Por Francisco Herreros
Al inicio de la lectura de su resolución, que acogió la medida cautelar de prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, solicitada por el Ministerio Público; la jueza Paulina Moya afirmó que ésta no obedecía a persecución política, que los chilenos son iguales ante la ley, y que nadie está sobre ella.
Pese a sus años en el Poder Judicial, puede que en su fuero interno así lo crea. Pero, juzgado el sistema en su conjunto, es evidente que está equivocada.
A pesar de sus numerosas trapacerías y trapisondas, Piñera jamás pisó un tribunal. Ahora se sabe por qué. A propósito, ¿qué es de Hermosilla?
Después de tres años de investigación, recién el 19 de abril pasado la fiscalía ofició a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, para que le solicite a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, la entrega voluntaria de sus cartolas bancarias entre los años 2010 y 2020.
Según la querella de la actual alcaldesa, Macarena Ripamonti, el perjuicio global imputado asciende a la asombrosa suma de $100 mil millones, entre déficit del ejercicio, pago de horas extraordinarias sin justificación, desfalco en aporte público al Teatro Municipal y mala gestión en cobranzas.
Que se sepa, nadie del Ministerio Público o la policía y evidentemente, de la jauría mediática, ha molestado a Joaquín Lavín para preguntarle por los $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares o políticos en la Corporación Cultural de Las Condes.
De 38 alcaldes/as de derecha, investigado/as actualmente por diversos delitos funcionarios y de corrupción, solo tres han pasado por prisión preventiva, a tres se les ha asignado cautelares menores, tres cumplen pena remitida y ninguno está prisión. No es accesorio recordar ciertas condenas a clases de ética.
Por su necesaria dimensión, este trabajo está dividido en una serie de capítulos que, al estilo de Rayuela, pueden leerse linealmente, o en el orden que se prefiera, pues entregan información independiente.
Sin embargo, todos los caminos conducen a la misma dirección: se trata de otro de los montajes a los que nos tiene acostumbrados el sistema jurídico-mediático, que por ahora, opera con total impunidad, señala el artículo del periodista Francisco Herreros, para reddigital.cl
Índice
- ¿Igualdad ante la ley?
- Celada jurídico-mediática
- Justicia de doble estándar
- La conspiración de los fácticos
- El Estado Mayor
- La juez, la fiscala y la periodista
- La teoría de la doble inflación
- Relaciones sospechosas
- Caso Lavandero: el lawfare aterriza en Chile
- Hilos paralelos
- Caso Caval: Nada, o poco, es lo que parece
- Caso «platas políticas»: impunidad a todo evento
- Pena anticipada ilegítima e ilegal
¿Igualdad ante la ley?
Uno de los días de la prolongada formalización a Jadue, en el Tercer Juzgado de Garantía, coincidió con la audiencia de revisión de cautelares de la exalcaldesa de Maipú, de la UDI, Cathy Barriga, nuera de Lavín, imputada por fraude al fisco por un monto de $31 mil millones, en prisión domiciliaria.
Quedó acreditado que, al menos en cuatro ocasiones, Carabineros no pudo certificar el cumplimiento de la medida cautelar, en su parcela en Peñaflor, donde se exhibe, desafiante, en redes sociales, bailando como si repartiera ositos rosados.
El Ministerio Público se limitó a solicitar la instalación de un timbre para garantizar la escucha del control policial. Pero Jadue está preso.
Aquí no se trata de la teoría del empate. Para nada. Según la juez(a) Moya, somos todos iguales ante la ley. Pero parece evidente que hay algunos/as más iguales que otras/os.
En la pasada, ha quedado acreditada, nuevamente, la existencia de una justicia de doble estándar: benévola, comprensiva y servicial con ricos y poderosos; áspera, implacable y punitiva con los pobres y los que luchan por los pobres.
Por magnitud del objetivo, intensidad, saña y complicidad mediático-judicial, la persecución a Jadue se compara con el montaje contra el exsenador Jorge Lavandero, que libró a las transnacionales del cobre del más efectivo de sus antagonistas; al caso Caval, que socavó el prestigio del gobierno de Bachelet II, al punto de doblegar su ímpetu reformista, y la operación jurídico-política que rescató a la elite empresarial y la casta política, involucrada en los casos Penta, SQM y Corpesca.
Sin embargo, a diferencia de Lavandero, que no supo defenderse; del gobierno de Bachelet, que no pudo, y de la trenza político-empresarial, que no tenía cómo; Jadue lo hará sin dar ni pedir cuartel, lo cual transmuta el escenario a historia viva, con varios desenlaces posibles.
Celada jurídico-mediática
La prisión preventiva de Jadue no constituyó sorpresa alguna. La señal de que el sistema iría por todo la entregó la fiscal Giovanna Herrera, la noche del 17 de abril pasado cuando, mediante el abuso de una norma ambigua y desregulada -la alerta preventiva- le impidió salir del país, rumbo a Venezuela; con arreglo a la hipocresía cortesana y formalista propia de este tipo de montajes.
Aparte del evidente atropello a sus derechos, el hecho en sí era un pretexto, independiente dónde termine. Eso lo saben las autoras de la maniobra. El tiro por elevación apuntaba a otro lado.
Desembocó en el espectáculo mediático, como hecho en sí, que resulta de la confluencia entre la posverdad; es decir, la preconstitución de una trama que, de contrabando, pasa por real, y el «lawfare», o guerra jurídica; utilización abusiva de las instancias judiciales, en apariencia legales, para inhabilitar o provocar el repudio social del inculpado.
A los poderes detrás de los montajes, les es indiferente su absolución o condena.
La finalidad última consiste en la liquidación de su imagen, y en lo posible, su influencia.
Jadue estaba invitado al «Encuentro hacia la Agenda Alternativa Social Mundial», con el fin de exponer su experiencia como alcalde de Recoleta en transformaciones exitosas relativas a gobiernos comunales, y no por Nicolás Maduro, como informa con el sesgo de costumbre, el diario La Tercera: «Con destino a Venezuela: PDI frena viaje de Daniel Jadue a un mes de su formalización».
Con mecánica de manual, y sutileza de elefante en cristalería, el título acusa tanto el abuso de la «persecutora», como la complicidad del medio en la trama.
Si bien la PDI alertó a la fiscal de la salida de Jadue, fue ésta quién lo impidió. En conversación telefónica, le manifestó a la defensa que, si insistía en salir del país, despacharía orden de detención en su contra. De su cosecha, el diario añadió: «bajo este escenario, Jadue desistió de viajar a Venezuela».
Al día siguiente, la periodista Leslie Ayala, que desde hace años sostiene una sistemática campaña contra Jadue, sobre la base de batir una y otra vez el mismo libreto, denotó la complicidad en habituales filtraciones de una investigación que se supone secreta:
«Las alertas de la fiscal Giovanna Herrera se encendieron la noche de este miércoles 17 de abril. Esto, dado que a eso de las 22.30 horas recibió un poco habitual llamado de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se desempeñan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez».
¿De dónde sacó eso? ¿Se lo filtraron las habituales «fuentes» anónimas? ¿los policías? ¿se lo contó la nana de la fiscala? Si eso no es filtración de origen, pega en el travesaño.
El punto es que Jadue, en ese momento, no era prófugo, siquiera imputado, de nada. El hecho de que la fiscal Herrera y la periodista Ayala, se hayan concertado en esta celada, constituye un manifiesto atropello a la presunción de inocencia, piedra angular del derecho al debido proceso.
Más extravagante e inverosímil fue la naturaleza de los pretextos invocados.
«La fiscal manifestó a la defensa de Jadue que, si insistía en salir del país, despacharía una orden de detención en su contra, ante las sospechas de que podría solicitar asilo en ese país».
Ex-Ante:
«Una tesis que circula en el mundo judicial apunta a que la Fiscalía, al enterarse de un viaje a Venezuela que no había sido informado, conjeturó que el alcalde podía pedir refugio en Venezuela -donde tiene fuertes vínculos con el régimen de Maduro- a 42 días de la audiencia de formalización».
Postular que Jadue podría asilarse en Venezuela, por un juicio de morondanga, viciado de origen, y que en el peor de los casos podría terminar en faltas administrativas; y abandonar por ese motivo su cargo edilicio, que termina el 6 de diciembre, familia, carrera política y patrimonio; además de «fake news» y «lawfare» en simultáneo, y canallada en descampado, es un insulto a la inteligencia; tesis que, sin embargo, respaldó el titular de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendariz, personaje con más de una vela en este entierro.
La fiscal, su jefe y la periodista mienten con descaro pues saben que la penalidad a faltas o delitos administrativos, sumados a la debilidad de la prueba, no justifican, ni un tanto así, semejante algarada y que Jadue no será condenado a pena de presidio.
Tal como la mula de la noria, la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa en el Tercer Juzgado de Garantía, atendido ese día por la jueza Katherine Román, giró sobre el sofisma de que Jadue había desistido de viajar, y, por tanto, no se habían violado sus derechos.
O sea, justicia al revés. La fiscal, que no hizo la pega le endosó a Jadue la responsabilidad de demostrar la violación de sus derechos.
Que lo hayan abordado los detectives y su abogado lo llamara, en el momento de abordar, para informarle que hacerlo equivaldría a una orden de detención, parece casi una gentileza de la fiscal, cuando en realidad encubre, o bien su falta de destreza, o revela una parcialidad que, en justicia, debiera relevarla del caso.
Si de verdad creía que Jadue se iba a asilar, lo que correspondía era solicitar orden de detención al juzgado, y punto. Es lo que procede. Lo demás es verso.
La confabulación jurídico-mediática aprovechó la pasada para continuar con la campaña de desprestigio de Jadue, mediante manadas de titulares incriminatorios, que atropellan el deber ético elemental del periodismo, en cuanto a respetar la presunción de inocencia de todo imputado; más aún en este caso, en que siquiera lo era en ese momento.
La Cuarta: Daniel Jadue no perdona lo del viaje: tribunal le hizo tapita a su reclamo, pero anuncia querella contra fiscal
Radio Cooperativa: Fiscalía evalúa pedir que se adelante formalización de alcalde Jadue tras su fallida salida del país rumbo a Venezuela
Ex Ante: Por qué la Fiscalía alertó la posible detención de Jadue si viajaba a Venezuela a 42 días de su formalización
Ex-Ante: La cuenta regresiva del alcalde Jadue.
Justicia de doble estándar
La dimensión de la campaña se mide por el contraste con lo que omite.
Al revés de Jadue, la fiscalía oriente y la prensa sistémica no han investigado las asombrosas implicancias de las grabaciones al abogado Luis Hermosilla, y la información, alrededor de 700 mil páginas, obtenida de la incautación de su celular, parte de la cual, como en el caso Watergate, desemboca en el palacio presidencial. Y si lo han hecho, ha pasado inadvertido.
Por lo pronto, el propio Hermosilla, es un desaparecido en acción, o bien, pasa piola porque sabe mucho, y sabe que lo saben.
En lo que importa, no está sobre la ley. Podrá estar bajo ella, submarineado, pero ese es otro cantar.
Ni el Ministerio Público ni el poder mediático parecen interesados en rayarle la pintura al nuevo santo del panteón conservador; a pesar, o precisamente, de que revelan uso de información privilegiada, proveniente del director de la PDI, en dos casos en que Piñera, siendo presidente, y habiéndolo nombrado, tenía personal interés: la compraventa del proyecto minero Dominga y la investigación por su intervención en beneficio del Casino Enjoy, controlado por sus históricos socios, los Cueto y los Martínez.
Nixon cayó por menos. ¡Qué falta de respeto, que atropello a la razón!
Los mismos poderes que acosan a Jadue, a propósito de fruslerías y zarandajas, poco o nada investigan o dicen acerca de la corrupción en serio; en rigor la corrupción de clase.
El documentado artículo publicado por el periodista Jorge Molina Araneda, en El Ciudadano, El extenso prontuario de ilícitos y corrupción de los alcaldes de la derecha: Un historial de infamia, enrola 38 casos de corrupción y peculado de alcaldes de esa orientación política, en distintas situaciones procesales, incluyendo condenado/as, o con algún tipo de medida cautelar, conforme al siguiente cuadro:
El monto total imputado asciende a $176.970.389.868, equivalentes a US$191.540.018. al cambio de hoy.
Salvo casos particulares, que los han expuesto al escrutinio mediático; como la frivolidad de la exalcaldesa Cathy Barriga, cuya cómoda prisión domiciliaria parece inexpugnable; la desfachatez de la máquina de Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, para desviar fondos a su peculio, y el pasmoso monto de $100.000.000.000, al cambio de hoy, US$108.108.108 millones, atribuidos a las irregularidades de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato; -e incluso ella/os- las/os ciudadanas/os alcaldes/as de derecha, imputados/as por delitos cualitativamente más graves que aquellos que le tejen a Jadue, pues en casi todos los casos, el botín aterrizó en sus cuentas corrientes; han disfrutado de las garantías del debido proceso: se ha respetado su presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario; no han enfrentado hordas de periodistas que los acosan a cada paso y los condenan antes del juicio, ni fiscales han filtrado información a la prensa, y pocos de ellos/as, son señalados en la calle con el estigma de culpabilidad, a pesar de que algunos/as están condenados/as.
Es lo que corresponde para todos, por mandato constitucional.
A Jadue lo condenaron mediáticamente, aún antes de imputarlo, como fatalmente iba a suceder en la prolongada audiencia iniciada el 29 de mayo.
Estaba decretado por una sigilosa conspiración.
La conspiración de los fácticos
Conviene precisar el sentido de campaña o concierto, utilizado acá.
El elemento mínimo de una campaña presume la concertación de poderes autónomos.
El supuesto se da en la especie, toda vez que concurren el Ministerio Público, en la persona de la fiscal Giovanna Herrera, y el poder mediático, representado para el efecto por La Tercera, de Álvaro Saieh, controlador del grupo Corpbanca, de filiación política en la UDI, el cual, pese a los agudos problemas que atraviesa, no deja de ser un poder fáctico en sí, y, además de Canal 13, por Ex Ante, periódico electrónico dirigido por Cristián Bofill, exdirector de La Tercera y operador mediático del grupo Luksic, que financia ese periódico electrónico, cuya sede está en su edificio corporativo, al que sirve además como gerente de Estrategia y Nuevos Negocios de TV-Medios, filial del holding propietario de Canal 13, aparte de ser sobrino de Gonzalo Bofill, controlador del grupo Carozzi, oligopolio de la alimentación, un fáctico por derecho propio, muy a la derecha del espectro político.
La segunda premisa requiere un motivo.
Los poderes mencionados, además de la oligarquía conservadora, la elite financiera, los gremios empresariales, la casta política, la alta burocracia, la curia romana, la embajada de Estados Unidos y oportunistas de diversos pelajes; calculan, con acierto, que Jadue es el único político de la actualidad, capaz de encabezar un proceso de transformación que merezca tal nombre, o al menos inicie el proceso de desmontaje del sistema imperante, y convoque a mayorías significativas para esa empresa.
Además, su modelo de farmacias, inmobiliarias, librerías, y ópticas populares desafía en los hechos al principio de maximización de la ganancia; lo cual, para ellos, más que inaceptable, es herético.
Constituye, por tanto, uno de los objetivos importantes, dentro de los desafíos que avizoran a mediano plazo. De ahí que la campaña de La Tercera remonta al 9 de enero de 2021, cuando la periodista Leslie Ayala, soltó la primera descarga:
La llamada telefónica que enreda al alcalde Jadue en el caso luminarias.
Sin perjuicio del desplome del «caso luminarias», en lo tocante a Jadue, que la obligó a cerrar temporalmente su cuenta de Twitter, por el troleo recibido; desde ese día, la «periodista» Ayala ha publicado -en revisión rápida, no exhaustiva- 47 artículos contra él, mientras que otros periodistas de La Tercera, han escrito la alucinante cantidad de otros 510 artículos del mismo tenor; o sea, un artículo en contra del alcalde de Recoleta cada 2,4 días, en los últimos tres años, sólo en un medio. En Canal 13 y Ex Ante, se registra el mismo patrón.
Pero ese todavía no es el punto.
Conforme al manual de la desinformación, los titulares son incriminatorios y tendenciosos, sin motivo que los sustente, pero sostenidos en el tiempo:
Platas sin respaldos y licitación irregular: Contraloría abre sumarios y pide al Ministerio Público indagar a Jadue y a exsubsecretaria Martorell (octubre 15, 2021)
Caso Luminarias: abren investigación penal por escuchas perdidas del alcalde Jadue y el dueño de Itelecom (abril 28, 2023)
Daniel Jadue al banquillo: Fiscalía alista formalización por cohecho contra el alcalde PC (julio 14, 2023)
Farmacias Populares: Fiscalía pide formalizar a alcalde Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal (abril 2, 2024)
Cualquiera que emprenda la fastidiosa tarea de revisar los 557 artículos, caerá en cuenta que se trata del mismo pastiche, compuesto por las mismas acusaciones, fuentes anónimas y filtraciones del cuaderno de investigación; un refrito atroz, una jaita interminable, repetida una y otra vez, que solo cambia de lugar en el diagrama de la página, siempre encabezada con una foto en primer plano de Jadue, nimbada en colores oscuros.
En ninguno de ellos aparece la versión del acusado, como no sean declaraciones de su abogado, pero contribuyentes a enredar la trama.
Eso no es información; es manipulación. No es periodismo, sino oficio mercenario, que, al precio de un plato de lentejas, renunció al compromiso con la verdad.
Para completar el cuadro, sería útil saber si la periodista Ayala y los colegas que firman esos artículos infamantes, están conscientes del daño injusto que pueden infligir; y si lo hacen motu proprio, o por inducción o instrucción de sus editores.
Es, además, un abuso flagrante de la posición monopólica del grupo COPESA, que permea el débil control sobre los medios, de la actual legislación.
No solo es sensacionalismo, sino también, y principalmente, una campaña sucia y artera, orientada a destruir la credibilidad política y pública del alcalde de Recoleta; una persecución cobarde, ilegítima, e ilegal; y por tanto, inaceptable desde el punto de vista de la decencia.
El Estado Mayor
La tercera condición para satisfacer la noción de campaña, supone la coordinación de un mando unificado, una suerte de estado mayor.
Es la que más fácil se cumple en este asunto.
Conceptualmente, y en la gran mayoría de las veces, basta la concurrencia objetiva de intereses, para activar este tipo de campañas, con el objeto de bloquear, desprestigiar, neutralizar y satanizar cualquier amenaza o desafío contra el actual bloque hegemónico en los planos económico, político, social y cultural.
Con mayor razón contra un objetivo considerado de alto valor estratégico
Si hay algo que no les falta a los barones del poder fáctico, es lugar donde reunirse.
Comparten sillones de directorio de grandes empresas y directivas de sociedades de beneficencia; se encuentran en sus exclusivos clubes de golf, o en excusiones a destinos exóticos, en yates de última generación, o se reúnen a almorzar en remotas mansiones, a las que llegan en helicóptero, a veces con desenlaces inopinados.
La coordinación es todo, el lugar es nada. En teoría, con la actual tecnología, a Álvaro Saieh, dueño de La Tercera, y Andrónico Luksic, de Ex Ante y Canal 13, les bastaría intercambiar un par de mensajes de WhatsApp, para desatar una campaña contra Jadue, como la que se ha visto, sin dejar rastros.
Tampoco tuvo que ser necesariamente así. Pero subsiste el hecho de que tanto La Tercera como Canal 13 y Ex Ante disponen de acceso ilimitado al cuaderno de investigación, lo cual, independiente de cualquier otra consideración, es ilegal.
Respecto de los niveles operativos, no es necesario que participen del secreto o sean parte del complot, sin que tampoco sea excluyente, conforme se avanza hacia los niveles superiores.
Hacen nata funcionarios/as judiciales y periodistas ávidos/as de fama o promoción laboral, y frecuentemente, ambas. Otras veces puede ser suficiente el sesgo ideológico o político.
La juez, la fiscala y la periodista
Más de algún lector de La Tercera, que siguió la formalización de Jadue por el canal judicial, pudo experimentar cierta sensación de deja vu, o al menos, de algo conocido en el trasfondo de la escena.
Nada extraño, pues desde hace tres años la fiscalía centro norte y La Tercera vienen hostigando a Jadue mediante la sistemática violación del secreto del cuaderno de investigación.
A la jueza de garantía, Paulina Moya, no le llamó la atención que ese periódico haya publicado 557 artículos contra el imputado en los últimos 36 meses; y que la mayoría de los que firma Leslie Ayala, incluyen filtraciones ilícitas del secreto sumarial.
Difícil que la periodista no lo sepa, pero imposible en el caso de la fiscal y la juez.
La fiscal Herrera no debe ignorar el oficio 028, del 14 de enero de 2011, del Fiscal nacional, Sabas Chahuán:
“No corresponde que las policías entreguen información relacionada con investigaciones penales ni a terceros que la soliciten ni a los propios intervinientes”.
La fiscala ha atropellado sistemáticamente esta instrucción, y que se sepa, no le ha salido ni por curada.
A su turno, la fiscal y la jueza no pueden desconocer el Articulo 182 del actual Código Procesal Penal, sobre el secreto de las actuaciones de la investigación, que establece:
“Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”.
A mayor abundamiento:
“Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”.
La fiscal, la fiscalía, cualquiera de las policías, o todas las anteriores, han atropellado sistemáticamente lo preceptuado en ese artículo, uno de los pocos que garantiza derechos a imputados sin conexiones, influencias y pitutos, en la actual justicia penal.
Sin embargo, Jadue está preso, después de una implacable y sostenida campaña de desprestigio y agresión ad-hominem, que se ha verificado durante los tres últimos años.
La fiscal y la jueza hicieron caso omiso del principio de objetividad, que las obliga a ponderar con igual celo tanto los hechos que sostengan o agraven la responsabilidad del imputado, como aquellos que la eximan, atenúen o extingan.
Ni la fiscal ni la juez ni la periodista parecen advertir que se han violado -o aceptado que se violen- suficientes derechos del imputado, como para impugnar esta caricatura de juicio, desde los puntos de vista de la ética, la legitimidad, la justicia y la política.
La teoría de la doble inflación
Desde otra perspectiva, la jueza, por así decirlo, compró la docena completa: tanto la teoría inflacionaria de los delitos de la fiscalía, como la teoría inflacionaria de las penas, planteada por el representante del Consejo de Defensa del Estado, el untuoso abogado Daniel Martorell.
Imputarle cinco delitos a un inculpado al que simultáneamente se reconoce no haber desviado recursos a su faltriquera, es, al menos, incoherente, y exige recursos creativos para sostenerlo.
De ellos, los dos principales, estafa y cohecho, tienen a los mismos protagonistas, respecto de los cuales la fiscalía no tiene otro antecedente que la declaración de los querellantes.
Si la defensa de Jadue demuestra que no conocía a Álvaro Castro, César Ramírez y Óscar Doussang; propietario, vendedor comisionista y chofer, respectivamente, de la empresa Best Quality, o que nunca hizo trato alguno con alguno de ellos, el corazón del caso implosionaría como castillo de latas de cerveza, abolladas y vacías, golpeado por una pelota de aserrín.
Los supuestos delitos concursales se reducen al ocultamiento de la fábrica de prótesis de ACHIFARP, en circunstancias de que estaban en lugar conocido, y que, subsanado el error, están en poder del liquidador.
La acusación de fraude, por el proyecto interferón; la compra de prótesis de audición a ACHIFARP, por trato directo y con sobreprecio, y la compra de glucómetros para la diabetes, omite el contexto, es decir, la fase más aguda de la pandemia; sin perjuicio de lo cual, está acreditado que, salvo el proyecto interferón, un error por donde se lo mire, esas compras tuvieron como destino final el sistema de salud de Recoleta.
Mañalich hizo lo mismo y hoy medita presentarse a un cargo de elección popular.
Respecto de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, el relato de la fiscalía es tan confuso como sus cifras.
Según la fiscalía, ACHIFARP compró $1.384 millones a Best Quality, en productos sanitarios para la pandemia, en junio de 2020, «quedando la mayoría de los productos en bodega y sin uso».
Líneas más adelante, imputa una deuda de $1.012 millones.
De entrada, acá se plantea una contradicción fundamental: ¿cuál de las dos cifras es el pasivo? No pueden estar las dos en la misma columna. Sin ese antecedente, no es posible determinar el perjuicio fiscal.
Además, si la defensa de Jadue acredita que esos productos se distribuyeron, por la vía que fuera, y no quedaron «la mayoría en bodegas», el fundamento del delito naufragaría en la inconsistencia.
Que Best Quality demande una deuda de $1.200 millones, no significa que sea delito; más aún si la defensa de Jadue acredita que los productos comprados fueron utilizados durante la pandemia.
De paso, llama la atención el alineamiento de la fiscalía con los intereses de una empresa privada, uno de cuyos intervinientes, Álvaro Castro está formalizado por soborno, en la misma causa, y otro, Cesar Ramírez, fue condenado por estafa, en 2019, por un monto de US$12 millones.
Relaciones sospechosas
En un análisis más detenido de la parte querellante, aparece un repertorio de nexos difícilmente casuales, y una gavilla de bribones, casi en su totalidad, de derecha o ultraderecha; al estilo de lo que sucedió en el caso Caval.
De entrada, una de las querellantes de Best Quality, abogada María Paz Guerra, es hermana de Manuel Guerra, el fiscal de la impunidad en el caso Penta, quién defenderá a otro de los querellantes en este caso, abogado Eduardo Lagos, que, a su vez, tiene pendiente audiencia de formalización, por los delitos de prevaricación apropiación indebida y cohecho, y cohecho, solicitada por el fiscal Marcelo Carrasco.
Lagos Herrera fue elegido diputado para el período 2002-2006 por el Partido Radical Socialdemócrata, para el período 2002-2006, por el distrito 57, que incluye las comunas de Puerto Montt, Cochamó, Calbuco y Maullín.
El 9 de julio de 2003, fue desaforado por el delito de uso indebido de instrumento público, por una acusación de cohecho en el marco del caso coimas.
Otra querellante, la abogada Ximena Risco ex directora jurídica del gobierno de Piñera, era cercana al entonces titular de esa cartera, Andrés Chadwick, quien a su vez fue jefe de Risco desde 2014 hasta 2018, cuando ambos trabajaban en el estudio jurídico de Luis Hermosilla.
La fiscal Giovanna Herrea, es cónyugue de Andrés Montes -hijo del ministro de Vivienda, Carlos Montes- quién se desempeñó como fiscal regional de la fiscalía centro norte, de la que fue su jefe, mencionado en la grabación a Luis Hermosilla por Leonarda Villalobos. El lobysta del loby dice, sobre una reunión con Montes y Villalobos, verificada el 31 de mayo de 2023;
«Montes nos dice: ‘Cabros, ojo, no debería decírselos, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra huevá’, que es la que te contamos a ti y que nos juntamos, que ya no me acuerdo cómo se llama», supuestamente en referencia al caso Factop.
Igual que Guerra, en la fiscalía oriente, mientras fue titular de la fiscalía centro norte, Montes tramitó sonados casos de delitos de cuello y corbata; entre ellos la colusión de las farmacias, La Polar, LAN; Cascadas, Eurolatina II y la denuncia contra Mario Kreutzberger por paternidad.
Hoy ya sabemos el resultado final de esas investigaciones: las que no terminaron en la impunidad, pasaron raspando, o en salidas alternativas; lo cual no avala, precisamente, el principio de igualdad ante la ley.
El otro defensor de Lagos -querellante contra Jadue- es Mario Vargas Cociña, connotado pájaro de cuentas de las huestes de ultraderecha, e irreductible pastel. De entrada, fue el abogado que solicitó al tribunal borrar la información del celular de Hermosilla, a pretexto de sus conversaciones con él, que, reconoció, se prolongaron por años.
Ha defendido al cura pedófilo John O’Really; a Nano Calderón, acusado de parricidio frustrado contra su padre; al director de teleseries Herval Abreu, acusado de abuso sexual y de poder por siete actrices; al exdiputado Gustavo Hasbún, UDI, imputado de solicitar coimas para dar preferencias a determinados proyectos; a Marco Antonio López, conocido como «Parived»; a Patricio Maturana, autor del disparo que cegó a Fabiola Campillai, además de imputados en los casos SQM y Cavall
El 5 de abril de 2020, Vargas -fundador y actual director ejecutivo de la Corporación de Asistencia Jurídica de Carabineros, Defcar- fue detenido por infringir el toque de queda.
Los hechos, son descritos en una notificación del Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Juan Pablo Duhalde, quien abrió una causa por el delito de “Maltrato de Obra a Carabineros de Servicio”.
Según ésta, Vargas, en el calabozo, «perdió los estribos», y agredió a un suboficial. Salió libre a las cinco horas, y la fiscalía decidió no prosperar. Igualdad ante la ley, que le dicen.
Cabe consignar que Lagos Herrera y Vargas Cociña defendieron al exalcalde de San Ramón, Alejandro Aguilera, lo que, al menos en teoría, los conecta con el sector del Partido Socialista liderado por el senador Álvaro Elizalde.
Por el motivo que sea, el factor común entre estos personajes desemboca en Hermosilla. El antecedente no da para imputarle la autoría de la trama, postular lo cual sería ridículo; pero la gráfica de dispersión de estos nexos descarta terminantemente la casualidad.
Para los efectos que importan, fue el defensor de César Ramírez, iniciador del caso Jadue, cuando se autodenunció, en agosto de 2021, para incriminar a Jadue una supuesta coima, de $20 millones, en insumos médicos para la pandemia, que, en último término, se utilizarton para ese efecto.
Ramírez, que en la trama desempeñó un papel equivalente al de Sergio Bustos, en el caso Caval, es un personaje de sinuosa y oscura trayectoria.
En octubre de 2020, se descubrió que la empresa Frutti di Bosco, a cargo de César Ramírez, empaquetó frambuesas congeladas provenientes de China y las vendió a Canadá como productos orgánicos cultivados en Chile; lo cual le dejaba, como comisión, el 6% de impuestos que cobra Canadá a las importaciones desde China.
La fruta era enviada a Chile a través de un intermediario, Directus South East Asia Ltd, con sede en Nueva Zelanda.Posteriormente, fue exportada a consumidores en de ciudades canadienses, como Vancouver y Montreal. La «empresa» del acusador de Jadue envió frambuesas mal etiquetadas por un valor de US$12 millones, a ese país, entre 2014 y 2016.
Ramírez se declaró culpable de dos cargos criminales por hacer declaraciones falsas sobre declaraciones de exportación. Recibió una multa de $6.266 y una sentencia de cárcel suspendida de 122 días.
Jadue está preso. Otra igualdad ante la ley.
En este montaje, asume el disfraz de vendedor comisionista de Best Quality Spa; empresa cuyo giro declarado es importación/exportación de artículos de perfumería, aseo y representaciones. Extraña empresa, que no tiene página web, ni logotipo, ni gráfica que la identifique.
Su propietario, Alvaro Castro Robles está formalizado por soborno, en la misma causa, pero, a diferencia de Jadue, sólo con arraigo nacional. Es cuñado de Oscar Doussang Jara, conductor de la empresa, quién secunda a Ramírez, en las acusaciones contra Jadue.
Según el periodista Patricio Mery, los cuñados Oscar Orlando Doussang Jara -chofer- y Álvaro Castro Robles -dueño- de Best Quality, acordaron chantajear y extorsionar a Daniel Jadue. Ambos se dedican a la venta ilegal de permisos de circulación y licencias de conducir.
Agrega:
«El Ministerio Público, liderado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, muy bien conectado con las altas esferas políticas, acordó proteger a estos sujetos a cambio de «armar» un caso malicioso que perjudique al alcalde de Recoleta».
Si eso es así, no extraña, para nada, que tanto la fiscal, como la jueza y la cuarta sala de la Corte de Apelaciones, cuya presidenta, Jessica González, anda a la caza de influencias para llegar a la Corte Suprema, hayan acogido la versión de estos oscuros personajes; que tienen motivo para perjudicar a Jadue, en lugar de la de un alcalde elegido por votación popular en tres períodos, y hasta el momento de la querella de Best Quality, con intachables antecedentes.
Con los datos conocidos últimamente acerca de, tráfico de influencias de políticos de derecha como Mario Desbordes y otros, en el nombramiento de jueces, fiscales y notarios, queda claro por qué Cathy Barriga está en la casa y Jadue en prisión.
Tranquilos/as, chilenas/os. Las instituciones funcionan y todos/as somos iguales ante la ley; total, Jadue es comunista y por tanto, algo habrá hecho.
A la juez tampoco le sorprendió que los intervinientes de la “arista” -así se dice hoy- ACHIFARP, sean los mismos que los de los delitos de estafa y cohecho. Si eso no es inflación de delitos, otra vez pega en el palo.
La cantidad de cifras que enarboló la fiscal eran tantas y tan confusas, que terminó enredada en ellas, al punto que lucía titubeante e insegura, e incurrió en frecuentes lapsus. Pero, pese al tiempo que le dedicó, no acreditó en qué consistía el perjuicio fiscal ni lo distinguió del daño al patrimonio institucional, sin perjuicio de extrapolar a conveniencia cifras de ambas figuras, lo cual es legalmente abusivo y técnicamente una aberración.
Respecto de ACHIFARP, la historia que narran los antecedentes exhibidos por la fiscalía, remite a un mal negocio inicial, que persiguió como una rémora a la institución, hasta su liquidación, en julio de 2022.
Eso es lo que acreditará la investigación, porque es lo que hay.
Si Jadue tuvo alguna participación, se limitó a intentos de salvarla, ante la general indiferencia de los asociados. A la fecha de los hechos, de 93 municipios integrantes de la asociación, solo 29 mantenían cuotas al día, lo cual generó un déficit de $1.200 millones, cifra equivalente a la deuda con Best Quality.
Entre las numerosas contradicciones del caso, en su empeño de imputarle algo a Jadue, la fiscala exhibió testimonios de integrantes del directorio de la ACHIFARP, en el sentido de que no pagaban cuotas por no recibir beneficios o que delegaban toda la administración y responsabilidad en el presidente de la asociación, y alcalde de Recoleta.
¿Dónde está el perjuicio patrimonial de una institución que se negaba a serlo?
Podrá haber desorden administrativo, decisiones erróneas o falta de control, pero no delito; al menos no en lo atinente a la actuación del alcalde de Recoleta.
En su afán de justificar su prisión preventiva, la jueza bebió hasta las heces el cáliz de la teoría inflacionaria de las penas, expuesta por el presuntuoso representante del CDE, quién a título de escopeta, y sin duda para las cámaras, inició su intervención con este broncíneo lugar común: «la corrupción no tiene color político»; opinión que, de otra parte, nadie le pidió.
Si pretendió decir que Jadue es un corrupto, incurrió en el mismo tipo de abuso prejuiciado de la jueza y la fiscala, y por tanto, tuvo la virtud de esclarecer para dónde remaba.
Sumando peras con manzanas, Martorell aventuró una prognosis de pena de más de 15 años, suponiendo la máxima en los cinco delitos.
Sin embargo, la juez, la fiscal y el consejero del CDE, que algo sabrán de leyes, no debieran ignorar que basta con que uno de los delitos no sea acreditado en el juicio, o que una de las sentencias baje del máximo, sumado al repertorio de atenuantes, para que, aún en el peor de los casos, Jadue acceda al derecho a salidas alternativas.
A pesar de ello, o tal vez por lo mismo, la jueza hizo caso omiso de la totalidad de los antecedentes aportados por la defensa, muchos de ellos relevantes y jurídicamente documentados; secundó a la fiscal en el criterio positivista, de no considerar contextos y situaciones de emergencia, como una pandemia, marco temporal en el que sucedieron los hechos, y desestimó cualquier antecedente que favoreciera a Jadue, como irreprochable conducta, plena colaboración con la investigación y trayectoria política destacada.
Ella sabrá por qué hizo lo que hizo. Cuando las nieves del tiempo plateen su sien, y recuerde el episodio desde la nostalgia de lo que pudo ser y no fue, es probable que tenga más motivo de ufanarse de haber hecho méritos en abono de su carrera, que de haber impartido justicia, en la simple acepción de haber dado a cada cual lo que le corresponde.
Ella, que inicialmente negó persecución política, concluyó con un torvo silogismo que demostró lo contrario, sin perjuicio de revelar que, en ese terrero, es poco lo que entiende: justificó la prisión preventiva de Jadue por el peligro de reiteración de un delito ficticio en una comuna que ha experimentado un desarrollo real, en los doce años de Jadue como alcalde de Recoleta.
¿Cuál es el punto? ¿ella, autoridad burocrática elegida por nadie, pretende destituir a Jadue, autoridad legitimada por votación popular en tres ocasiones?
Eso es, precisamente, lo que pretende este montaje.
¡Qué cambalache problemático y febril!
Ella ahora es ceniza, no tardará en ser recuerdo. Su resolución escaló a instancias superiores, y por reglamento, está excluida del juicio oral a Jadue. Que le aproveche la pasada, y con su pan que se lo coma.
Caso Lavandero: el lawfare aterriza en Chile
En los cuatro grandes montajes mencionados, el factor común ha sido la interacción entre el Ministerio Público y el poder mediático.
En la inicua condena al entonces senador, Jorge Lavandero, el eje de la campaña fue la coordinación entre el fiscal Xavier Armendariz, actual jefe de la fiscal Giovanna Herrera, y Canal 13, que financió la permanencia, durante dos años, de un equipo encabezado por Emilio Shuterland, delator de delitos de poca monta, en labores de espionaje al entonces senador Lavandero.
La versión de Lavandero está disponible en su libro Desde la Cárcel, y en las siguientes entrevistas, concedidas al momento de salir de la cárcel, lo cual exime profundizar sobre el particular.
Empero, como mínimo se pueden enlistar las siguientes irregularidades:
– El fiscal Armendariz abusó de sus prerrogativas, más aún cuando fue el primer juicio de la reforma procesal penal en la región.
– El juicio estuvo preñado de situaciones anómalas, como testigos que cambiaban de versión, o la insólita categoría de «testigos de contexto», o la ausencia de evidencia. Se puede afirmar que, con la experiencia de hoy, si ese juicio se repite 500 veces, en todas Lavandero sería absuelto.
– La defensa de Lavandero, o no supo desempeñarse en la nueva justicia, o bien estuvo a sueldo de la conjura, porque cayó en todas las trampas de la fiscalía que condujeron a la sentencia. Ni siquiera se respetó el acuerdo con la fiscalía, de juicio abreviado, a cambio de salida alternativa.
– La sentencia no estuvo respaldada en pruebas, sino en evidencia circunstancial, proporcionada por el espionaje de Canal 13, eventualmente trucada; testimonios de baja credibilidad y testigos de contexto, con motivos para perjudicar a Lavandero.
– La sentencia de cinco años de cárcel, de la cual pagó la mitad, no fue el principal castigo, en esta sociedad conservadora y pacata, que presume de liberal.
En el primer caso de «lawfare» registrado en el país, el resultado neto fue la anulación de la influencia del mejor luchador por la recuperación del cobre para Chile.
Armendariz y Shuterland tendrán que explicar sus motivos para la historia, sin perjuicio de que Lavandero, lejos de rendirse, continúa en su cruzada, pero sin la irradiación de antaño.
Armendariz, tan fiero e implacable contra luchadores antisistema, como Lavandero y Jadue, luce como cordero, cuando se topa con el poder real.
Cuando le tocó investigar el caso Karadima, se inhabilitó para que el caso sea tramitado por la justicia antigua. Según el fiscal nacional, Angel Valencia, el titular de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendariz, solicitó postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hasta octubre, debido a «reiteradas peticiones» de la defensa, de más tiempo para analizar la investigación.
No es que haya habido presiones políticas, coincidentes con el asesinato de tres carabineros. Nooo, en Chile, donde somos todos iguales ante la ley, no suceden esas cosas.
Yáñez parece un chileno sobre la ley, e inamovible para todos los efectos. Pero no hay que mirar el vaso medio vacío. Lo importante es que las instituciones funcionan. Sin ir más lejos, Yáñez y Armendariz saldrán mañana a trabajar.
Hilos paralelos
Los casos Caval y «platas políticas», integrado por las causas Penta, SQM y Corpesca, configuran una sutil coreografía, donde el Ministerio Público y el poder mediático vuelven a bailar del brazo, con una precisa división del trabajo.
Por arriba, ardieron las flamígeras esquirlas del caso Caval, al igual que hoy con Jadue, liderados por La Tercera y Canal 13, consistentes en el mismo pastiche, repetido hasta la náusea, conforme a la regla de la saturación y reiteración sistemática, presente en los manuales de desinformación.
Por abajo, de manera silenciosa, sin conocimiento de la sociedad, tuvo lugar, sin prisa ni pausa, una compleja maniobra jurídico-política, que concluyó, con señaladas excepciones, en la impunidad de la trenza político-empresarial involucrada en los casos «platas políticas».
En esa oportunidad, los medios se limitaron a informar, al ritmo de las noticias, a medida en que se iban generando; ni más, ni menos.
De esa guisa, la ciudadanía fue tomada por sorpresa, cuando los fiscales Manuel Guerra y Pablo Gómez empezaron a ofrecer un abanico de beneficios y salidas alternativas a los inculpados en los casos «platas políticas», casos que habían conmovido a la opinión pública, culminación de uno de los pactos público-privados más escandalosos en la historia patria, que libró, in extremis, a esa manga de empresarios y políticos corruptos, de pagar con cárcel el pecado de haber corrompido hasta el tuétano la actividad política de este angosto, largo y sufriente país esquina con vista al mar.
La memoria histórica no debe olvidar a los fiscales de la impunidad, Jorge Abbott, Manuel Guerra y Pablo Gómez, con el fin de recordárselo, si alguno abriga la peregrina idea de regresar al servicio público.
Caso Caval: Nada, o poco, es lo que parece
Es preciso convenir que parte sustantiva de la avalancha informativa que se precipitó sobre los chilenos a partir del artículo Un negocio Caval, publicado por la revista Qué Pasa, del grupo COPESA, el 5 de febrero de 2015, es verídico.
Es cierto que Caval, recibió un crédito de US$10 millones del Banco de Chile, el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en segunda vuelta, sin perjuicio de que la jauría mediática jamás le preguntó a Luksic por qué lo hizo, en circunstancias de que era poco más que una empresa de papel.
También lo es que, con ese dinero, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, socios de Caval, compraron un terreno de 44 hectáreas de terreno en Machalí, compuesto por los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia, con intención de venderlos con ventaja, una vez aprobado el cambio del plan regulador, desde uso de suelo agrícola a urbano.
Con esos antecedentes, La Tercera desencadenó una tormenta de desinformación contra la presidenta Bachelet y el gobierno, tan aplastante como la que hoy le está encajando a Daniel Jadue.
La desconcertada y tardía defensa del gobierno duró un año. El 11 de mayo de 2015, la presidenta destituyó a 12 ministros, entre ellos, los de Interior, Rodrigo Peñailillo, y de Hacienda, Alberto Arenas, reemplazados por Jorge Burgos, del sector conservador de la DC y Rodrigo Valdés, del sector liberal del PPD.
De ahí en adelante, el gobierno cedió la iniciativa política y se dedicó a administrar lo que podía.
Con arreglo al manual de la desinformación, los elementos de campaña fueron el sesgo, la omisión y la media verdad, peor que la mentira, dada la imposibilidad de desmentirla.
Lo que el corso mediático omitió, fue que la presencia de Sebastián Dávalos en la reunión de Compagnon con Luksic, obedeció a una trampa, donde desempeñó notorio papel Sergio Bustos Baquedano, operador de los equipos especiales de la UDI, exagente de seguridad, procesado por el asesinato de tres militantes del MIR, en la localidad de San Carlos, en 1974.
Bustos, quien se jacta de haber gestionado la reunión, asegura que la presencia de Dávalos fue solicitada por Luksic:
«Dijeron que el señor Luksic prefería que la señora Compagnon fuera con Sebastián Dávalos, su esposo. Que lo vería con muy buenos ojos».
En este punto, los hilos de los casos Caval y «platas políticas» se entrecruzan en forma dinámica.
Bustos, al igual que Hugo Bravo, en el caso Penta, acudió a tribunales, o bien por sentirse perjudicado, o por una trampa bien urdida, sin perjuicio de lo cual abrió una caja de Pandora, cuyas esquirlas salpicaron a tirios y troyanos, y desencadenaron una crisis políticas fácil en el podio de los escándalos de corrupción en la historia del país.
En juicio laboral, Bustos alegó una deuda de $200 millones por gestiones y servicios no cancelados, en la tarea de obtener financiamiento para una operación inmobiliaria al filo del reglamento.
Eventualmente, en un universo paralelo, si Caval le hubiese pagado el pituto a Bustos, capaz que no hubiera existido caso, y que la Nueva Mayoría todavía estuviera gobernando.
Pero el asunto no era tan simple.
Caval estaba al borde del KO, de forma que a Dávalos no le quedó otra que acudir a la cita con el banquero, en compañía de su esposa.
La campaña de La Tercera se enfocó en el nexo entre Dávalos y su madre, pero omitió que el cambio de uso de suelo no dependía del gobierno.
Al revés, un acuerdo del Concejo Municipal de Rancagua, lo rechazó, el 29 de agosto de 2013, cuatro meses antes de la operación; lo cual fue, precisamente, la causa prima de la debacle de Caval.
Tampoco se supo que la reunión era monitoreada por Cristián Bofill, exdirector de La Tercera, entonces director de prensa de Canal 13, ya en poder del grupo Luksic, lo cual explica, sin dejar la menor duda, el origen de la operación mediática.
Conforme a la regla de la media verdad, la campaña se desentendió del contexto, si bien con efectos no lineales.
Desde esa perspectiva, resulta irónico que la polvareda del caso Caval arruinó el negocio que por años venía pastoreando una gavilla de profesionales y militantes de la UDI de la VI Región, encabezados por el síndico de quiebras, Herman Chadwick Larraín, hijo de Herman Chadwick Piñera, hermano del inefable e irreductible Andrés Chadwick Piñera, y Juan Díaz Sepúlveda, jefe del equipo de «bomberos» de ese partido, encargado de la gestión de emergencias, como la que enfrentó Jovino Novoa, en el caso Spiniak, al que también pertenecía Bustos Baquedano.
No es que el grupo COPESA no informara, pero lo hacía a través de la revista Qué Pasa, medio con pretensiones de calidad, y, por tanto, dirigido a un público acotado y selectivo.
De otra parte, una vez obtenida la capitulación del gobierno, en mayo de 2015, el ritmo de la campaña retrocedió al estándar informativo normal, donde se consignan los hechos de manera neutral, a medida que se van produciendo, sin interpretación ni interpelación alguna; y desde luego, sin la hipnótica repetición, elevada al cuadrado.
El resultado neto es que la mayor parte de los chilenos cree que el culpable del caso Caval es Sebastián Dávalos, en circunstancias de que es el único absuelto de todos los cargos, al punto de que hoy reside en el extranjero, donde debió exiliarse para evadir la imposibilidad de vivir en Chile, generada por la sobrexposición mediática a que lo sometió la campaña, al costo de la ruptura del núcleo familiar.
En febrero pasado, demandó a Canal 13 por $3.600 millones, por injurias, daño emergent y lucro cesante, causado por la persecución mediática de ese canal.
¿Cavilarán «periodistas», como Leslie Ayala, Cristián Bofill y Emilio Shuterland, acerca del daño colateral que produce el periodismo de la sospecha en personas que al final resultan inocentes, o castigadas mediáticamente con penas superiores a sus condenas legales?
En cambio, la opinión pública no asocia que, salvo Natalia Compagnon, sentenciada a 541 días de pena remitida y multa de $23 millones, por delito tributario, todos los condenados en el caso Caval pertenecen a la ristra de la UDI local:
Herman Chadwick, exsíndico de quiebras que tramitó la venta de los terrenos a Caval, condenado a tres años de libertad vigilada; Juan Díaz, comisionista que trabajaba para Chadwick, tres años por delitos tributarios y soborno; Jorge Silva; director de Obras de la Municipalidad de Machalí, 818 días de pena remitida; todos en procedimiento abreviado; Cynthia Ross, arquitecta, asesora de la Municipalidad de Machalí, beneficiada por suspensión condicional de la pena, previo pago de $2 millones de multa; sin perjuicio de otros seis parientes o personas vinculadas con los imputados: Patricio Cordero, Marisol Navarrete, Pauline Besserer, Matías Ovalle, Andrés Orchard y Mariclara González, que pagaron diversas multas, por delito tributario.
Caso «platas políticas»: impunidad a todo evento
Para efectos de rigor histórico, la campaña de La Tercera no fue, ni de lejos, el único ni el principal factor que inmovilizó al gobierno de Bachelet II.
Sucede que, a la cuadra de mayo de 2015, la investigación de los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, todavía a cargo de SQM -a diferencia del caso Penta, que también conocían, donde todos los inculpados eran de partidos de derecha, principalmente la UDI- empezó a sacar al baile a personajes del entorno presidencial, partiendo del propio ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.
Dicha investigación llegó a la conclusión que entre 2009 y 2014 SQM invirtió más de US$14 millones, para financiar de manera ilegal a casi 300 personas, incluyendo campañas parlamentarias y presidenciales, así como a partidos de casi todo el espectro de la casta política de Chile, excepto al Partido Comunista.
Entre muchos otros, las campañas de los candidatos a la presidencia Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Michelle Bachelet y Marco Enríquez-Ominami; el senador de la UDI, Jaime Orpis, el senador Jorge Pizarro de la DC y sus hijos, Jorge y Benjamín; el senador socialista Fulvio Rossi, el diputado democratacristiano Roberto León; el exembajador de Chile en República Checa, Marcelo Rozas, de la DC; el financista de la campaña la campaña de Bachelet II, Giorgio Martelli; un hijo de Pablo Longueira; un asesor del senador UDI Juan Antonio Coloma y al menos tres personas que habían trabajado en los dos últimos años, en la campaña presidencial de Piñera.
Solo para elecciones de senadores y diputados, entre 2005 y 2013 la clase política recibió de SQM más de $36 mil millones en aportes reservados, de los cuales el 45% fue a la UDI, el 20% a RN, el 15% a la DC, el 7% al PPD, el 4% al PS el1 % al PRSD.
El pánico transversal por la avalancha sobreviniente activó de urgencia al partido del orden, de forma que, de modo tácito o explícito, lo mismo da, el Ministerio Público y el poder mediático dieron otro paso en la contradanza e intercambiaron papeles.
El poder mediático se sumió en un cono de silencio, condición necesaria para que los poderes institucionales negociaran una solución de compromiso, capaz de rescatar a los involucrados, sin amenazar las bases del sistema.
Por arriba, el gobierno aprobó con velocidad récord la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, del 24 de diciembre de 2015, y promovió la agenda de probidad, un conjunto de 30 iniciativas, 14 de índole administrativa, y 16 proyectos de ley a tramitar en el Congreso.
Por abajo, viboreaba una silenciosa operación que concluyó con la impunidad casi total en el caso SQM, parcial en el caso Penta y regular en el caso Corpesca.
Emerge con claridad con solo exponer la cronografía.
El 30 de noviembre de 2015, concluyó el período del fiscal nacional, Sabas Chahuán.
Lo sucedió Jorge Abbott, cuya primera medida fue designar a Manuel Guerra en la Fiscalía Oriente, epicentro del caso «platas políticas».
El debut de Guerra consistió en la oferta a Jovino Novoa, el 2 de diciembre de 2015, de una pena a tres años de presidio remitido, una multa correspondiente al 50 por ciento del perjuicio fiscal avaluado en $7,6 millones, además de cinco Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a $2.686.560 pesos, pagaderos en diez cuotas.
El 11 diciembre de 2015, Abbot designó a Pablo Gómez, entonces fiscal de Valparaíso, en el caso SQM.
El 12 de enero de ese año, el director del SII, Michel Jorrat, acotó el período de investigación de SQM, solo a julio de 2009.
El 19 de enero de 2018, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron al Ministerio Público, en desacuerdo por el curso de la investigación del fiscal Manuel Guerra en el caso Penta, particularmente la oferta alternativa al senador de la UDI; Iván Moreira, consistente en la fijación de un domicilio, el reconocimiento de haber recibido dinero de Penta, y el pago de una multa de $35 millones, en cómodas doce cuotas mensuales.
Excelente ejemplo de que las instituciones funcionan, porque al día siguiente, Moreira pudo reintegrarse a su escaño en el senado, el que no ocupaba desde 2015, cuando los molestos fiscales Gajardo y Norambuena lo imputaron por emisión de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento irregular de sus campañas.
Para resumir, en 2018 eclosionó la estrategia de la impunidad, en lo tocante a los casos de las «platas políticas».
En el caso Penta, ninguno de los 36 imputados conoció pena de cárcel. Además de Novoa, solo recibieron condenas Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos a cuatro años de libertad vigilada; $857.084.267 de multa y un curso de ética en dirección de empresas, creado para ellos por una universidad privada; y Pablo Wagner, tres años de pena remitida por enriquecimiento ilícito, un año de pena remitida por delito tributario, $42 millones de multa, e inhabilidad para ejercer cargos públicos y suspensión de cargo público por cuatro años.
La abogada María Inés Horvitz, a la sazón, querellante por el Consejo de Defensa del Estado, hoy renunciada al organismo por su politización desde que llegó Raúl Letelier, declaró sobre Guerra:
«Nos traicionó el exfiscal Manuel Guerra, quien nos había prometido reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral. Nos hizo a un lado de manera descarada y nunca nos dio una explicación. E hizo algo que es ilegal. En una reformalización -institución que por lo demás no está regulada en el Código Procesal Penal- tú no puedes suprimir hechos (que en este caso eran los que sustentaban las imputaciones de cohecho y soborno) que están asentados en una formalización previa y que cuentan con respaldo en la carpeta de investigación.»
Menos mal que somos todos iguales ante la ley. A la de no, quizá barbaridad hubiera sucedido con estos buenos muchachos.
En el caso SQM la operación impunidad alcanzó un ritmo frenético y trepidante.
Inicialmente, bajo investigación de los fiscales Gajardo y Norambuena, la acusación acumuló 14.609 documentos probatorios, la declaración de 651 testigos y 52 informes periciales, e imputó a 180 personas, entre políticos, familiares y amigos, financiados por el bueno de Julio Ponce Lerou.
A fines de 2018, la mayoría de los imputados habían sido sobreseídos o suspendidas sus causas bajo “ciertas condiciones”.
A las abluciones, benevolencias y reverencias del fiscal Gómez, se sumaron la renuncia a su deber del Servicio de Impuestos Internos, que no presentó las querellas correspondientes; diversas presiones del Ejecutivo en los gobiernos Bachelet II y Piñera II y el velo de silencio mediático, que permitió la incubación y germinación de las negociaciones necesarias.
Suma y sigue. En agosto de 2021, la fiscal Claudia Perivancich decidió no perseverar en las investigaciones de otros 32 acusados, por no haber querella del SII. Entre ellos, quedaron fuera de investigación Rodrigo Peñailillo; Irina Rossi, hermana del exparlamentario Fulvio Rossi; Jorge y Benjamín Pizarro, hijos del ex senador Jorge Pizarro y Harold Correa, exjefe de gabinete del exministro Nicolás Eyzaguirre.
Actualmente, en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal se asiste a un letárgico juicio oral, que, según cálculos conservadores, se prolongará por dos años, contra las figuras emblemáticas del caso, entre ellas, Marco Enríquez-Ominami, que arriesga cuatro años de prisión, más multas; Pablo Longueira, 818 días de cárcel, más multas; y Patricio Contesse, el otrora todopoderoso gerente general de SQM, siete años de cárcel por delitos tributarios y 818 días por soborno, más multas.
Claro, siempre que sean hallados culpables, lo que difícilmente sucederá en este cambalache jurídico-mediático, donde los inmorales viven revolcados en el mismo lodo enmerengado.
El resto de los querellados, Cristián Warner, exasesor de ME-O y administrador de su campaña presidencial; Marisol Cavieres, secretaria de la presidencia de la UDI; Carmen Valdivielso, secretaria de Longueira; Marcelo Rozas, exembajador durante el gobierno de Bachelet y Roberto León, exdiputado DC, se exponen a penas alternativas o multas.
Pena anticipada ilegítima e ilegal
Pero como en Chile las instituciones funcionan, somos todos iguales ante la ley, y nadie persigue a Jadue, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones, por unanimidad, confirmó su prisión preventiva, básicamente por los mismos motivos de la fiscala, y la jueza de primera instancia, lo cual exime extenderse sobre el particular.
Lo sorprendente hubiera sido lo contrario. De entrada, pondría en duda la concertación de diversos operadores en persecuciones o salvatajes de gran calado, en función de intereses de clase, tesis central de este trabajo.
El sistema persecutorio mantendrá a Jadue en prisión preventiva en tanto no juzgue ilógico o impolítico hacerlo, o hasta que una fuerza contraria, de no menor magnitud, lo obligue a soltarlo, como, guardando distancias y proporciones, sucedió con Castro en Cuba, Lula en Brasil y Mandela en Sudáfrica; entre un largo etcétera.
De una parte, el sistema sabe que Jadue no será condenado a prisión en juicio oral, entre otros aspectos, por la debilidad de la prueba. Por tanto, le está infligiendo una pena anticipada, ilegítima. e ilegal.
De otra, como ya se expuso, a los poderes mandantes les es indiferente la condena o absolución de Jadue. Lo que pretenden, en realidad, es aniquilar su prestigio público y anular su influencia política.
Golpe a golpe: «que gane el más mejol«
Sin embargo, esos poderes, acostumbrados a manejar el mundo bajo su pulgar, suelen, por esa causa, cometer errores.
A veces, eligen rival erróneo; en otras, el momento equivocado.
A diferencia de los casos Lavandero, Caval y corrupción político-empresarial generalizada, Daniel Jadue es un rival que no se arredra, ni pone la otra mejilla a golpear, y que, por el contrario, está dispuesto a devolver golpe por golpe.
En combates titulares, a doce asaltos, no es que no sea importante lo que suceda en los primeros cinco. Pero en algún momento el sistema persecutorio tendrá que soltar a Jadue e iniciar juicio oral formalizado.
Solo entonces empezará el combate, donde lo que se afirma en audiencias de cautelares, debe probarse.
En esa instancia, no habrá medias tintas. La lucha será frontal. El que pierda, asumirá costos dolorosos.
Un juicio oral penal en el actual sistema procesal penal solo puede terminar en una de tres posibilidades: absolución, algún tipo de salida alternativa o sentencia condenatoria.
De otra parte, el promedio tiende a los dos años de duración, cuando se estén perfilando los competidores para la elección presidencial de 2026. Tampoco tiene que suceder, necesariamente, en esa oportunidad.
Si el partido del orden, naturalmente incluido el Poder Judicial, consigue una condena indubitable, habrá eliminado a Jadue, como piedra en el zapato a futuro.
Pero si lo que tiene es lo que ha exhibido la fiscalía en las audiencias de cautelares, el aparatoso despliegue de la campaña luce como la metáfora de la partida de caballo inglés, el refrán «mucho ruido y pocas nueces» y el dicho «la mentira tiene patas cortas».
Si Jadue resulta absuelto, o con salida alternativa, ese mismo desenlace potenciaría su disposición y factibilidad de liderar un proceso real de cambios; de forma que, por virtud de la paradoja, como muestran numerosos ejemplos en la historia, la conjura, sea tácita o explícita, para el caso es lo mismo, habrá terminado por crear su némesis, capaz de colocan en tela de juicio a sus perseguidores.
Por esas ironías de la historia, si hay una lección que deja el caso Jadue, y más aún si le tocase implementarlo, o solo proponerlo, es que, por necesidad democrática hay que terminar con el monopolio mediático, sin dilación, discusión ni duda, y regular la autonomía del Ministerio Público.
El primer punto, como principio de reacción al bando N°1 de la dictadura, el mismo 11 de septiembre de 1973, que eliminó de una plumada la pluralidad del sistema mediático chileno, y sentó las bases de la dictadura mediática que hoy padecemos, y que quebranta irrevocablemente la calidad de nuestra democracia.
Respecto al segundo, porque la práctica de sus actuales 24 años de existencia demuestra la impropiedad de un órgano burocrático con tan amplias e intrusivas facultades y atribuciones; pero fundamentalmente, porque ha abusado de ellas, con manifiesto abandono del principio de la objetividad, establecido en el artículo 83, inciso 1° de la actual constitución; artículos 1 y 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y el artículo 77 del Código Procesal Penal, que, en conjunto, establecen de modo taxativo, sin lugar a dudas o interpretaciones antojadizas:
«El Ministerio Público debe investigar con igual celo tanto los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como los hechos que lo eximan de esta responsabilidad, la extingan o la atenúen».
El caso Jadue es un compendio de dichas aberraciones.
Noticia necesariamente en desarrollo…
*Artículo publicado en reddigital.cl
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