Presupuesto del Proceso Constituyente: Sin plata no baila el monito

Fue presentado como el mayor proceso de participación ciudadana en la historia de la República, un espacio que a través de diferentes etapas consideraría la opinión de la gente, a través de cabildos regionales o encuentros locales, para sentar las bases de la nueva constitución. Eso sí, bases que serían una interpretación pues son la que entregarán el Consejo Ciudadano de Observadores, los cuales están procesando las actas de los encuentros, que al no ser vinculantes sólo se pueden considerar un insumo más para los proyectos de ley que deben ser enviados al parlamento.

Según consta en la hoja de ruta el año 2016 era el momento establecido por el gobierno para la «participación ciudadana» en este proceso, el que se desarrolló en los mencionados cabildos y encuentros, y que además contó con una importante maquinaria de difusión lo que se tradujo en contar con un presupuesto que alcanzó los casi los $2.700 millones distribuidos entre los ministerios de Interior, Secretaria General de la Presidencia (SEGPRES) y Secretaria General de Gobierno (SEGEGOB).

Para 2017 en cambio, la situación es totalmente distinta. Se redujo a un 95% el presupuesto del proceso constituyente, en los ministerios de Interior y Segegob quedaron en $0, mientras que la SEGPRES considera en este ítem solo $139 millones. Una reducción argumentada por el ajuste a propósito de la estrechez económica que se vive en las arcas fiscales, y que a su vez dan cuenta del poco interés que desde La Moneda por proseguir fortaleciendo al Proceso Constituyente en la última parte de su administración y así poder hacer el traspaso de la tarea al gobierno que le siga.

Cabe señalar que para 2017 se espera desarrollar la etapa legislativa del Proceso que incluye una Reforma Constitucional y una serie de legislaciones relativas a los mecanismos para llevar a cabo el debate de la Nueva Constitución que van desde la Comisión Bicameral hasta la Asamblea Constituyente. Vale decir empieza la negociación política, que determina dejar de lado cualquier vínculo con la ciudadanía.

 Para el vocero del movimiento Marca AC, Genaro Cuadros, la reducción del presupuesto constituyente «Es bastante insólito que el gobierno de Chile, tratándose de un asunto tan delicado y relevante como el proceso constituyente, que esgrima la escasez presupuestaria como argumento para esto. No sólo porque se trata del proceso de participación ciudadana más importante que ha desarrollado el país en lo últimos años, sino que por la naturaleza misma de este proceso».

«Esto es a lo menos una desprolijidad, que incluso puede considerarse un atentado a la participación de la ciudadanía y al valor del proceso mismo», destaca Cuadros en su conversación con El Ciudadano.

Opinión contraria tiene el miembro del Consejo Ciudadano de Observadores, Hernán Larraín Matte (Evopoli), quien sostiene que los recursos para 2017 son adecuados para la etapa del proceso «Considero que hay un pequeño error en el análisis. Los fondos más importantes era para el 2016, donde ocurriría la etapa de participación, que esto se reduzca en 2017 tiene relación que en esta etapa deben desarrollarse todos los proyectos de ley relacionados por lo que el presupuesto debe ser más bajo».

A su turno, la presidenta del partido Poder Ciudadano, Karina Oliva, destacó que «La decisión del gobierno no nos sorprende, es una demostración más que este gobierno no tiene real interés en que Chile tenga una nueva constitución realmente Democrática. La presidenta Bachelet nos está demostrado que está siendo gobernada por los intereses de sectores conservadores, dejando de lado el compromiso que adquirió con los 17 millones de chilenos y chilenas».

De igual forma Cuadros expresa que a pesar de la etapa en la que se encuentre el Proceso Constituyente, se requieren recursos para ir concretando cada una de las etapas, con las que destaca no encontrarse de acuerdo.

«Más allá de la poca o mucha voluntad del gobierno con este tema, el gobierno comprometió un itinerario y lo absurdo es que no se comprometan los recursos para cumplir con este itinerario. Nosotros no compartimos ni el itinerario ni la forma en la que se planteó, pero ya que estabamos en aquello hay que ser fiel a esa afirmación. Queda claro que el cumplimiento del itinerario no se concretará en este período», expresó Cuadros a El Ciudadano. 

Al ser consultado respecto del itinerario que debe seguir adelante el Proceso, Matte Larraín es más bien esquivo y señala que «Mi rol como parte del Consejo Ciudadano de Observadores se limita al cargo que estableció la Presidenta durante la etapa de participación en 2016, lo que va a pasar le corresponde al gobierno, porque es una parte política y que a mí, como parte del Consejo, no me corresponde responder».

En este sentido, Oliva es dura al referirse al plan del gobierno para el desarrollo del Proceso Constituyente y señala que «Es lamentable que este teatro de la participación ciudadana haya sido finalmente sólo un instrumento para funcionarios o miembros de partidos de la Nueva Mayoría que hicieron las veces de coordinadores de las distintas etapas de este Proceso que dejó a la mayoría de los chilenos y chilenas fuera».

¿Que viene ahora? A finales de este año o a principios del siguiente, a más tardar, el Consejo Ciudadano debe hacer entrega a la presidenta Bachelet de las llamadas «Bases Ciudadanas», compendio de las conclusiones de los diferentes encuentros regionales y locales desarrollados durante este año, y que debieran ser considerados como insumos para las iniciativas legislativas que La Moneda debe presentar al Congreso.

Al respecto, Hernán Larraín Matte señala claro que «El Consejo trabajo en el encargó que se le dio y en la redacción de las bases cuidadanas que se la hará entrega a la Presidenta. Lo que siga para delante depende del gobierno y la carta que ellos dibujaron».

Mientras tanto, Genaro Cuadros, señala que no basta con la mera redacción de las conclusiones sino que éstas deben ser profusamente difundidas y recalca que «Nos parece fundamental, que el documento que se elabore en el Consejo de Observadores llegue a la ciudadanía. No sólo de conocerlo sino que se pueda opinar si lo que aparece en ese texto sea fehaciente de lo presentado en los cabildos y para eso se requieren recursos».

Finalmente, Karina Oliva expresa que como partido tienen un carácter comunitario, participativo y popular y que esperan, a partir de lo sucedido en este Proceso «es construir a través de un proceso de participación verdadero con la gente, que represente la Real diversidad de nuestro país, desde las organizaciones sociales, políticas, sindicales, pero sobre todo, con la gente común, para avanzar hacia una Asamblea Constituyente y a través de esta herramienta poder tener una Constitución de todas y todos».

José Robredo H. 

@joserobredo

El Ciudadano