Piñera heredó a Bachelet una cara y pesada mochila de decretos tarifarios de electricidad

Es por eso que “solicitaremos a Contraloría se pronuncie respecto a si esto se ajustó a los principios de legalidad y probidad dispuestos en las Bases Generales de la Administración del Estado”, dijo que el legislador.

Recordemos que por este motivo las cuentas de la luz del 80% de los chilenos sufrieron un incremento de esta un 20% por concepto de reliquidaciones tarifarias.

A juicio del líder del MAS “nuevamente son los ciudadanos de Chile los asumen las consecuencias producto de la mala gestión del gobierno de Sebastián Piñera debiendo cancelar cuentas abultadas”.

Navarro dijo que “este incremento pudo haber sido gradual, si el ex presidente hubiese tenido los cojones para presentar los decretos cuando correspondía. Muy por el contrario estos fueron postergados para traspasárselos a la  presidenta Bachelet en una acción claramente planificada”.

“Los chilenos y chilenas deben saber que los más de US$200 millones de dólares que deberán pagar de forma retroactiva, son responsabilidad de la mala administración del gobierno anterior, lo que se comenzará a ver reflejado en las cuentas de la luz desde este mes”, indicó.

El legislador explicó además que  “la cantidad de cuotas variará dependiendo de la zona, hasta la extinción total del cargo, tomando en cuenta para ello, que el monto de cada cuota no podía ser 25% superior al promedio de lo consumido en los últimos 12 meses”.

“Si bien estos cobros variarán dependiendo de cada región y comuna, existirán situaciones en que los incrementos de las cuentas serán abultados y permanecerán por muchos meses, lo que producirá un grave daño en la economía familiar teniendo en cuenta que febrero y marzo son meses difíciles por la entrada de los niños al colegio”, indicó.

Para finalizar  Navarro señaló que “no es posible que los generadores de electricidad en Chile estén todos en manos de grupos económicos transnacionales, por lo que se debe trabajar en un  cambio a la Ley General de Electricidad que permita al Estado invertir en proyectos energéticos a través de Enap, en el marco de una alianza público-privada que permita  terminar  con estas alzas y tener mayor soberanía energética”.