El tema de estos días es el escándalo del Pentagate. Los medios tradicionales se han visto obligados a publicar el desarrollo de la sabrosa trama. Canal 13 rotula el caso como una “investigación por supuestos aportes irregulares a campañas políticas por parte del Grupo Penta”. La Tercera se refiere como “el caso Penta”. El Mercurio, por su parte, le baja el perfil al tema. Llamándoles “el caso” o tildándolos de “supuestos aportes irregulares”, lo cierto es que en el tráfico informativo los medios, los sectores políticos y el gobierno evitan decir las cosas por su nombre.
Quizás sea para salvar la institucionalidad electoral que coloca a competir a los candidatos cual oferta de supermercado o para no salpicarse con una práctica que hoy afecta directamente a la UDI, pero de la que todo el arco políticos desde la derecha hasta el Partido Socialista guarda sus boletas truchas: el financiamiento a través de ‘aportes reservados’ para las campañas. Dicho de la forma más simple: asistimos a un caso de corrupción en el seno de la política chilena.
Corrupción es la palabra. O sea, el uso de un cargo público en beneficio personal o para proteger o no afectar determinados intereses. Así llamaron los medios italianos cuando se supo de las conexiones entre la mafia con Giulio Andreotti y Bettino Craxi, que dominaron desde la década de 1980 la política en Italia. Corrupción también fue la palabra usada cuando a principios de los ’90 se supo del esquema de sobornos y tráfico de influencias entre el empresariado brasileño y funcionarios públicos bajo el gobierno de Fernando Collor de Mello. Corrupción es la palabra que gritaban los obreros y campesinos bolivianos en 2003 para expulsar al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien había subastado las empresas públicas y ese año iba por los hidrocarburos. Corrupción también fue la venta a precio de huevo de las empresas públicas (EFE, Entel, Telefónica, Chilectra, Endesa, Soquimich, Laboratorio Chile, CNS (comprada por Lavín y Délano) a fines de la dictadura de Pinochet.
Con las palabras bien dichas, la corrupción es evidente cuando en enero de 2013, Carlos Eugenio Lavín, controlador del Grupo Penta, le envía un correo electrónico al diputado y presidente de la UDI, Ernesto Silva, solicitándole “ver si podemos hacer algo” en la tramitación de la ley de isapres.
Cuando están en juego decisiones públicas los candidatos saben que recibir dinero de empresarios (y sobre todo por montos de 40 o 100 millones), comprometen su independencia a la hora de legislar. Todos los políticos involucrados en el Pentagate tienen, o aspiraban, un cargo de representación en los que toman decisiones que afectan a las multitudes. Penta no pagaba por simpatías.
LA DEMOCRACIA FINANCIADA
Si la dictadura de Pinochet convirtió a los empresarios en dueños del país, la década de los ’90 los consagró como el modelo a seguir. En una sociedad donde los medios y el gobierno machacan a diario que el mejor negocio es ser emprendedor, hace tiempo que la inversión rápida y el dinero fácil (que cimentaron fortunas como la del ex presidente Sebastián Piñera) eran la única ley de esta jungla neoliberal.
¿Acaso pensábamos que los mercaderes no se habían tomado la política?
No sólo eso: se tomaron la seguridad social, la salud y la educación (el Estado de Chile no funda una universidad pública desde hace más de 40 años); también se hicieron dueños de los medios de comunicación.
El caso Pentagate da cuenta de la gran contradicción de la democracia liberal: un mecanismo de representación indirecto que cada 4 años sale a pedir votos cual campaña de marketing. O sea, reduce la participación a cada 4 años escoger a quien va a decidir por ti en las votaciones que amplían o reducen tu derecho a la salud, votará si el mercado y los mecanismos de selección de personal entran a las escuelas o define si te cobran a ti o a los dueños del país el dinero necesario para dar educación gratuita en las universidades.
Los dueños del país hace rato saben esto y han establecido las reglas del juego rayando la cancha con sus millones. Una candidatura a senador tiene un valor y ellos son el banco que auspicia a los candidatos. El interés se paga al aprobar las leyes.
Por eso cada elección los grupos económicos financian a determinados políticos, quienes salen a cazar votos como si fuera oferta de supermercado. Hace rato nos acostumbramos a conceptos como ‘marketing electoral’. El candidato no sólo es comprado por los mejores anunciantes (los mismos que financian la TV); también te lo venden envuelto en esas fotografías sonrientes que de tanto en tanto inundan la ciudad.
LA JUGADA DE LOS MEDIOS
La investigación de la Fiscalía le estalló en la cara a los medios, los que estaban concentrados en desprestigiar la reforma educacional. Si bien se han visto obligados a darle cobertura a los hallazgos del fiscal Carlos Gajardo, la operación que está en juego rompe los equilibrios de la post-dictadura.
Jovino Novoa hasta hace poco era parte del consejo editorial de La Tercera, diario bajo propiedad de otro enriquecido durante la dictadura: Álvaro Saieh; Andrónico Luksic Craig pagó US$55 millones por el 67% de las acciones del Canal 13, convirtiéndose en dueño absoluto en 2010; y pese a sus reducidas ventas el empresariado criollo sigue manteniendo el imperio mediático de Agustín Edwards.
La Tercera ha dado amplia cobertura al caso (con el expediente abierto no les quedaba otra). Tal vez la próxima fase del plan sea hacer las mismas preguntas a la Nueva Mayoría. Hay varias interrogantes que saltan: ¿Quién financió la campaña de Bachelet? ¿George Soros? ¿el grupo Luksic? ¿o Angelini? Según el canciller Muñoz no hubo aportes de extranjeros. O sea, el coctel del yate fue un desastre.
Recordemos que el cargo de ONU Mujer fue inventado especialmente para darle una salida decorosa a Bachelet. Estados Unidos desde décadas apuesta sus fichas por la centro izquierda chilena. Sergio Bitar, Fernando Flores o Ricardo Lagos fueron buenos alumnos de sus programas de doctorado. Aparece aquí otra pregunta: ¿Quién financia la fundación de Ricardo Lagos?
Pero sabemos que los medios masivos no llegarán tan lejos. En el fondo habría que preguntarse quienes han financiado durante décadas la opereta de la transición. Sería una historia sabrosa con accionistas mayoritarios que toman y pierden el control, valijas diplomáticas o fondos para fundaciones provenientes de la USAID o un empresariado magnánimo que divide sus aportes. Por eso quizás fue la reunión entre la directiva de la UDI y el ministro Peñailillo, que huele a la salida del MOP-Gate.
A la derecha del dial tenemos al Grupo Penta y lo más probable es que también la familia Matte. ¿Pero dónde ponen sus fichas Andrónico Luksic Abaroa e Iris Fontbona? ¿Horst Paulmann o la familia Solari Falabella se ponen con quién? ¿entregan la plata usando boletas truchas, falsificando firmas o son un poco más elegantes?
La caja de pandora a abrirse va a traer más sorpresas. Los 4 millones de limosna del Grupo Penta para el ministro Undurraga son un pelo de la cola.
¿Los medios dejarán a la derecha hundirse sola?
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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