La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú absolvió este martes por unanimidad al ex presidente Alberto Fujimori del delito de peculado en el caso diarios chicha y, en consecuencia, anuló su condena de ocho años de cárcel.
Alberto Fujimori fue declarado culpable, en enero del 2015, en una sentencia que había señalado que el ex dictador era responsable de haber dispuesto la ejecución y la financiación de las campañas lanzadas por los «diarios chicha», controlados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a los que transfirió 122 millones de soles (unos 900.000 dólares), contra opositores a su campaña para la segunda reelección, en el año 2000.
Por un tecnicismo legal, la Sala Penal Suprema anula la condena a Fujimori por este caso. Dice que un presidente de la República, o cualquier otra autoridad, no tiene el deber ni la obligación de proteger y custodiar los fondos del Estado. Esa responsabilidad, asegura, es solo de los cajeros.
De acuerdo con el fallo, el delito de malversación de fondos sólo lo comete el funcionario que tiene la administración directa de los recursos y el deber de custodiarlos. Este es un delito, dicen los jueces, de autor único, sin posibilidad de tener cómplices, ni tampoco autores mediatos: «Dentro de su competencia como ex presidente de la República y de acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad correspondiente –SIN–, el recurrente no tuvo la posesión, ni la disposición de los caudales públicos, es decir no ostentaba el vínculo funcional normativo que lo determina a administrar o custodiar los caudales del SIN», precisa la ejecutoria suprema.
«En este sentido –continúa el fallo–, atribuirle responsabilidad penal al encausado Fujimori es hacerle responder por hechos de terceros». Con este argumento técnico, anulan la condena de ocho años de prisión y absuelven a Fujimori de la pena que la Cuarta Sala Penal Liquidadora le impuso en enero del 2015.
El nuevo fallo, reduce las condenas de Alberto Fujimori de cinco a cuatro: dos por corrupción; una por el allanamiento ilegal a la casa de la Trinidad Becerra, quien fuera esposa de Montesinos; y otra por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.
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