Sergio Pérez Jara, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) es una de las caras visibles del movimiento de camioneros de La Araucanía que toda la semana pasada se manifestó a través de una caravana que, desde Temuco, recorrió camino hasta Santiago para mostrar algunas de las máquinas que han sido quemadas, según ellos, por grupos violentistas asociados al conflicto Mapuche.
Si bien estas organizaciones gremiales se declaran “apolíticas”, el prontuario de sus líderes dista mucho de esa inocuidad ideológica, ya que Pérez, por ejemplo, ha declarado su admiración por León Vilarín, líder de los camioneros que paralizaron en 1972, con el apoyo de la CIA, añadiendo un factor más de inestabilidad al gobierno de Salvador Allende, y este viernes, en una entrevista radial manifestó que “la intervención militar del 73 ordenó al país”.
Otro de los antecedentes que se manejan es que Pérez no viviría en la zona. El “líder” de los camioneros tendría su centro de operaciones en Curicó, siendo su hija -casada con un militar- la que manejaría su trabajo en La Araucanía.
Por su parte, José Villagrán, líder de la Federación de Camioneros del Sur y segundo al mando de la CNTC, fue precandidato a diputado de la UDI por el distrito 50 de la región de La Araucanía, lo que llevó incluso al ex líder de Patria y Libertad, Roberto Thieme, a señalar que la protesta de los camioneros “fue orquestada” por el gremialismo.
Desde la Nueva Mayoría se alzaron voces en contra de estas manifestaciones, como fue el caso del senador del PS, Alfonso de Urresti quien, si bien condena las quemas de maquinaria que algunos camioneros han sufrido –a pesar de las denuncias de autoatentados para cobrar los seguros comprometidos en algunos casos-, señala que detrás de este movimiento está el objetivo de cohesionar las fuerzas de extrema derecha.
“Estos camioneros tratan de llevar la situación a otro nivel, tratan solamente de socavar el liderazgo del Gobierno y tratan de cohesionar a una derecha absolutamente trasnochada, una derecha que no quiere cambios, una derecha que nos recuerda los peores tiempos del golpismo en este país, entonces no veo que sean realmente dirigentes gremiales que estén defendiendo los intereses legítimos de su sector”.
Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto emplazó al Gobierno a que frente a eventuales nuevos intentos de presión de parte de estos grupos, se aplique la Ley Seguridad Interior del Estado, y sostuvo se deben generar un sentimiento de unidad entre la población para defender la democracia, frente a los ataques de este tipo de agrupaciones
“La verdad es que me parecería totalmente fuera de lugar una actitud de este tipo. Sería una especie de “boinazo empresarial”. Sería una manera, creo yo, de demostrar la fuerza de nuestra democracia. A nosotros nos costó mucho, años, décadas recuperar nuestra democracia, y la inmensa mayoría del país, a pesar de los reparos y objeciones que hay respecto de las autoridades, creo que nos uniríamos en torno a defender nuestra democracia respecto de aquellos que quieran alterarla o suprimirla”.