Partido Republicano lidera lista de candidatos al Consejo Constitucional que contrataron a familiares con dineros de campaña

Las rendiciones de gastos de campaña ingresadas al Servicio Electoral (Servel) por los candidatos al Consejo Constitucional, revelan que al menos 40 de ellos presentaron boletas de pagos con servicios prestados por familiares.

Cuatro de estos postulantes -dos republicanos, un PS y un independiente-resultaron electos en los comicios de mayo pasado y actualmente forman parte del órgano encargado de redactar la propuesta de la nueva Carta Magna.

Ciper analizó la nómina de estos 40 aspirantes al Consejo Constitucional que incluyeron pagos a sus familiares en sus gastos de campaña y determinó que las agrupaciones políticas con más casos son: Partido Republicano, con 9 candidatos; Partido de la Gente con 8 candidatos; Partido Demócrata Cristiano, con 7 aspirantes y Renovación Nacional, con 5 casos candidatos con contratación de familiares.

Al efectuar un desglose de los montos más elevados por contrataciones de familiares por partido, los resultados fueron son los siguientes:

• Partido de la Gente: $22,1 millones
• Partido Republicano: $14,4 millones
• Renovación Nacional: $11,4 millones
• Partido Demócrata Cristiano: $11,4 millones
• Partido Socialista: $10,9 millones
• Unión Demócrata Independiente: $5 millones
• Revolución Democrática: $3,2 millones

Republicanos se niegan a aclarar pago a sus parientes

El citado medio digital, aclaró que solo se consideró los servicios prestados por personas naturales y no por personas jurídicas (como las sociedades comerciales, e incluyó aquellas personas naturales que, de acuerdo con documentos oficiales del Registro Civil, tienen parentesco con el candidato.

Al contactar a lista de los 40 ex aspirantes a consejeros constitucionales, para consultarles si el pago a sus parientes se hizo con recursos públicos (adelantos o reembolsos aportados por el Servel), con donaciones que recibieron para la campaña o con fondos personales, apenas 22 contestaron.

En el caso de los 9 candidatos del Partido Republicano no hubo ninguna respuesta.

Candidatos que incluyeron boletas de familiares al rendir sus gastos

En su reportaje, Ciper ofreció detalles sobre algunos casos, tanto de excandidatos como de actuales consejeros constitucionales que incluyeron boletas de familiares al rendir sus gastos de campaña ante el Servel.

El primer lugar, el medio hizo mención al portazo que recibió por parte del consejero del Partido Republicano, Jorge Ossandón Spoerer, al ser consultado sobre si las contrataciones de dos hermanos las cargó al reembolso de Servel. Es decir, si les pagó con recursos públicos o no.

Según la investigación, los dos parientes emitieron boletas por una suma total de $3,1 millones, por diseño y administración de la campaña, respectivamente.

El también republicano, Sebastián Parraguez González, quien le pagó a su cuñada por servicios de brigadista, prestados entre marzo y mayo pasados una suma de $933 mil, optó por no responder.

Tres candidatos del Partido de la Gente (PDG) reconocieron a Ciper haber contratado familiares cargando la cuenta al reembolso.

Susana Verónica Pacheco Marcos contrató los servicios de un primo como jefe de campaña, lo que le significó un ingreso total de $1,3 millón, distribuidos en $433 mil mensuales. La postulante dijo que escogió a su primo por ser de confianza y conocedor del territorio.

«Se estipuló el pago con cargo al reembolso por Servel, ya que no se tenía mucho presupuesto, (era) una campaña modesta que no contaba con los recursos necesarios. Se debió optar por alguien que no recibiera pago mensual por su trabajo, sino que pudiese esperar el posible reembolso de Servel, es decir esperar su pago a lo menos seis meses”, explicó.

Mauricio Andrés Pavez Galaz contrató a dos hermanos. Uno de ellos por un monto ascendente a $5,4 millones por “asesoría financiera y administración gasto electoral”.

«Necesitaba una persona calificada y de confianza, además de no contar con los medios para pagar a terceros”, aseveró

Flor Rossany Contreras Vivallo, también del PDG, contrató a dos hijos por un monto de $500 mil. Indicó que lo hizo con cargo a dineros públicos porque “es lo más económico, en el fondo. Porque nadie me iba a hacer ese trabajo por esa cantidad de plata”.

Alihuén Antileo, único candidato que resultó electo consejero con un cupo indígena contrató a su hijo como encargado de comunicaciones, por una cifra cercana al $1,6 millón. Por ser independiente, recibió un anticipo electoral por parte del Servel y con esos fondos públicos pagó el servicio de su familiar.

El conejero destacó que su hijo es médico y que rechazó ofertas laborales para dedicarse a la campaña: “Lo que, en la práctica, le significaba percibir menos ingresos”, razón por la que no considera inadecuada su contratación.

El director de cine, Miguel Littin Cucumides (PS) también resultó electo y contrató los servicios de una sobrina y de un primo, quienes se desempeñaron como administradora electoral y jefe de campaña, recibiendo pagos por $6,3 millones y $4,5 millones, respectivamente.

Confirmó que ambos gastos fueron cargados al reembolso, y que todo se apega a la regulación vigente.

Yorka Elisabeth Quinteros Pérez, militante de Revolución Democrática, contrató a su hermano como asesor y jefe de su campaña, por lo que se le asignaron cerca de $3 millones. Una parte de este gasto, según Quinteros, fue cubierta con reembolso.

La candidata por Renovación Nacional, Daniela Castro Araya, contrató a su hermano por una suma cercana al $1,3 millón para trabajar en la página web de la candidatura, endicó a Ciper que cargó al reembolso del Servel.

“Debíamos priorizar pagos de servicios que no nos dieron facilidades de pagar a futuro, por lo cual, (su hermano) fue una opción que accedió a esta modalidad”, explicó.

El candidato demócrata cristiano, Andrés Palma Irarrázabal, contrató a dos hijos, pero tiene dudas sobre si fueron con cargo al reembolso, ya que el Servel le reembolsó por un crédito solicitado.

“Puede ser que haya sido el reembolso del Servel o haya sido financiado por los aportes recibidos, o esté financiándolo con el pago del saldo después de la liquidación”. planteó.

Contrataciones con cargo en los aportes

Ciper también abordó un conjunto de casos de excandidatos que hicieron las contrataciones con cargo en los aportes.

Susana Collao Núñez (PPD) contrató a un primo por $344 mil, por los servicios de brigadista, e indicó que lo financió con aportes del partido y no con cargo al reembolso.

Sin embargo, la donación que realizó la colectividad a su campaña también pudo incluir dineros públicos. “El PPD, casi en su totalidad, su única forma de financiamiento la obtiene del financiamiento público, los aportes de personas naturales son mínimos”, reconoció el secretario general del partido, José Toro.

Manuel Tobar Leiva, candidato DC, contrató a su hijo como chofer por $500 mil, un monto que pagó desde una cuenta del BancoEstado que tenía aportes de la DC y de sus adherentes.

Mario Undurraga Castelblanco, candidato de la UDI por Región del Maule, también contrató a un hijo como chofer, por $2 millones, un monto que afirma fue pagado con los aportes que recibió por parte de la colectividad.

La candidata DC Kiria Gladys Antileo Mella, contrató a tres de sus hijos para prestar apoyo como brigadistas, en el área de diseño y también en la coordinación de la campaña.

Estos tres familiares aparecen en la rendición cobrando un monto de $465 mil, los que, según Antileo, fueron costeados con aportes de terceros.

Gonzalo Ibáñez Santa María, de RN, contrató a su hijo como jefe de campaña y se le asignaron $4,5 millones.

El excandidato aseguró no tener muy clara la forma en cómo se pagó. “Yo le pagué a este hombre, como le pagué a todo el mundo que trabajó en la campaña, y bueno uno después rinde cuentas y una parte se reembolsa, la otra parte (proviene de) aportes y, por último, del bolsillo”, señaló.

Por último, la candidata Mónica Latorre Roldán, que fue por un cupo del Partido Radical, contrató a una sobrina por $120 mil. Destacó que el único aporte que recibió, fueron recursos que le facilitó la colectividad política.

¿Es legal contratar a familiares con dineros de las campañas?

Ciper consultó a expertos para abordar la legalidad de la contratación de familiares con dineros de las campañas.

Aunque la ley no lo prohíbe, expertos en financiamiento electoral advierten que es una práctica que debe regularse, porque se podrían estar empleando recursos públicos para pagar a integrantes del círculo cercano de un candidato por servicios que no se justifican o que, incluso, no se prestan.

«Contratar a familiares con recursos públicos para que trabajen en la campaña de un candidato es un tema que debiera regularse. Con prohibiciones cuando se trata de labores donde es difícil verificar que las tareas contratadas se realizaron y los pagos fueron a precio de mercado, particularmente en labores donde existe una amplia oferta, como brigadistas, transportes, community managers, etc.”, afirmó el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel.

Por su parte, el abogado experto en transparencia, Alberto Precht, planteó que creía “que la prohibición absoluta a (contratar) familiares no cabe, pero sí poner requisitos como la justificación de por qué ese familiar es el único que pudiera prestar ese servicio”.

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