con comisiones usureras e inversiones de alto riesgo, mientras que las Isapres han logrado utilidades enormes discriminando a los usuarios, en especial las mujeres en edad fértil y la tercera edad. Muchas empresas violan las leyes que protegen el medioambiente y muchas empresas eléctricas, de telefonía, de carreteras concesionadas, de Internet, han logrado regulaciones ampliamente favorables a sus intereses, obteniendo utilidades inaceptables a costa de los usuarios. Esta situación demanda nuevas y estrictas regulaciones, diseñadas con espíritu moderno y efectivamente proteccionista y social.

Los órganos de fijación tarifaria deberán cautelar únicamente los intereses de los consumidores, bajo control de los usuarios y del Parlamento. Se debe crear una Superintendencia de Medio Ambiente y el Sernac deberá tener más facultades normativas y de control en la protección del consumidor. Asimismo, el sistema bancario deberá someterse a mayores controles, poniendo límite al cobro de intereses y comisiones en el crédito de pequeña escala, terminando con la discriminación al pequeño empresario.

Es imprescindible contar con una AFP estatal, solidaria, que baje las comisiones, termine con los abusos en los cobros y entregue una pensión digna a nuestros trabajadores.

7. Cautela efectiva de nuestros recursos naturales

El Estado debe defender nuestras riquezas naturales y considerar un nuevo catálogo de delitos medioambientales. En ese contexto, se debe desarrollar una revisión crítica del manejo de nuestros recursos naturales así como la necesaria y urgente nacionalización del agua.

Promoveremos terminar con las concesiones indefinidas en minería y pesca, estableciendo un sistema de licitaciones cuando sea útil incorporar a privados en la explotación de recursos naturales. Los derechos de explotación variarán con el precio del recurso, hasta alcanzar un 100%. No debemos permitir proyectos que destruyen el medioambiente de modo irreversible. La inversión extranjera puede ser útil en determinadas condiciones, pero no al precio de paraísos y excepciones tributarias y de destrucción de la naturaleza.

Chile debe realizar una gran inversión en energía solar, eólica y geotérmica, en centrales hidroeléctricas de pasada y en biocombustibles no agrícolas (especialmente de celulosa y biomasa).

La justicia distributiva está directamente relacionada con obtener que los abundantes recursos naturales con que cuenta el país se coloquen en función de los intereses nacionales y de la mayoría de la población. La demostración más elocuente de ello se produce con la explotación del cobre entregado nuevamente al control de unos pocos intereses privados, mayoritariamente extranjeros, que lo exportan en la forma más primaria, sin incorporar en el país trabajo agregado. Ello exige establecer una política para el cobre chileno que considere tanto su explotación, producción, exportación e inserción dentro de un proyecto nacional de desarrollo, que tenga presente que se cuenta en el territorio nacional un porcentaje muy elevado de las mejores y mayores reservas de metal rojo que, de acuerdo a la Constitución, pertenecen a todos los chilenos.

8. Modernización del Estado

Necesitamos una profunda reforma en las cargas públicas y un Estado más allá del concepto de Estado Subsidiario establecido en la Constitución de 1980. Los que tienen más deben pagar más, principio elemental que hoy día no se cumple. Por todo ello es que reclamamos la consagración del Estado Social en nuestra Constitución.

9. Proteger los derechos de los trabajadores, asegurar pensiones y garantizar ingresos universales

Una nueva legislación laboral debe facilitar la formación de sindicatos, ampliará la negociación colectiva, fortalecerá la posición del trabajador frente a los despidos injustificados y hará obligatorios los planes de reinserción, fortalecerá el seguro de desempleo y creará una Agencia Nacional del Empleo que promueva la inserción y la capacitación. Toda familia chilena debe tener derecho a que al menos uno de sus miembros en edad de trabajar acceda un empleo, mediante programas de inserción en las empresas y, en última instancia, empleos de servicio a la comunidad.

Las pensiones básicas y las asignaciones familiares aumentarán además sustancialmente con la meta de que todo hogar disponga de un ingreso mínimo equivalente al doble del costo de la canasta de alimentación.

Las pensiones contributivas no pueden seguir sujetas a la ruleta del mercado y a la economía de casino y deben regirse por un sistema cierto en el que los trabajadores sepan qué pensión van a tener de acuerdo a su historia previsional mediante una cotización obligatoria del reparto y una cotización de capitalización complementaria voluntaria.

El Estado debe reconocer el derecho al trabajo a nivel constitucional.

10. Una opción decidida por la región en materia de política exterior

Una política internacional que privilegie las relaciones de amistad con los países latinoamericanos supone fortalecer Unasur y una política de independencia de EE.UU. Chile no tiene una política suficientemente nítida hacia Latinoamérica y mantenemos relaciones a veces erráticas con nuestros vecinos. Debemos normalizar nuestras relaciones con Bolivia, incluyendo una solución mutuamente satisfactoria a su reivindicación marítima”.

Firman:

Tucapel Jiménez, diputado PPD
Carlos Ominami, senador PS
Guido Girardi B., diputado PPD
Enrique Silva Cimma, ex ministro PRSD
Alvaro Escobar, diputado Independiente
Pablo Lorenzini, diputado DC
Marcel Claude, economista
Nelson Avila, senador PRSD
Roberto Pizarro, ex ministro PS
Fernando Meza, diputado PRSD
Sergio Aguiló, diputado PS
Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile
René Alinco, diputado PPD
Alejandro Sule, diputado PRSD
Marco Enríquez-Ominami, diputado PS
Ramón Farías, diputado PPD
Rubén Darío Díaz, secretario general Juventud Radical
Ana Bell, vicepresidenta de la ANEF
Filomena Navia, concejal PS de La Cruz
Claudio Heine, director del diario El Impacto
Maya Fernández, concejal PS de Ñuñoa
Patricio Mery, miembro Comité Central PS
Diego Cabezas, presidente JS de La Granja
Ismael Calderón, concejal de Santiago
Lorenzo Martínez, presidente regional JS de Maule
Sebastián Rojas, dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores
Alexander Linford, dirigente universitario U. Andrés Bello
Luis Cabezas González, secretario Sindicato Número Uno de Nestlé
Julio Muñoz, encargado nacional JS universidades privadas
Juan Valdés, concejal de La Granja

Fuente: El Mapocho