Partidos de la Nueva Mayoría presentan sus propuestas constituyentes

La idea de que cada día que pasa Chile requiere una Constitución Política más democrática, ha empezado a tomarse la agenda mediática, en especial, tras el anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de incluir una nueva Carta fundamental en su programa gubernamental; en paralelo, de un tiempo a esta parte la idea viene mutando desde la consigna electoral del mundillo político interesado en la res pública, hacia un asunto del mayor interés ciudadano.

En efecto, esa discusión tan relevante respecto a la necesidad de generar un nuevo trato social entre gobernantes y gobernados, a estas alturas, desbordó el ethos político en el que nació. La leche ya está derramada. Hoy es la ciudadanía la que siente que una Constitución Política no puede ser redactada sin su conocimiento, ni mucho menos, promulgada sin su consentimiento.

No obstante, mientras no se hallen habilitados los mecanismos específicos de participación ciudadana, los partidos políticos han iniciado una ronda de conversaciones con el Ejecutivo. Entre agosto, y lo que va de septiembre, el comité político de La Moneda, encabezado por el ministro del Interior Jorge Burgos, ha venido sosteniendo una serie de reuniones con organizaciones políticas y sociales. La idea es disponer de la mayor cantidad de propuestas para la nueva Constricción que promueve el Gobierno.

Nueva Mayoría

Con matices, los partidos políticos del oficialismo, coinciden en destacar el mecanismo de una Asamblea Constituyente como el más representativo e inclusivo. En esta línea el PPD viene trabajando una propuesta encabezada por el abogado constitucionalista Francisco Soto. Se trata de una “Asamblea Constituyente con carácter institucional, ya que tendrá participación tanto de la ciudadanía como del Parlamento”, explica a La Tercera.

La tienda dirigida por el senador Jaime Quintana propone la creación de una asamblea de 205 delegados, cifra que coincide con la cantidad de parlamentarios que se elegirán (50 senadores y 155 diputados) en virtud de la modificación del sistema binominal. La referida asamblea de delegados será paritaria e incluirá a representantes de pueblos indígenas y contará con una cuota etaria, tendiente a permitir la participación transversal de la población.

La propuesta del PPD es que tras su instalación, la asamblea de delegados tendrá un plazo de seis meses para elaborar su propuesta constitucional, la que será enviada al Congreso Nacional, quien actuará como “ente revisor” y tendrá seis meses para aprobar los capítulos de la nueva Constitución, o rechazarlos y optar por modificarlos a través de una mayoría absoluta.

En tanto, el pasado lunes 14 el Partido Comunista le hizo entrega al ministro del Interior Jorge Burgos de un documento que se refiere a aspectos irrenunciables para la colectividad: Estado plurinacional, Parlamento unicameral, sistema multipartidistas y economía mixta, entre otras iniciativas.

El PC apuesta por las personas como protagonistas y se muestra partidario de una Asamblea Constituyente integrada por 380 representantes de todas las regiones del país, elegidos mediante elecciones populares, con candidatos presentados a través de listas, tanto por parte de partidos políticos como organizaciones sociales. Cada una de las regiones del país elegirá 20 representantes. En el caso de Valparaíso y el Biobío se deberán elegir 40; y 60 en la Región Metropolitana. Esta elección, plantea el PC, deberá concretarse el 11 de marzo de 2017, fecha que coincide con el tercer aniversario de la instalación del gobierno de la Nueva Mayoría.

El documento titulado “Una Nueva Constitución. Hacia un Estado más democrático”, expresa que “Chile debe ser una república democrática, representativa y participativa, cuyo Estado unitario y descentralizado debe reconocer su diversidad, su carácter plurinacional y multicultural con respeto pleno a la identidad propia de los pueblos indígenas y en condiciones de igualdad”. Del mismo modo, sostiene que el sistema democrático chileno debe ser representativo y con un sistema multipartidista; debe existir un Parlamento con una sola Cámara; el país debe tener una economía mixta y los derechos sociales deben estar garantizados por la Constitución; debe terminar la doctrina de la “seguridad nacional” y del “enemigo interno” al interior de las Fuerzas Armadas y policiales.

La nueva Carta Fundamental, detalla la propuesta, debe reflejar “la época de cambios que el país vive” y garantizar “el pleno respeto a los derechos fundamentales de chilenas y chilenos, incluidos no solo los derechos y libertades individuales, sino también los derechos políticos, sociales, económicos, medioambientales, que signifique un mejoramiento sustantivo en las condiciones y calidad de vida del pueblo”, así como garantizar  que “la soberanía debe radicar en el pueblo, titular de la potestad constituyente originaria”, y que “las Fuerzas Armadas han de estar subordinadas a las autoridades del Estado elegidas por la ciudadanía, y debe erradicarse de ellas toda doctrina de confrontación o represión contra el pueblo así como la doctrina extranjera de la llamada ‘seguridad nacional’ que concibe al pueblo como ‘el enemigo interno’; también se afirma que “una democracia efectiva debe integrar el género de forma transversal, a fin de consagrar los derechos humanos de las mujeres en el texto constitucional y además rediseñar las instituciones que reproducen las inequidades entre hombres, mujeres y transexuales”.

Respecto al mandato presidencial, el Partido Comunista de Chile propone un período de 4 ò 5 años, con posibilidad de reelección. También e hace mención a que “debe terminarse con la institución medieval de los fueros, y proceder a una adecuación general de la dieta y demás beneficios exagerados de los parlamentarios, y las facultades de fiscalización deben ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno; debe acabarse el secretismo parlamentario”.

En cuanto a la estructura económica, el planteamiento del PC es que haya una “economía mixta” con un papel preponderante del Estado para posibilitar “mejores condiciones de vida para el pueblo. Una economía mixta es una economía flexible y se corresponde con nuestro tiempo histórico”. Se habla también de poner fin “a la concepción del Estado ‘subsidiario’”. Se sostiene también que “el  Estado debe tener el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros y de todos los recursos naturales de toda índole” y se dice que “el cobre debe ser efectivamente renacionalizado”.

También se manifiesta que “la nueva institucionalidad debe ser particularmente cuidadosa en el establecimiento y debido resguardo de los derechos humanos básicos como, por ejemplo, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la información, a la verdad, a la justicia, a la reparación, al acceso a los bienes culturales, a la participación igualitaria en los asuntos de la política y el Estado, es decir los llamados derechos de primera, segunda y tercera generación y con estricto respeto a las Convenciones y Tratados Internacionales suscritos por Chile en estas materias y que han sido objeto de observaciones por los organismos internacionales”.

Por último, el PC manifiesta la necesidad de “promover el desarrollo regional y gobiernos comunales” creando “estatutos de autonomía territorial con competencias y facultades especiales de gestión y manejo puede ser una herramienta significativa en materia de descentralización”.

Propuesta del PS

Por su parte –explica el reportaje de La Tercera, publicado este domingo– el Partido Socialista planteó al comité político de La Moneda la convocatoria a un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere utilizar el mecanismo de la Asamblea Constituyente para llegar a una nueva Carta fundamental. Tras ello, el PS propone crear un colegio constituyente de 200 personas, el que estará integrado por un grupo de diputados y senadores, los que deberán ser electos por sus pares, considerando su “experiencia legislativa”. La propuesta socialista incluye integrar a un grupo de ciudadanos electos por sorteo; en tanto, un porcentaje mayor de miembros deberá aflorar de una elección bajo sistema proporcional “donde cualquier organización política o social presente listas, individualmente o a través de pactos”, sostiene el matutino.

El colegio constituyente dispondrá de un año para redactar la nueva Constitución, la que deberá ser ratificada a través de un referéndum. Su entrada en vigencia está estipulada, según el PS, para un año después de su ratificación popular.

DC: Ojo con el presidencialismo

En la Democracia Cristiana están por ocuparse del excesivo poder de la figura del Presidenta de la República, por ello consideran fundamental enfocarse en los lineamientos en materia de contenidos de una nueva Ley Fundamental, más que en la fórmula de reemplazo del actual cuerpo legal. En el PDC piensan que una nueva Constitución debe tener “muchos e importantes elementos de continuidad (de la actual)”. La propuesta apunta a “corregir la grave y peligrosa concentración de poder en la Presidencia de la República”; de hecho, el grupo de trabajo de expertos abogados propone instaurar un régimen semipresidencial, que incluya un Primer Ministro, o la opción de fortalecer al Congreso, mediante un sistema presidencialista más equilibrado”, como existe en otros países.

Por último, la falange se muestra temerosa de una nueva Constitución con una “hiperinflación de derechos”. Según el partido de la flecha, este fenómeno “trivializaría la noción de derecho fundamental”. “Hay que ser cuidadosos para no transformar el debate constituyente en una competencia sobre quién propone más derechos”. La colectividad aprecia como riesgoso que una nueva Constitución contenga todo lo que quiera cualquier chileno. “Eso es un tremendo acto de populismo irresponsable”.

Los radicales, mediante la propuesta entregada por su presidente Ernesto Velasco al comité político de Palacio, posee un claro tinte ciudadano. El PRSD habla de “una comisión de hombres y mujeres que lidere el proceso constituyente”, que incluya a expertos y representantes de la sociedad civil. “La idea es generar una instancia diversa y plural que genere las primeras orientaciones sobre la materia, pero que no tenga, necesariamente, un carácter vinculante”. El partido propone aprovechar la realización del Censo de 2017 para preguntarle a la población su opinión sobre el proceso constituyente, respecto a los contenidos y el mecanismo para definir una nueva Carta Magna. La colectividad aclara que se trata de una etapa consultiva.

“El proceso constituyente se tiene que realizar con orden, y eso implica que se tiene que conducir. Para eso, la Presidenta tiene que constituir un equipo técnico profesional del máximo nivel, con personas representativas de la sociedad, que sea plural y diverso, que sea capaz de orientar el proceso”, explica a La Tercera el presidente del PR, Ernesto Velasco.

Alianza

Si bien en La Moneda se esperaba la concurrencia de todos los partidos políticos, tanto oficialistas como opositores, con el objetivo de recibir las diversas propuestas para una nueva Constitución, el único partido que se restó de la cita fue la UDI. La razón de la inasistencia de algún dirigente fue dada a conocer a El Ciudadano por la oficina de prensa del presidente de la colectividad, senador Hernán Larraín. “La Udi no tiene ninguna reunión agendada con La Moneda para revisar la propuesta del gobierno por nueva Constitución. Hay un grupo de expertos constitucionalistas, liderado por (el ex diputado) Edmundo Eluchans que está trabajando en la elaboración de una postura del partido”, señala el correo recibido por El Ciudadano, sin aclarar si esa postura se trata de un insumo para una eventual reunión con el Gobierno, o solo como una propuesta para el debate público.

La posición de RN, entregada por el senador Alberto Espina, en una línea muy similar a la DC, es “morigerar el presidencialismo que existe actualmente en el país, punto demandado por este partido desde que Sebastián Piñera ejercía como Presidente de la República”, asegura La Tercera. Aun cuando el trabajo de la tienda de Antonio Varas se encuentra inconcluso, el senador de la Araucanía compartió con el comité político la línea del partido, la que va por el lado de las modificaciones de la Constitución a través de “los canales institucionales vigentes”, ratificando la postura del senador Allamand, de concentrar esa tarea en el Poder Legislativo.

En RN se busca “definir un rol del Estado en que se fomente y proteja a la sociedad civil y los emprendedores; mejorar los derechos de la ciudadanía en relación a la sociedad y al Estado; orientar políticas públicas a las áreas sensibles para la ciudadanía: salud, educación, previsión, seguridad ciudadana y políticas de vivienda; y avanzar en un proceso descentralización y regionalización”.