En dicho informe se contemplan una serie de declaraciones de ex uniformados hechas bajo secreto, con la cláusula que permitiría su apertura sólo 50 años después.
El Presidente del PR Ernesto Velasco afirmó que «para nosotros es importante que se aclaren todas las desapariciones, torturas y homicidios horrorosos ocurridos en la dictadura. La sociedad chilena después de 25 años de democracia tiene una herida abierta que todavía no ha sanado en verdad y justicia. Lo que uno espera es que termine el pacto de silencio y que todos los que tengan algo que aportar, en un acto ético al final de sus vidas lo hagan y liberen sus conciencias y que ellos mismos puedan morir en paz».
En ese marco la bancada radical anunció su concurrencia en la discusión que liderarán los presidentes de ambas cámaras en la que se explorará el piso político que podría permitir la apertura del informe. Que todos los informes que se han hecho en democracia deben ser públicos. Un país sin memoria es un país sin verdad.
El PR pidió también que el Poder Judicial instruya a nuevos jueces con dedicación exclusiva para alivianar la tarea del juez Mario Carroza, quien está investigando actualmente más de 700 procesos diferentes, lo que claramente no le permite avanzar con mayor rapidez.
«Pedimos el fin al pacto de silencio de los exmilitares, pero también de los civiles que actuaron como funcionarios de la dictadura y que hoy transitan tranquilos por las calles y muchos de ellos ocupando posiciones públicas reconocidas», finalizó Velasco
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