Periodistas al servicio del poder: la nueva jugada magistral de la represión en Chile

Partamos de un punto: Sabemos que Chile es un país represivo y eso no es nada nuevo, sin embargo no dejamos de sorprendernos cuando nos enteramos que nuestros Senadores (a quienes por obligación llamamos honorables) tienen la desfachatez de crear proyectos que legislan en favor de un sector de los delincuentes y en perjuicio del otro sector de delincuentes, es decir, que favorecen a los poderosos que roban, matan y mienten, pero que fiscalizan, teatralizan e incluso inventan delitos en quienes obstaculizan el paso del “progreso” al que nos quieren llevar para satisfacer sus intereses. Hoy es el caso de la Agenda Corta Antidelincuencia que nos dio una bofetada en la cara con la indicación (que es algo así como una enmienda) que los “honorables” Senadores Larraín, Harboe y Espina presentaron antes de ser despachada. Con esta indicación salió a la luz nuevamente el fantasma de aquella perversa y sádica Ley Hinzpeter ya que, no contentos con criminalizar los movimientos sociales, ahora quieren que la gente común y corriente, sumada prensa y los reporteros gráficos, participemos indirectamente y brutalmente como sapos (o sicofantes, para los más estrictos con el lenguaje).

Te preguntarás: ¿Y por qué pasaríamos a ser sapos de la policía?

Muy simple mi querido Watson, lo que ocurre es que esta nueva ley pretende que toda persona, incluyendo a los fotógrafos de prensa, tengamos la obligación de entregar el material audiovisual en caso de que sea requerido por la policía para investigar delitos.

Entonces pensarás lo mismo que yo, que es lo siguiente: ¿y qué pasa si el delito lo comete la policía o los senadores o los empresarios? Ese es el punto Watson, ese es el punto. Pero antes de llegar a eso, vamos por partes.

Ley pareja no es dura, pero en Chile nunca ha sido muy pareja la ley

El filósofo francés Michel Foucault, que gustaba de hablar de control, vigilancia, poder y terror, dijo alguna vez la siguiente frase que se me viene a la cabeza con todo esto: “La prisión fabrica delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles en el dominio económico y en el dominio político. Los delincuentes sirven”. Y bueno, tal como hemos visto en el Chile de las colusiones y los arreglos monetarios, claro que sirven los presos y el terror. Algunos presos sirven para dar el ejemplo y otros simplemente sirven para mantener a los pobres lejos de los ricos, corta. A veces los presos le sirven al poder para encerrar a todos aquellos que no tienen oportunidades y otras los presos nos sirven a nosotros para darnos cuenta que hay gente que tiene privilegios, como el Choclo Délano o Jovino Novoa; o cuasidelincuentes como Sebastián Dávalos o Lucía Hiriart, que lejos de estar presos por los delitos que han cometido están en libertad. Entonces en ese caso los presos liberados por el poder nos sirven para darnos cuenta que no valemos nada ante la justicia porque de ciega o de equilibrada no tiene mucho en un país como Chile donde la balanza hace rato que se le carga para la derecha a la señora Justicia.   

Revisemos las indicaciones al proyecto

Primero hay que decir que, como antecedente y como espanto, tenemos ese terrorífico proyecto llamado «Proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público», pero que en Chile se hizo conocido como la «Ley Hinzpeter». Proyecto que no hacía otra cosa que criminalizar la protesta social, aumentar el poder de Carabineros y la PDI, elevar las condenas de los manifestantes y declarar “terrorista” a todo aquel que luciera flayte, estudiante o mapuche. En la ley Hinzpeter había una parte que decía que se debía: «incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal«.

Ojo, no se olviden de la parte que recién les subrayé porque ahora quiero que vean la “enmienda” que los senadores hicieron al proyecto de ley que Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. En esta enmienda, particularmente en su número 62 que es el que nos convoca, y que inmediatamente copio al final de este párrafo, podrán darse cuenta que tiene similitudes interesantes con la ley Hinzpeter. Cito textual:

62.- De los Honorables Senadores señores Espina, Harboe y Larraín, para incorporar el siguiente numeral nuevo:

“…) Incorpórase el siguiente artículo 217 bis:

«Artículo 117 bis.- Toda persona natural o jurídica que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito*, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o al Ministerio Público, cuando les sean requeridos por éstos.

El requerimiento de información y antecedentes efectuado por las policías podrá realizarse en el marco de las primeras diligencias practicadas por aquellas y, en todo caso, necesitará instrucción previa del fiscal competente, la que se podrá otorgar por cualquier medio y de la manera más expedita posible.

La negativa injustificada a entregar dichas informaciones o antecedentes se castigará con la pena señalada para el delito establecido en el artículo 269* bis del Código Penal.”

*NOTA: Para los que no sepan las leyes de memoria les cuento lo que dice el artículo 269 del código penal recién señalado:  

El que, a sabiendas, obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de antecedentes falsos que condujeren al Ministerio Público a realizar u omitir actuaciones de la investigación, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de dos a doce unidades tributarias mensuales.

Lo más llamativo es que la enmienda presentada por los senadores es copiada textual de la Ley no. 19.327 sobre Violencia en Recintos Deportivos; más conocida como ley de violencia en los estadios. La única diferencia es que el se reemplaza la frase «crimen o simple delito« por  “espectáculo de fútbol profesional o hecho o actividad conexa al mismo”. Pero el resto es lo mismo. Una rarísima coincidencia claramente no es, sino una demostración prístina de que en Chile es más fácil copiar y pegar una ley antes que crearla a conciencia, y además podemos jugar a intuir que para los legisladores es casi un sinónimo de delincuencia el fútbol o los movimientos sociales. Es decir, no falta mucho para que también los conciertos de Rock y las caminatas a Lo Vázquez sean consideradas actos revolucionarios del roto organizado y de plano se eliminen o se llenen de pacos.  

Pero no sigamos hablando en lenguaje leguleyo y avancemos en el último punto en discusión y, seguramente, el más importante.

Senadores quieren convertir a la prensa en sapos de la policía

Las alarmas sonaron fuerte y claro en la Unión de reporteros gráficos y en el Colegio de Periodistas de Chile, ya que esta nueva forma de represión encubierta no solo genera que Carabineros quite y destruya el material que los involucra en violaciones a los Derechos Humanos o en el caso de procedimientos indebidos. Sin ir más lejos podemos recordar que fue gracias al material audiovisual proporcionado por transeuntes y difundido por la prensa lo que permitió esclarecer que en el caso de Rodrigo Aviléz, joven que fue atacado por un Guanaco de Carabineros en las manifestaciones de Valparaíso en 2015, no se trataba de un “accidente” y que tampoco el joven estaba “saqueando locales” como en un primer momento acusó Carabineros y una que otra autoridad. El caso es que si eso ocurriera estando vigente esta nueva ley antidelincuencia, es factible que ese vídeo jamás hubiera llegado a destino y los mismos policías se habrían encargado de destruirlo, tal como lo hacen en las poblaciones cuando quitan celulares y rompen los chips de los transeuntes que los filman en acciones indebidas.

Por otra parte lo terrible es que convertirían a los reporteros gráficos en sapos del poder, es decir, todos aquellos que salimos con una cámara en la mano a registrar los abusos policiales luego podríamos terminar siendo cómplices de que alguien que aparece en nuestras fotos se lo acuse de un delito que quizá no cometió o, peor aún, que la ciudadanía ya no permita que nosotros hagamos nuestro trabajo periodístico por miedo a que seamos unos cómplices de los aparatos represivos. Y justa razón tendrían para dudar de nosotros. 

Imagínense el caso de la Araucanía y los excesos de las policías. ¿Creen ustedes que los efectivos policiales me dejarían pasar con una cámara de fotos o de vídeo si tuvieran la propiedad de quitármelas? Yo creo que antes del primer flash ya estaría debajo de un bototo. Porque si ahora la ley de prensa al menos nos permite trabajar, y mantiene al margen a los Carabineros que tienen la deferencia de pegarnos en los pies y en las costillas solamente, siento que si encima de eso me pudieran llevar preso por obstrucción a la justicia el golpe sería más duro y más coercitivo respecto del ejercicio periodístico. Y con esto la impunidad y la injusticia sería más cruda y más dura porque no habría nadie que, al menos, pueda dejar registro de las atrocidades que se cometen en el sur o en las calles que no aparecen en la televisión para las marchas. Allá donde no entra el cómplice y montajista Tío Emilio; allá donde se vive esa realidad que no sale en el noticiero central de Mega.

Ayer la Unión de reporteros gráficos señalaron lo siguiente

Y esta tarde el Colegio de Periodistas se refirió al asunto señalando que:

“aunque entendemos que la Ley de Prensa tiene una jerarquía superior, de todas formas sometería a los trabajadores de la comunicación al rechazo, e incluso violencia, cuando cubran situaciones de alta complejidad, ya que podrían ser vistos como una especie de agentes encubiertos o colaboradores de la justicia, como han denunciado en las organizaciones de reporteros gráficos. En concreto, pone en riesgo un derecho ganado hace muchos años por los periodistas y quienes se desempeñan en el sistema informativo”.

Todo esto, “redundaría en la autocensura, el evitar registrar hechos de alto impacto informativo por las represalias en esta acción.  Y, por último, como está redactada la indicación permitiría a las policías requisar el material, ya que no habla de copia sino de antecedentes.  Y esa es una atribución administrativa que vulnera los derechos ciudadanos e, incluso, se podría decir que el derecho de propiedad por lo cual tendría vicios de inconstitucionalidad”.

Por último, plantearon, que “en concreto se expondría a la ciudadanía y a los periodistas a un control discrecional y exacerbado de parte de las fuerzas policiales, avanzando a una especie de Estado policial, lo cual amedrenta la libre acción en el espacio público”.

Quiero dejar en claro que la misma Ley de Prensa señala que: “los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5° y 6° y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”. Por lo tanto se estaría yendo contra el derecho a informar libremente y a ejercer un periodismo que vaya más allá de la entretención o la difusión de delitos menores.

Por último quisiera agregar dos cosas

Primero: los reporteros gráficos y periodistas somos dueños del material que obtenemos en las investigaciones, e incluso en muchos países es sancionado el hecho de que a alguien se le obligue a borrar o eliminar un documento fotográfico o audiovisual porque este, desde el momento en que es creado, pasa a ser parte del registro autoral de quien lo captura. Y si bien se puede sancionar la utilización del material no se puede penar o castigar, y menos aún quitar o dañar, el material en tanto esté únicamente en posesión de su autor (en este caso el fotógrafo o el camarógrafo).

La Ley de propiedad intelectual señala claramente que:

“La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina.

El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.”

Por este motivo no solo se pasa a llevar la ley de Prensa sino además la de Propiedad intelectual. Todo bajo el argumento cuestionable de la prevención del delito.

Segundo: La vuelta de chaqueta de Harboe

Esta tarde Felipe Harboe, quien inicialmente patrocinó (es decir, firmó) la indicación 62, se retractó y quitó su firma. El argumento que dio a conocer BioBio es que

“Desde el equipo de comunicaciones de Felipe Harboe señalaron a BioBioChile que efectivamente su firma se encontraba en la indicación, aunque ahora decidió retirar su patrocinio de ésta. (…) Según indicaron, es común que un parlamentario patrocine una indicación y que posteriormente vote en contra. Lo anterior, con el objeto de que se puedan incluir dichos puntos en la discusión.”

Sr Felipe ¿en su #agendacortaantidelincuencia están incluidos los delincuentes de #Cuello&corbata ? @felipeharboe pic.twitter.com/RkrOKH9u9A

— José (@el_amigo_12) enero 17, 2016

Estos argumentos de don Felipe Harboe a mí al menos me parecen más una salvada de último minuto antes que una excusa creíble, porque en redes sociales ya estaban acusándolo y apuntándolo con el dedo no solo por alinearse con la derecha, sino además por contradecirse estrepitosamente en aquel discurso que hace unos años levantó para criticar la Ley Hinzpeter y que hoy no hizo más que reflotar y renacer.

Esperaremos lo que ocurra mañana en la comisión que en el Congreso tendrá la posibilidad de dar curso o desestimar esta horrible enmienda que, nuevamente, nos pone los pelos de punta porque cuando vemos que nuestros derechos a informar e informarnos son vulnerados sabemos, de antemano, que nada puede ir por buen camino.

Apoyamos que la delincuencia sea combatida, por cierto, sobre todo aquella como la de los empresarios delincuentes que se coluden o los parlamentarios que hacen tratos negros para obtener recursos. Pero no nos complace en absoluto que se establezca como delincuente o como terrorista al poblador, al estudiante, al mapuche o al profesor que sale a la calle a luchar por un país distinto. Y menos aún nos complace que pretendan utilizar a la prensa como cámaras de vigilancia o que tengan el poder de tergiversar o eliminar nuestro trabajo en beneficio de la injusticia, el atropello, las violaciones a los DDHH o la represión.

Pienso… ¿qué me harían por subir, o cómo justificarían el quitarme, las fotos que puse en este artículo y que yo mismo saqué y en las que claramente se ve quién es el abusador y el delincuente?

texto y fotos: @arturoledezma