La iniciativa popular de norma sobre participación vinculante nace como una propuesta que busca dar solución a la falta de representatividad y confianza que existe hacia las instituciones y representantes públicos en Chile.
La propuesta nace debido a una serie de problemas identificados en la democracia chilena. Como por ejemplo, la falta de representatividad de las y los ciudadanos con la clase política; la baja confianza institucional en los partidos políticos; la falta de canalización y resolución de conflictos con las decisiones del Estado, lo que se ha traducido en manifestaciones populares como las protestas; y, la necesidad de un cambio institucional que aumente la incidencia ciudadana directa en la toma de decisiones vinculantes.
La iniciativa fue levantada por Democracia Directa en Chile, un grupo de organizaciones y personas con un objetivo común: promover mecanismos de Democracia Directa Moderna (DDM) en el país. La DDM, también conocida como «mecanismo suizo», fue creada y perfeccionado en Suiza desde hace más de 100 años. Se ha denominado el «patrón de oro» dentro de los diferentes mecanismos de democracia directa, ya que reúne simpleza, efectividad y probidad. Un mecanismo similar al implementado por Uruguay.
A grandes rasgos, el sistema de la DDM implicaría la implementación de 4 plebiscitos ordinarios al año (con fechas preestablecidas con 20 años de anticipación). Además se rige a partir de tres simpes reglas, que se plasman a través de tres derechos básicos que la ciudadanía obtiene:
PRIMERA REGLA: Derecho de la ciudadanía a aceptar/rechazar cambios a la Constitución o firma de Tratados Internacionales (por Referéndum).
SEGUNDA REGLA: Derecho a iniciativa de llevar a plebiscito el veto de una ley (juntando 100.000 firmas en 100 días desde promulgada la ley por el Congreso).
TERCERA REGLA: Derecho a iniciativa de llevar a plebiscito una nueva ley (juntando 200.000 firmas en 18 meses desde la publicación oficial de la iniciativa que se quiere llevar a plebiscito).
La DDM garantiza la soberanía de la ciudadanía. Ya que en este modelo las decisiones de la ciudadanía mayoritaria tienen rango constitucional, y no se puede cambiar la Constitución sin el consentimiento de la ciudadanía mayoritaria. Se canalizan las demandas ciudadanas de forma pacífica e institucional, evitando la violencia y la inestabilidad social y política, aumentando la legitimidad del sistema democrático. En tanto, la ciudadanía actúa como fiscalizador parcial de la corrupción política.
Según diversos estudios y académicos expertos en sistemas de democracia, el modelo aumenta significativamente el grado de alineamiento y consenso entre la clase política y la ciudadanía. El mejor ejemplo son Suiza y Uruguay, ambos los países más consensualistas de sus respectivos continentes.
Además, los temas que la nueva Constitución que no puedan resolverse satisfactoriamente, por ser redactada en sólo 1 año, pueden ser resueltos e incorporados por la Ciudadanía o el Parlamento (mediante el mecanismo descrito), dinámicamente, por décadas o siglos.
En la actualidad, la iniciativa se encuentra en carrera para entrar al ansiado grupo de propuestas populares que se discutirán en la Convención Constitucional. Para esto, debe llegar a los 15.000 apoyos antes del 1 de febrero. Hasta ahora ha reunido 1.378 apoyos. Por lo mismo, el llamado a participar es claro. Sobre todo a quienes buscan mayor, participación en la toma de decisiones públicas. Cada ciudadan@ puede apoyar y/o postular hasta 7 iniciativas
A continuación, el articulado completo de la iniciativa:
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