El gobierno de Brasil calificó ayer como «artificial y producto de resentimientos personales» el pedido de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff, y un ministro de su gabinete rechazó la posibilidad de una renuncia de la mandataria, mientras el oficialismo y la oposición seguían el desarrollo de la sesión que celebraba el Supremo Tribunal Federal para definir la validez del proceso destituyente que se pretende iniciar contra la jefa del Estado. Los supremos empezaron a debatir sobre el recurso del oficialismo sobre el juicio pero postergaron su decisión para hoy, tras escuchar al juez instructor, para quien el proceso se ajusta a los preceptos constitucionales.
El juez relator del caso, Edson Fachin, determinó que todos los procedimientos iniciados en el Congreso fueran suspendidos hasta que hubiera una determinación del STF. Deberán manifestar sus posiciones sobre el asunto integrantes de la Cámara de Diputados, Senado, Procuraduría General de la República (PGR) y la propia presidenta Rousseff a través de la Abogacía General de la Unión (AGU). Los jueces deberán definir también si las votaciones vinculadas al proceso de juicio político en el Congreso deben ser abiertas o secretas.
«La presidenta enfrenta un proceso de acusaciones artificiales motivadas por ambiciones políticas y el resentimiento», aseguró el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams. La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, hizo lugar a un pedido de juicio político presentado por juristas que acusan a de «crimen de responsabilidad» por una supuesta maniobra para disimular el aumento del gasto público.
Uno de esos juristas es Hélio Bicudo, ex dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores que en su momento fue desplazado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que explicaría por qué en sus críticas al intento de enjuiciar a la presidenta Adams habló de «resentimientos personales». Cunha, por su parte, está bajo la lupa judicial porque no ha podido explicar el origen de cinco millones de dólares que tiene depositados en cuentas secretas abiertas en Suiza. El martes, su casa y sus oficinas fueron allanadas. Ayer el fiscal general Rodrigo Janot pidió a la Corte que lo despoje de su mandato, para que no siga usando el cargo y pueda así dificultar las investigaciones en su contra.
Adams sostuvo que la acusación contra Rousseff carece de sustento jurídico porque no está demostrada su culpabilidad en la manipulación del gasto público y sólo persigue «intereses políticos y posiciones inquisitorias». Para el letrado, la oposición busca apoyarse en las encuestas de opinión pública, que muestran un alto rechazo de Rousseff, para «impulsar la casación de un mandato conquistado a través del voto popular», en los comicios de octubre de 2014. Entonces, Rousseff fue votada por más de 54 millones de ciudadanos.
En tanto, el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, descartó cualquier posibilidad de renuncia de Rousseff, paso que sería, advirtió, «una falta de respeto a la carta democrática nacional». Silva señaló que «el gobierno está enfrentando este asunto desde el punto de vista de que (la destitución) no tiene respaldo jurídico (porque) un desequilibrio en la gestión financiera no puede caracterizar como un crimen». Para Silva la «mayor preocupación del gobierno es con el crecimiento de la intolerancia política, que es inaceptable».
Silva se refirió también al hecho de que la investigación sobre la corrupción en la estatal Petrobras llegó a las casas del jefe de la Cámara de Diputados, dos ministros y otros líderes del influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –todas fueron allanadas el martes–, que dirige el vicepresidente del país, Michel Temer.
Fuente: Tiempo Argentino
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