Presidente de la CUT de Atacama: (Más que bonos) “Necesitamos que desde el Estado chileno se potencie el desarrollo social”

Luego que ayer la Cámara de Diputados aprobara en tercer trámite constitucional –por 50 votos a favor y tres abstenciones– el proyecto de ley modificado por el Senado que otorga una asignación extraordinaria por única vez, a los funcionarios públicos de menores ingresos de la región de Atacama, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por la Presidenta de la República.

La asignación extraordinaria ascenderá a 200 mil pesos anuales para los funcionarios con remuneración bruta mensual igual o inferior a 700 mil pesos; y de 100 mil pesos, para los funcionarios con remuneración bruta mensual superior a 700 mil pesos, pero inferior o igual a 810 mil pesos. Del mismo modo, se establece que aquellos funcionarios con jornadas semanales inferiores a 44 horas tendrán derecho a la asignación, siempre que cumplan con los demás requisitos, incluyendo el tener derecho a una remuneración bruta mensual igual o inferior a los umbrales señalados, calculado en forma proporcional a la jornada que realicen.

Cabe destacar que el beneficio será entregado a 5 mil 390 funcionarios, con un gasto fiscal de 1.017 millones de pesos, con una cobertura de un 60 por ciento, y se pagará en una sola cuota en el mes subsiguiente a la fecha de publicación de la ley en el Diario Oficial y, en el mismo mes, al año siguiente. El costo será absorbido con fonos regionales.

En el Senado se añadió un cuarto artículo, que establece que durante 2016, el ministerio de Hacienda encargará un estudio sobre diferenciales de patrones de consumo, y su valoración, en la región de Atacama respecto de otras regiones del país, el que deberá estar concluido en 2017. Esta modificación, contenida en el artículo 4º de la ley, fue ratificada este jueves por la Cámara de Diputados, por 50 votos a favor y tres abstenciones.

Javier Castillo, presidente CUT Copiapó, coordinador de la mesa del sector público regional de Atacama.

No obstante, el punto más batallado por los dirigentes que lideraron las movilizaciones de los funcionarios públicos de la región de Atacama –que se extendieron por dos meses–fue el que se logró plasmar en la ley relativo a un estudio que encargará el ministerio de Hacienda para establecer de manera fehaciente el costo de la vida en la región.

En conversación con El Ciudadano el presidente provincial de la CUT de Copiapó, Javier Castillo Julio, en su calidad de coordinador de la mesa del sector público, abordó los principales aspectos de la ley que otorga el bono Atacama, al que considera como parte de una estrategia de La Moneda “para cerrar la discusión de Atacama”.

Castillo se refiere a “poder cerrar la discusión ‘Atacama nuevo trato’, puesto que al igual que el estudio inconsulto (del INE, que se explica más adelante), esta es una ley inconsulta, esta bonificación a los menores ingresos, con ese fin, y costó mucho, mucha movilización, mucho debate político, mucha presencia en el Parlamento; la incidencia de los parlamentarios, tanto de los diputados como de los senadores para devela el motivo de fondo de toda esta discusión, que no es otro que un nuevo trato para Atacama, una región que tiene una importancia estratégica en lo económico, como la potencia más visible en materia de energía fotovoltaica, hay concentraciones interesantes de litio, el mismo cobre, somos una región estratégica para la economía, sin embargo, no tenemos agua, se nos secaron todas las napas”, aseguraba Castillo, mientras caminaba hacia la galería del Senado para presenciar la discusión en segundo trámite del proyecto, el que luego sería aprobado y enviado a la Cámara Baja para su despacho como ley.

Nuevo trato

Según el dirigente, en el año 2104 se acuñó la idea de que Atacama requiere un ‘nuevo trato’, el que para tener sentido, debe quedar plasmado en alguna parte. “Eso era el protocolo de acuerdo 2014 que tanto discutimos y que de cierta forma fue deslegitimado por el estudio (del INE) que hizo el gobierno, y que hoy hemos reivindicado; pero no bastaba reivindicarlo en lo semántico, ni en acuerdos, ni en actas, sino que necesariamente tenía que quedar en la ley, en esta ley, que era una ley de punto final, y que hoy se transforma en una ley que le da legitimidad al nuevo trato para Atacama, que plantea un estudio para analizar las condiciones reales de vida, y desde allí poder generar políticas sociales que tanta falta nos hacen”, enfatiza el presidente provincial de la CUT de Copiapó.

“Necesitamos que desde el Estado chileno se potencie el desarrollo social con una visión en el crecimiento, que se marque un punto de diferencia”, pide Castillo.

El estudio aludido por el dirigente se refiere a una medición realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas en las 15 regiones del país, que buscaba determinar el costo de la vida en cada una de ellas. Los habitantes de Atacama resultaron ubicados en el séptimo lugar a nivel nacional, cuestión con la que discrepan las organizaciones sociales de la región, pues, alegan, que ese tipo de evaluaciones no son representativas. Molestia que recoge Javier Castillo.

“Este estudio que hace el INE es un estudio de ‘canasta de precios’, que determina que Santiago es la ciudad más cara de Chile y a nosotros nos ubica séptimo. El punto es que la salud en Santiago es más cara que en Atacama, pero en Atacama no hay salud; no tenemos especialistas ni infraestructura. Necesariamente hay que desplazarse hacia la salud más cara, que se encuentra en Santiago, a lo que deben agregarse traslados y estadías”.

Castillo explica que el estudio del INE induce a errores, como considerar que la salud en Atacama es más barata que en Santiago, lo cual es cierto; no obstante, el dato distorsiona la realidad de la región. “Solo que en Atacama no tenemos especialistas, lo mismo pasa en educación”, un pequeño detalle.

Aunque tras 60 días de movilizaciones los dirigentes de los empleados públicos atacameños consiguieron el otorgamiento de un bono que considera los años 2016 y 2017, sus aspiraciones van más allá de una aspirina que solo alivia la fiebre.

¿Qué instrumento o acción ustedes consideran necesario implementar con miras a una solución permanente para la región?
Este bono era la idea de punto final del gobierno, idea que, según nosotros, no resuelve nada. Pero tampoco vamos a negar a aquellos trabajadores y trabajadoras que gana menos de 700 mil pesos la posibilidad de tener un ingreso que por supuesto ayuda, por dos años.
El punto es que cuando en 2014 tuvimos esta discusión en torno a mejorar nuestro déficit de desarrollo establecimos que ello por un déficit de capital humano, por tanto, el inventivo para traer a la región el recurso humano más capacitado se tradujo en un ‘bono zona’, tal como tienen en Antofagasta; queríamos que eso se replicara en Atacama, pero aún estamos lejos, y entendemos que esa no es la discusión, especialmente cuando el Estado chileno pasa su gran aplanadora y te borra de toda discusión, y más encima hace perder el sentido de fondo de una mirada distinta de Atacama”.

“Siempre lo dijimos: nuestro objetivo principal no es el bono que ofrece el Gobierno, porque eso es una propuesta del Gobierno; la nuestra es más concreta: la continuidad del bono Atacama, que son 80 mil pesos mensuales. Sin embargo, también entendemos que cuando se plantea el ‘todo o nada’, la nada es nada, entonces, habiendo una oportunidad, como en este caso, de una apertura de debate legislativo, a través de este proyecto de ley, y ante la posibilidad que el Gobierno corriera solo y le daba lo mismo si se ganaba o se perdía, preferimos ser incidentes en este proyecto.

¿De qué manera sienten que han incido en lo que salió convertido en esta ley que otorga un bono por dos años?
Hablo del artículo 4ª de la ley, que aunque es muy vago, que no obstante a nosotros nos dice mucho, nos dice que se mantiene el debate sobre un nuevo trato para Atacama; me refiero a las especiales condiciones que tiene la región de Atacama. Fuimos testigos del tremendo debate que se dio en la Sala del Senado, ahí no solamente se debatió sobre el bono que se estaba dando, sino también sobre la descentralización, del centralismo exacerbado que padece Chile, y cómo se hace necesario que las decisiones se tomen desde el territorio. Pensamos que ése era el espacio que se buscaba. Se ha logrado un tremendo objetivo.

En rigor, el artículo 4º de la ley que otorga el bono Atacama, establece que se realizará un estudio sobre el costo real de la vida en la región, no obstante, sus resultados también podrían determinar que Atacama no requiere algún tipo de bonificación especial…
Exacto. Al igual que el otro estudio (el realizado en 2014 por el INE para determinar el costo de la vida en Atacama), nosotros asumíamos que si el estudio de costo de la vida era cero, así sería, pero nosotros estamos convencidos que existen condiciones fundadas para establecer que Atacama efectivamente es más caro; nuestra región tiene un delta de costo de vida que es superior a las de otras regiones del país. En eso vamos a basarnos para que cuando nuestro equipo técnico-profesional se siente con el gobierno a definir los lineamientos bases del estudio, consiga ese objetivo de perfilar este estudio en razón de lo que los propios parlamentarios dijeron (en la Salas), que nuestras condiciones como región son distintas. Considero muy valioso que se abra este espacio de debate.

Claudia Valle, de Fenpruss Atacama; Emilio Díaz, de Asemuch regional; Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y Javier Castillo.

Después de dos meses de movilizaciones y de negociaciones con el gobierno ¿regresan optimistas?
Más importante aún es que aquí nosotros estamos dando respuesta o agilizando un plan que tiene que ver con cómo superamos el déficit habitacional que tenemos en Atacama; hoy día tenemos más de 10 mil familias sin casa. Eso no se resuelve con un bono de 80 ó 50 lucas. Se resuelve con una política de Estado que tenga que focalice la discusión en las regiones; también nos preocupa resolver el tema salud, cómo conseguimos tener mayor cobertura, tanto en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Es evidente que cualquier paciente de Atacama con un cáncer o cualquiera otra enfermedad de alta complejidad no puede ser atendido en la región, sus únicas alternativas son Antofagasta o Santiago. En Antofagasta ya hay una saturación del sistema de atención. La pregunta es si nuestra gente tiene que viajar a Santiago podrá disponer, al menos, de una casa de acogida.

No es poco…
Todas esas discusiones son las que se nos vienen por delante. En ese sentido, el sector público, todos sus dirigentes, tenemos una tremenda tarea de seguir incidiendo en lo que van a ser las políticas sociales que pasan por los funcionarios del sector público.

El miércoles, tras la aprobación en la Sala del Senado, los dirigentes, entre ellos, Javier Castillo, regresaron desde Valparaíso a Atacama. Lo hicieron en bus, en un viaje de doce horas, como el que emprendió la asistente social Carolina Noemí, representante de la Fenpruss local, confiados en que este jueves, como ocurrió, la Cámara ratificara el otorgamiento del bono y quedase garantizado que se realizará un estudio que refleje las verdaderas condiciones de vida de los habitantes de la región de Atacama.