Preocupación por altos grados de desigualdad, derechos indígenas y nueva constitución marcaron examinación a Chile por la ONU

Cambio constitucional, privatización del agua, seguridad social, segregación del sistema educacional, derechos sindicales, impactos de los proyectos de inversión y la responsabilidad extraterritorial de las empresas, consulta indígena, derechos de la mujer y de la población LGBT, estuvieron entre los temas que más concitaron la atención de los comisionados de la ONU.

Un positivo balance el proceso de examinación a Chile por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas, el que concluyó hoy en Ginebra y que corresponde al Cuarto Informe Periódico del estado ante esta instancia, hicieron representantes de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que presentaron informes alternativos y que asistieron a las sesiones.

“Estamos satisfechos porque los miembros del Comité acogieron gran parte de las inquietudes e informaciones que les aportamos, lo que se vio reflejado en las preguntas que le realizaron a la delegación chilena”, señaló el abogado del Observatorio Ciudadano, Sergio Millaman.

En otras materias, los miembros del Comité consultaron sobre el proceso de nueva constitución, la responsabilidad extraterritorial de las empresas chilenas, los criterios de inversión de las AFP y si éstos se ajustan a los estándares de los DESC), la situación de la privatización del agua, la segregación del sistema educacional, derechos sindicales, consulta y derechos de pueblos indígenas, aborto y violencia contra la mujer, discriminación contra la población LGBT, entre los más destacados.

Durante la primera de las sesiones examinación, realizada ayer martes 9 de junio entre las 10:00 y las 13:00 de Chile, se crítico fuertemente los altos grados de desigualdad existente en el país y llamó la atención de la falta de precisión e información en el informe presentado por el Estado, lo que fue reiterado por varios miembros del Comité, quienes formularon cerca de 40 preguntas de la delegación nacional y que fueron respondidas hoy en casi una hora y media por los representantes del gobierno.

Por eso a juicio del codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, «si bien el Comité DESC aún no se ha pronunciado formalmente sobre el Informe de Chile, la sesión en Ginebra evidencia la preocupación de sus integrantes por el incumplimiento por parte del Estado de Chile de las recomendaciones que le hiciera el 2004. Ello tanto en materia de adecuación de su normativa interna al Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), como en su política pública, en cumplimiento de su obligación de ‘destinar hasta el máximo de los recursos de que disponga’ para hacer efectivo los derechos que éste reconoce», sostuvo.

Aylwin subrayó que un tema central de la discusión fue la incompatibilidad del marco institucional establecido por la Constitución Política de 1980 con el PIDESC, y la urgente necesidad de transformarlo por vías que permitan el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos establecido en el artículo 1 del Pacto», agregó.

Otro aspecto relevado desde Ginebra por el representante del Observatorio Ciudadano, organización que participó en la elaboración de dos informes alternativos de la sociedad civil, fue “la preocupación de los integrantes del Comité por las implicancias que para los DESC reconocidos en el Pacto puedan tener los TLC, así como también el cumplimiento por el Estado de Chile de las obligaciones extraterritoriales en la materia en el caso de las inversiones de empresas chilenas fuera de Chile».

Límites institucionales y proceso constituyente

En sus recomendaciones del año 2004 el Comité DESC ya había planteado su preocupación por los problemas de justiciabilidad de estos derechos ante los tribunales de justicia, solicitando al Estado que se garantizara la existencia de un marco jurídico e institucional eficaz para su protección. Por lo mismo, el actual contexto de cambio constitucional en que se encuentra inmerso el país es visto como una oportunidad para que se adecúen sus disposiciones a los estándares internacionales de reconocimiento de estos derechos, así como que Chile ratifique el Protocolo del PIDESC.

Al respecto, el informe alternativo elaborado por el Observatorio Ciudadano en conjunto con Chile Sustentable, Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, Fundación CREA, Fundación Creando Salud y Fundación Sol evidencia “con ejemplos muy concretos, las limitaciones e insuficiencias de nuestro sistema político e institucional para promover y desarrollar los DESC2 destacó José Araya, coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano y de dicho informe.

Lo anterior “se verifica en la precaria situación de derechos básicos, como derecho al trabajo, seguridad social, educación, vivienda y salud, que fueron las que quisimos acentuar en esta oportunidad, por eso una de nuestras principales recomendaciones se centran en la necesidad de avanzar en un nuevo marco constitucional que incorpore los DESC tal como se expresan en el Pacto y que se desarrollen mecanismos claros que los promuevan y protejan en el país”, señaló.

Para Araya, “la discusión sobre desigualdad y el descontento social actual son otra evidencia de que este modelo de desarrollo y su marco institucional es ineficaz para asegurar estos derechos, por lo que hemos enfatizado en los efectos perversos que ello tiene en los DESC y en la necesidad de cambiar la concepción del Estado subsidiario a una que reconozca y asegure el desarrollo de los DESC desde los principios de los derechos humanos”, concluyó.

Desigualdad en los ingresos y derechos laborales

También los derechos asociados al trabajo “dan cuenta de una limitación estructural que las autoridades no han abordado de manera sustantiva”, aseguró Valentina Doniez de la Fundación Sol.

“El 74% de los trabajadores gana menos de $400.000 líquidos, mientras que el 1% de la población acumula el 31% de los ingresos totales y el 0,01% recibe mensualmente per cápita 460 millones de pesos. Por otro lado, existe un sistema de ahorro forzoso y no de pensiones suficientes, donde 9 de cada 10 jubilados en modalidad de vejez más retiro programado, reciben menos de $149.000 mensualmente. Para suplir esta falta de recursos, el Estado debe poner 4 de cada 5 pesos para financiar las pensiones”, detalla la profesional.

Estas cifras evidencian cómo la precarización e insuficiencia de ingresos se relaciona con la limitación al ejercicio de los derechos colectivos en el trabajo y su incidencia en los DESC. “Chile llega a 25 años de transición democrática, con un saldo bastante negativo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Aspecto que se ve profundizado con esta desigualdad en la distribución de ingresos que ha sido evidenciada por diversos organismos.

“Por eso se deben adoptar medidas para enfrentar la desigualdad en el mercado del trabajo y que la legislación laboral, en especial los derechos colectivos, cubra a todos los trabajadores/as, especialmente aquellos de micro y pequeñas empresas. Hoy, cuando se discute una Reforma Laboral, preocupa que no se vean avances en materias fundamentales; como la negociación colectiva más allá de la empresa y huelga como derecho fundamental”, agregó.

Derechos indígenas

Fundamental también para el análisis de los comisionados fue el informe alternativo elaborado por el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígena, la Asociación de comunidades mapuche de San José de Mariquina, el Comité de Defensa del Mar, el Grupo de Trabajo por los Derechos colectivos, el Partido Autonomista Mapuche Wallmapuwen y el Parlamento Mapuche de Koz Koz.

Desde la perspectiva de los derechos de pueblos indígenas y DESC, “a los miembros del Comité les sigue preocupando la falta de reconocimiento constitucional de estos pueblos y de sus derechos, el respeto del deber de consulta indígena y los mecanismos inconsultos adoptados para estos efectos, la posibilidad de que el consentimiento de los pueblos indígenas pueda incidir en materias como concesiones mineras, la situación de las tierras indígenas y los políticas de reparación en esta materia, así como la situación de pobreza que afecta a los pueblos indígenas versus las ganancias que generan las inversiones en sus territorios ancestrales o de uso tradicional, y el estado de las lenguas indígenas”, planteó Sergio Millaman, quien participó en la confección y presentación de este informe en Ginebra.

Principales recomendaciones de los informes alternativos

Instar al Estado de Chile introduzca reformas institucionales, en particular de rango constitucional, que sean consistentes con los estándares del PIDESC y permitan consagrar la vigencia de estos derechos económicos, sociales y culturales, así como su justiciabilidad plena hasta ahora limitada.

Que el proceso de elaboración de una nueva Constitución Política anunciado por la Presidenta Bachelet considere mecanismos transparentes y participativos que posibiliten el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo chileno.

Que el Estado informe al Comité qué medidas ha adoptado para garantizar que estos TLC no resulten en una vulneración de los DESC, en particular aquellos que se están adoptando en el proceso de negociación del TPP.

Que El Estado informe de qué manera se pretende abordar esta realidad en el anunciado Plan Nacional de acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

Que se otorgue prioridad al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos, siendo los contenidos de este proyecto consultados a estos pueblos, de buena fe, a través de procedimientos apropiados y de sus instituciones representativas.

Implementar medidas especiales que permitan la participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional y en los consejos regionales, bajo fórmulas tales como escaños reservados o redistritaciones.

Adecuar su política pública en materia de tierras indígenas de modo de permitir la restitución a estos pueblos de las tierras de ocupación ancestral.

Incrementar los presupuestos destinados al Fondo de Tierras de CONADI y considerar la utilización de mecanismos como la expropiación por causa de interés pública, con el fin de garantizar la celeridad, efectividad  y precio justo.

Adecuar la normativa interna de consulta (DS 40 y DS 66), para dar cumplimiento al estándar internacional del derecho a la consulta incorporando además en los casos que corresponda el estándar del consentimiento previo, libre e informado.

Que se revise la Ley n° 18.314 que “Determina conductas terroristas y fija su penalidad” y se asegure de que esta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales y de que esta garantice adecuadamente el derecho al debido proceso.

Por Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano