Piden investigar nuevos conflictos de interés de familia Van Rysselberghe

Concejales de Concepción denunciaron que la municipalidad “facilita” arena del río Bío-Bío a una empresa perteneciente a la familia Van Rysselberghe

Piden investigar nuevos conflictos de interés de familia Van Rysselberghe

Autor: Cesarius

Concejales de Concepción denunciaron que la municipalidad “facilita” arena del río Bío-Bío a una empresa perteneciente a la familia Van Rysselberghe. Alejandra Smith (Democracia Cristiana, DC) y Patricio Lynch (Independiente) llegaron hasta la Contraloría para solicitar una investigación sobre el caso.

La denuncia parte por una irregularidad de la empresa Áridos Bío Bío, la única “facultada” por el municipio para la explotación de arena del cauce de bien común. La sociedad, según las investigaciones de los concejales, explota más de 5.964 metros cúbicos del material cuando, por Ley, el máximo permitido es de 4 mil metros cúbicos.

Estas cifras fueron entregadas por los concejales en un documento a la Contraloría para una eventual investigación. Además de lo anterior, el manifiesto expone una sobrexplotación del material desde el año 2005.

Hasta la fecha, “el titular del proyecto ha extraído 482.910 m3 desde 2005 al mes de abril de 2011, y la autorización fue por 48.000 m3 en un año”, señala el documento. Es decir, se ha extraído casi el doble de lo dispuesto por la Ley.

Otra de las aristas del caso es que, según Alejandra Smith, la compañía paga $2 por metro cúbico de arena, siendo que la extracción de esta “no tiene ninguna relación con lo cobrado por las distintas municipalidades de la zona centro Sur, que fluctúan entre los $156 y $780 por metros cúbicos”.

En el documento también se expone que “no es lógico que se cobre $2 por extraer un metro cúbico de áridos desde un bien nacional de uso público, y 100 veces más, es decir $200, por extraer un metro cúbico desde un terreno particular. De hecho, en la mayoría de los municipios del país se cobra lo mismo en ambos casos, y en otros menos, pero nunca más. No es lógico que se cobre un valor más alto a quien se lleva un metro cúbico de tierra, piedra o arena desde un terreno de su propiedad, que a quien lo hace de un terreno del Estado”, concluye la investigación.

Además de todo lo anterior, y uno de los puntos más destacados en la investigación, la autorización de extracción está vencida desde el 16 de agosto de 2006, por lo que la empresa de los Van Rysselberghe está operando totalmente al margen de la ley. Y habría operado con la anuencia de los gobiernos locales mientras Jaqueline Van Rysselberghe fue alcaldesa y luego intendenta de la región.

Según Lynch y Smith., la deficiente fiscalización y el incumplimiento de las labores de los órganos de control de la alcaldía, ha causado que ésta deje de percibir por lo menos $100 millones de pesos desde el año 2005 a la fecha, por concepto de derechos municipales por extracción de áridos”.

Los concejales especificaron en el documento que solicitaron la investigación a la Contraloría, ya que la misma realizó una investigación a empresas dedicadas a la extracción de arena en las comunas de Hualqui, Hualpén, San Pedro de la Paz y Coronel, emitiendo un informe final con fecha 12 de noviembre de 2010, faltando justamente investigar a la comuna de Concepción y a la única empresa dedicada a este rubro en esta zona.

LOS HECHOS

En 1998 la empresa Arenas Bío Bío Ltda., propiedad del ex diputado Enrique Van Rysselberghe, y padre de la ex alcaldesa de Concepción, explotaba arena del río con fines de construcción dentro de la Región. Esta sociedad cayó en proceso judicial por no respetar los permisos correspondientes, que autoriza la Dirección de Obras Hidráulicas y la I. Municipalidad de Concepción, y por no poseer patente municipal que amparara la actividad de extracción de áridos.

A raíz de esto, y tras años de apelaciones por parte de la empresa, que ya llevaba explotando el río desde hace 23 años, se le demandó, el 22 de abril de 2004, a pagar una multa de $98.601.429. Cifra que aún no es cancelada por el ex diputado.

Desde el 2005, y luego de que la empresa no pudiera seguir operando, la alcaldesa de aquel entonces Jaqueline Van Rysselberghe le concedió la licitación, para la explotación del río, a la compañía: Áridos Bío Bío S.A., de propiedad de María Van Rysselberghe.

El volumen de extracción autorizado en aquel entonces fue de entre 3 mil y 4 mil metros cúbicos mensuales y se le concedió un plazo de un año de vigencia de contrato que, de ser requerido, podría renovarse, situación que hasta el momento no se ha efectuado.

Dentro del decreto que firmó la alcaldía de Concepción quedaba estipulado que: “No se podrá superar el volumen máximo de extracción aprobado en el plazo de un año”, así como también se establece que “el no cumplimiento de las normas de extracción podrá ser causal de caducidad de la presente factibilidad técnica”.

Además, el documento indica que “antes de cumplirse el plazo de vigencia de la factibilidad técnica y si no se solicita su renovación o se da por terminada definitivamente la extracción, se solicitará la recepción final del cauce….”. Con este punto, se puede entender que existen sólo dos opciones, y no existe la posibilidad de renovación automática sin una presentación formal por parte del titular.

Este último es uno de los puntos principales de los que se aferran los concejales Smith y Lynch para creer que es “de fundamental importancia” investigar si se efectuó dicho trámite o no.

Se busca establecer si la actual forma de explotación estaría violando lo estipulado por la Alcaldía.

Los hechos pretenden justificar un posible conflicto de interés entre la administración local y la familia Van Rysselberghe. Por ahora, los concejales deberán esperar hasta fin de año cuando la Contraloría de una respuesta sobre la detallada investigación.

Tratamos de contactarnos vía mail y telefónica con la empresa comprometida. La única respuesta que tuvimos fue de parte de la secretaria de la sociedad, Rosana Pinto, quien señaló que Áridos Bío Bío S.A. ya no existe, pero que más información no nos podía dar al respecto, por lo que llamamos al abogado de la empresa, Marcelo Rodríguez, quien no contestó su celular.

Por Camila Méndez Pérez

El Ciudadano


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