Políticos, economistas y académicos manifiestan un rechazo a la Reforma Laboral

La exposición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), abrió la jornada y Alberto Odero De Dios, Coordinador Libertad Sindical, destacó la importancia que tienen las relaciones laborales en equilibrio y su proyección de futuro, “con posiciones compartidas entre los trabajadores y empleadores que den lugar a relaciones constructivas y armoniosas”.

Además habló de la OIT y sus objetivos basados en el respeto y reconocimiento mutuo, el orden pacífico y la búsqueda de acuerdos de mutuo beneficio para que la futura ley contribuya a recibir una satisfacción de reparto de recursos humanos, mayor paz social y negociación colectiva, además de visualizar que los convenios de la Organización ratificados por Chile tienen carácter obligatorio, a diferencia de las recomendaciones que no lo son pero entregan orientaciones.

Odero de Dios también precisó que la falta de representatividad de las organizaciones sindicales puede dar lugar a prácticas “antisindicales” y manifestó que con respecto a  los beneficios, la crítica cae en que se le dé a trabajadores no sindicalizados más beneficios.

Valentina Doniez, economista de la Fundación Sol explicó que la propuesta no es un viraje con respecto al actual sistema, que carece de una propuesta contundente y que “existen elementos fundamentales a la hora de construir reforma con relaciones más juntas”.

El asesor del Instituto, Sergio Moreno, señaló que en la titularidad sindical, hay ciertos vicios de constitucionalidad, añadió que si el trabajador quisiera trabajar vía grupo laboral o lo podría hacer, pero no con los derechos plenos, cree que se están pasando a llevar sus derechos y les preocupa lo eliminado en la Cámara con respecto al derecho de huelga pacífica.

Desde el punto de vista de otro economista, Bernardo Fontaine, argumenta que el Gobierno no ha presentado un estudio cuantitativo concreto donde este proyecto aumentará la productividad y propuso que se impida que los trabajadores no sindicalizados pasen a ser trabajadores de segunda, que se considere la realidad de las pymes y aplaude la idea de que la huelga no puede llevar a la paralización y que el derecho a descuelgue de la misma se mantenga, entre otros.

En la ocasión se les hizo un llamado a los senadores a leer en detalle el proyecto de reforma laboral, según el Vicepresidente de la Cámara e integrante de la Comisión de Trabajo, diputado Patricio Vallespín (DC), aseguró que se ha creado un debate artificial y confuso en materias como los servicios mínimos esenciales, que ya han sido resueltos de buena manera o no existe total conocimiento del proyecto ya aprobado en el primer trámite.

Finalmente pidió a los senadores que analicen cada norma aprobada en la Cámara y aseguró que contribuirán a generar menos confusión e incertidumbre y que se mantendrá el espíritu original aprobado por la Cámara con un amplio respaldo de las bancadas de la Nueva Mayoría. “El derecho a huelga debe ser efectivo; el reemplazo sólo debilita esta acción”.

El académico Sergio Gamonal dijo que en términos generales el proyecto es negativo pero que espera que OIT esté “con el grito en el cielo” y aseveró que uno de los máximos cuestionamientos es que mantenga el corazón laboral pensando en la empresa, “porque no solamente  son temas económicos, es un tema de poder”.

El senador Juan Pablo Letelier declaró ser contrario a la adaptabilidad laboral, mientras aseguraba que en el Código del Trabajo existe un mecanismo de jornadas especiales y apuntó sus consultas a temáticas como el silencio administrativo frente al Estado y la eficacia de aquellas jornadas especiales, o las normas que serían claves para proteger los derechos de la micro-empresas.

La senadora Adriana Muñoz comentó que se ha abierto una discusión ciudadana también dentro de las empresas e hizo mención a la negociación por rama y el potencial riesgo que generaría para la pyme, distintos estudios de legislación comparada al respecto y los caos que se podrían generar en los tribunales laborales dado el número de causas que se presentarán con la nueva reforma.