A lo Trump: Diputados de derecha impulsan ofensiva contra migrantes

En Chile Vamos están preocupados de sobremanera con el tema de la inmigración. Dicen que es «una temática que ha sido permanentemente soslayada por el Gobierno» y que «no hay claridad» de que antes de que termine su mandato, Michelle Bachelet envíe un proyecto de ley al Congreso para modernizar la legislación vigente que, advierten, «data de 1975».

Tanta es la alarma de la derecha que este lunes un grupo de diputados de la UDI y RN viajaron hasta Santiago para reunirse con el comité directivo de Chile Vamos con el objeto de abordar la conformación de una comisión programática del bloque que se encargue de generar propuestas en materia de inmigración.

De izquierda a derecha: Felipe Ward, Andrea Molina, Renzo Trisotti e Issa Kort

Es en este contexto que los diputados y diputadas UDI Renzo Trisotti, Andrea Molina, Issa Kort y Felipe Ward redactaron un proyecto de ley que -en teoría- «se basa en una serie de principios para las políticas migratorias nacionales, tales como una política de fronteras abiertas, la no discriminación arbitraria y la libertad de emprendimiento, entre otros», según adelanta un comunicado de la propia colectividad.

Sin embargo, lo que buscaría finalmente la iniciativa -al menos en lo que se ha dado a conocer- está muy lejos de esa política de «fronteras abiertas», al «proponer una serie de requisitos para el ingreso y la permanencia de extranjeros y sus familias en el país», según añade el documento. Por ejemplo, se establece la exigencia de “tener un patrimonio suficiente para permanecer en Chile, entendiéndose por tal aquel que permite cubrir las necesidades fundamentales; ejercer una profesión u oficio lícito; solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de entrada en vigencia del respectivo Permiso de Residencia, e informar cualquier cambio de domicilio”.

Junto con ello, se establece que los extranjeros deberán acreditar estos requisitos cada seis meses y que -en caso de incumplimiento de alguno- deberán pagar una multa a beneficio fiscal que iría de 2 a 5 UTM, es decir, entre $92 mil y $230 mil pesos, aproximadamente. En caso de reincidencia, se revocarán los permisos y se expulsará a los extranjeros del país.

«Mano dura a todos los que han ingresado y han generado problemas»

«Nosotros queremos extranjeros que vengan a aportar y no a generar conflicto», señala el diputado Trisotti a La Tercera, agregando que lo que se requiere es «mano dura a todos los que han ingresado y han generado problemas».

Diputado Renzo Trisotti. Foto: diarioelnortino.cl

Por su parte, la diputada Andrea Molina asegura en el comunicado difundido por la UDI que «creemos que la inmensa mayoría de los migrantes que llegan al país buscando nuevas oportunidades son, en definitiva, un aporte hacia nuestra cultura e idiosincrasia. Sin embargo, también creemos que, tanto a los chilenos como a los extranjeros que viven en Chile, debemos protegerlos de quienes únicamente vienen a delinquir”.

En ese mismo sentido, la diputada RN Paulina Núñez señala en La Tercera que serán «bienvenidos» todos quienes «vengan a aportar o trabajar, pero aquellos que han cometido delitos no los queremos ni siquiera cumpliendo la condena en Chile». «Todo migrante que viene a delinquir debería irse al día siguiente», apunta.

Cabe señalar que esta última acción contra la inmigración viene a retomar una ofensiva, principalmente de la derecha, que se ha plasmado anteriormente en otros proyectos ingresados al Congreso, como el presentado en enero de este año por un grupo transversal de diputados y que busca endurecer las penas y facilitar las expulsiones de los extranjeros que se encuentran privados de libertad en Chile; o la moción ingresada en mayo por Gustavo Hasbún y Daniel Farcas, entre otros, y que pretende que también quienes cometen delitos menores sean igualmente sacados fuera del país.

Diputada Paulina Núñez

«Se está estableciendo un marco de pánico, de alarma social»

Conversamos con el abogado Rodolfo Noriega, presidente del Comité de refugiados peruanos en Chile y secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes sobre esta nueva ofensiva de la derecha.

Lo primero que plantea es que existe «un evidente desconocimiento de parte de estos parlamentarios de la legislación actual, porque lo que proponen está establecido en el Decreto Ley 1.094». Noriega ejemplifica esto mencionando que «la subsistencia económica, lo de los antecedentes, lo de darle preferencia a la situación de inmigración calificada, de profesionales o técnicos, personas de alto nivel… todo eso es parte de la actual Ley de Extranjería». «Una persona que tiene antecedentes no puede venir a Chile, tiene la prohibición absoluta de ingresar a Chile, eso ya existe», añade.

No obstante, plantea que «lo preocupante» es que se busca «llamar la atención o generar un ambiente negativo hacia la migración, como parte de un discurso político y de la necesidad de levantar un programa receptivo en donde se prioricen medidas de orden represivo que criminalicen la migración».

Junto con ello, el abogado señala que lo que los parlamentarios pretenden es que «se establezcan procedimientos simplificados de expulsión de extranjeros». Noriega explica que hoy una expulsión es muy improbable de revertir en términos legales. Si es por decreto, la persona tiene solo 24 horas para poder presentar un recurso extraordinario de reclamación ante la Corte Suprema. «Para una persona expulsada por decreto es casi imposible impugnar una medida de ese tipo», asegura. Y en el caso de una expulsión por resolución, el plazo se puede extender por cinco días pero sin la suspensión de la medida. «Eso significa que te pueden expulsar igual», indica. En ese sentido, plantea que «si se pretende que la expulsión sea más simplificada, lo que va a ocurrir es que van a ordenarse expulsiones de orden administrativo que no garantizan en lo mínimo el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa».

Rodolfo Noriega. Foto: revistasur.cl

Frente a este actuar de la derecha, el abogado es categórico en señalar que «lo que se está estableciendo es un marco de pánico, de alarma social, incentivada por declaraciones irresponsables de la gente de la PDI, por ejemplo, por la crecida haitiana». Respecto a esto añade que «se ha generado una expectativa de que aquí hay una invasión de extranjeros», cuando -apunta- la inmigración apenas supera el 2% de la población nacional. «Es realmente ridículo que lleguen a ese extremo del alarmismo para justificar estas medidas», critica.

Efecto Trump

Rodolfo Noriega asegura que los parlamentarios «se están envalentonando con un discurso anti-inmigrante porque han visto réditos electorales en otros lugares y están siguiendo el ejemplo de (Donald) Trump». 

En ese mismo sentido, el abogado se refiere a la tesis de que las restricciones y las expulsiones masivas que se vivirán en Estados Unidos una vez que asuma el presidente republicano recientemente electo, se traducirían en que va a haber un mayor flujo de inmigrantes hacia nuestro país. «A Chile no viene la persona que deja los Estados Unidos», señala, y añade: «Cuando trajeron a gente de otros lugares, de Europa, a los primeros grupos de palestinos y otros, para reasentarlos acá, lo primero que hicieron fue tratar de salir del país, porque no hay condiciones». «Es ridículo, no tiene ningún sentido», apunta.

Noriega advierte, sin embargo, que «es irresponsable de parte de ellos incentivar esta alarma social que puede llevar a situaciones de enfrentamientos que nadie quiere». El abogado menciona como ejemplo comentarios publicados en El Mercurio en donde se ha estado llamando a ser parte de un movimiento político que exalta un chauvinismo militar, llamando a la acción patriótica contra la migración. «Ese tipo de situaciones, de manifestaciones de políticos irresponsables, pueden llevar a acciones violentas», señala.

Los mitos en torno a la delincuencia

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes se refirió también a la problemática de la delincuencia asociada a la inmigración, señalando que «este no es un tema de nacionalidades».

Consultado sobre si en ese sentido se hace algún tipo de discriminación entre ciudadanos peruanos, bolivianos, haitianos y colombianos respecto a los provenientes de otros países, Noriega postula que «efectivamente hay un sesgo discriminatorio orientado hacia cierto grupo, generalmente el más masivo, de color oscuro, más latinoamericano, los más vulnerables».

«Recuerdo que a John O’Reilly y a otros sacerdotes les dieron la nacionalidad chilena por gracia, el mismo Congreso se las dio», señala Noriega al referirse al religioso condenado en nuestro país por abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad.

Junto con ello, el abogado hace hincapié en un hecho de suma importancia en la discusión sobre la inmigración: los mitos en torno a la delincuencia. Noriega ejemplifica con la permanente imputación de delitos que se realiza respecto a los colombianos, planteando que es una situación en donde se falta a la verdad. «Acá los extranjeros que son condenados por ilícitos, que están en procesos judiciales, son lamentablemente peruanos y bolivianos, y no los colombianos ni los dominicanos», explica.

Foto Daniel Labbé

En ese sentido, suma que «el mayor número de delitos -casi ocho veces más que otros de orden criminal como drogas, homicidios- por los cuales a un extranjero se le somete a la justicia, son relacionados a temas migratorios, por ingreso irregular, específicamente».

La explicación para este nivel de desinformación y criminalización de ciertos sectores de inmigrantes tiene que ver, insiste el abogado, con que «lo que se está generando es una alarma irresponsable que tiende a generar un mayor conflicto y mayor tensión social».

Daniel Labbé Yáñez