Parlamentarios y organizaciones ciudadanas debaten sobre necesidad de anular Ley de Pesca

Con el objetivo de poder contribuir a la reflexión y al debate público sobre la situación actual de la pesca y los posibles futuros para nuestro mar, sus comunidades, los recursos y la biodiversidad, afectada por los volúmenes y técnicas de extracción llevados a cabo por la industria, el pasado lunes 24 de agosto se llevó cabo en el ex Congreso nacional el seminario “Otra Ley de Pesca es posible”. En la ocasión, que contó con la exposición de representantes de organizaciones como ICAL, CONDEP y Ecocéanos, además del diputado por la IV región y miembro de la comisión de pesca, Daniel Núñez, y el también diputado Hugo Gutiérrez, así como también el senador por Los Lagos Rabindranath Quinteros, miembro de la Comisión de Pesca y uno de los autores de la moción que modifica la actual Ley de Pesca.

“Nosotros como pescadores artesanales hemos sido vulnerados en nuestros derechos, y por eso llevamos a cabo desde hace un tiempo una campaña destinada a anular la Ley Longueira, porque nació del cohecho y no puede ser una ley de la república al estar viciada”, señaló en la ocasión el dirigente de la CONDEP Gino Bavestrello. “Estuvimos bastante tiempo tratando de ingresar indicaciones a la ley,  pero no fueron escuchadas, porque los recursos que puso la industria para que parlamentarios de esta república incidieran con su voto. Eso es algo que no lo decimos nosotros, sino la Justicia. Hay varios que están siendo investigados por la Fiscalía, nos hicimos parte en la querella por cohecho contra varios parlamentarios, como el senador Orpis que se molesta cuando uno le dice que es un delincuente. Pero lamentablemente es así y los delincuentes deben estar en la cárcel, según la Constitución y el Código Civil”, acusó. También tuvo palabras para el subsecretario de la cartera: “La presidenta (Bachelet) durante su campaña se reunió con nosotros y nos prometió que se iba a revisar esta ley, lo que no se ha hecho. Entonces, cuando ahora el Subsecretario (de Pesca) dice que se ha cumplido con el mandato presidencial, eso es falso. Sigue mintiendo y de verdad lo llamo a cambiarse el apellido. No debería ser el señor Súnico, sino el señor cínico”, agregó.

Por su parte el diputado por la IV región, Daniel Núñez, señaló que “el modelo de la gran industria pesquera ya no es viable, por un motivo obvio: ya no hay recursos como los que a principios de los ‘90 hicieron que tuviéramos la expansión de la harina de pescado. En Coquimbo llegaron a haber 2 mil trabajadores en las plantas industriales, hoy no queda ninguno. Esto tiene que ver con la concepción de lucro que hay en explotar una actividad hasta que no dé más, en función de la ganancia y el uso de la técnica de arrastre. Y después de usar los barcos rastreros, los dejan botados y con riesgo de contaminar. Es decir, ni siquiera se hacen cargo de lo que les permitió obtener la ganancia, sino que siguen causando daño”. A su juicio, “es clave buscar otro modelo de explotación pesquera para poner término a la actual Ley de Pesca, que nace de una ilegitimidad como fue la compra que hizo Corpesca de los votos a senadores. Y esto no es una hipótesis, esto está investigado y demostrado por la Fiscalía. Fueron $ 200 millones entregados en 6 años, o sea saca la cuenta de lo que vale el voto de un senador en Chile”.

Su par, el también diputado Hugo Gutiérrez (I región) fue más allá en sus conceptos. “No hay tener temor de decir que hubo parlamentarios involucrados en la aprobación de la Ley de Pesca a través del más asqueroso cohecho. Y así hubo también algunos dirigentes de la pesca artesanal que recibieron su aporte. Todo está en la carpeta investigativa, no estoy inventando nada. Las reuniones con sectores de la industria para confeccionar esta ley, por ejemplo. Conocemos los mails donde se dice que si eventualmente le iba mal al proyecto en su tramitación, se podía presentar un veto para tener la Ley de Pesca sí o sí. Y para eso tenían que hacer su aporte los parlamentarios, como el caso de (Marta) Isasi, a la que le ponían asesores para indicarle como debía votar. Ella junto a Orpis deberían estar desaforados y enjuiciados, pero se los protege para no deslegitimar aún más esta ley, que es evidente que fue obtenida mediante la más asquerosa corrupción. La ciudadanía, la opinión pública, ya se formó una idea de cómo realmente fueron las cosas. Entonces, si esto ya se sabe, ¿cuál debería ser el siguiente paso? ¿Nos quedamos con esta legislación o discutimos otra como corresponde?”, plantea.

Finalmente, el senador por Los Lagos Rabindranath Quinteros, uno de los autores de la moción para cambiar esta ley, expresó que “lo que hemos pretendido hacer junto a la senadora Goic y la senadora Muñoz es, precisamente, provocar una amplia discusión abierta de lo que es la Ley de Pesca. Estamos propiciando una revisión absoluta de ella. Acá no se trata de agredir a nadie, sino de colocar las cosas en su justo lugar. Los objetivos que perseguimos son propiciar algunas reformas a esta ley, en razón a su falta de legitimidad y transparencia en su negociación. Todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos meses, las dudas que existen, la gente que está comprometida o siendo investigada”, señaló.

Promulgada en febrero de 2013, la Ley General de Pesca y Acuicultura (20.657) -más conocida como “Ley Longueira”, en honor a su principal promotor- se encuentra en medio del debate público a causa de sus aristas ambientales y judiciales, que la vinculan desde su origen a casos de corrupción político-empresarial. Polémica que incluso costó la destitución de su cargo como Vicepresidente del Congreso al senador Alejandro Navarro, tras haber hecho público el listado de parlamentarios que recibieron aportes reservados de parte de la empresa pesquera Corpesca.